Por RH Management
El debate económico contemporáneo parece atrapado en una caricatura. De un lado, quienes prometen crecimiento si se libera al mercado de casi toda mediación pública. Del otro, quienes imaginan que el Estado puede reemplazar por decreto la productividad que no ha construido. Entre ambos extremos se pierde una verdad menos estridente, pero más seria: los países no prosperan por elegir entre Estado o mercado, sino por diseñar instituciones capaces de hacer que ambos trabajen para una sociedad más productiva, más innovadora y menos desigual.
China, con todas sus tensiones y límites, incomoda precisamente por eso. No cabe en el manual del libre mercado, pero tampoco responde a la caricatura de una planificación inmóvil. Su trayectoria económica reciente muestra una combinación pragmática de Estado fuerte, competencia, mercados, infraestructura, inversión, empleo, largo plazo y una clase trabajadora movilizada como base material del desarrollo. No es un modelo para copiar. Menos aún un ideal político. Pero sí es una refutación histórica de una idea que vuelve con fuerza en Occidente y América Latina: que la prosperidad nace de achicar el Estado, debilitar sindicatos, bajar impuestos al capital, desregular lo público y esperar que el bienestar llegue después, por rebote.
La actualidad le da urgencia a esta discusión. Frente a la ola trumpista y a versiones latinoamericanas de la demolición institucional, como la de Javier Milei, han comenzado a surgir respuestas que buscan reconstruir una economía con más bienestar, mejor Estado y sindicatos más relevantes. Una de ellas es el llamado “Consenso de Londres”, nombre elegido como contrapunto deliberado al viejo “Consenso de Washington”. No nace en un comité partidista ni en una periferia ideológica, sino en el entorno de la London School of Economics, una de las instituciones más influyentes del mundo en economía y políticas públicas. Según reseñó El País y según la edición publicada por LSE Press, el proceso fue impulsado por Andrés Velasco, economista chileno, exministro de Hacienda y exdecano de la Escuela de Políticas Públicas de la LSE, junto con Tim Besley, economista británico de esa misma universidad y expresidente de la International Economic Association. A partir de una conferencia realizada en 2023, organizaron 15 grupos de trabajo para responder qué se ha aprendido desde 1990, cuando el “Consenso de Washington” ordenó buena parte de la ortodoxia económica global. El resultado fue “The London Consensus. Economic Principles for the 21st Century”, un volumen de más de 600 páginas, editado por Tim Besley, Irene Bucelli y Andrés Velasco, con 17 capítulos y la participación de más de 50 economistas y expertos en políticas públicas.
Entre sus autores aparecen nombres difíciles de caricaturizar como extremistas: Philippe Aghion, economista francés nacido en 1956, profesor del Collège de France, Insead y la London School of Economics, además de exacadémico de Harvard y el MIT, premio Nobel de Economía 2025 junto a Joel Mokyr y Peter Howitt por sus trabajos sobre crecimiento impulsado por la innovación y destrucción creativa; Christopher Pissarides, economista chipriota-británico de la LSE, Nobel de Economía 2010 por sus estudios sobre mercados laborales; Dani Rodrik, economista turco de Harvard, referente mundial en globalización, desarrollo y política industrial; Hélène Rey, economista francesa de London Business School, especialista en finanzas internacionales; y Ricardo Hausmann, venezolano, exministro de Planificación de su país y académico de Harvard, conocido por sus trabajos sobre complejidad económica. La lista importa porque muestra el punto: esta conversación sobre bienestar, capacidad estatal, sindicatos, empleo de calidad e inversión pública no viene de una nostalgia anticapitalista, sino del corazón de la economía académica global.
Su propuesta no busca reemplazar un dogma por otro. Mantiene preocupaciones clásicas, como la prudencia fiscal y el control de la inflación, pero desplaza el centro del debate: ya no basta con estabilizar, privatizar o desregular. El bienestar, la calidad del empleo, el crecimiento territorial, la innovación, la capacidad estatal, la igualdad de género, el rol de los sindicatos y la cohesión social vuelven a aparecer como condiciones de una buena economía. En esa mirada, el Estado no sobra ni puede limitarse a prestar servicios mínimos; debe asegurar, coordinar, invertir y crear el ecosistema donde la productividad pueda emerger. No es nostalgia estatista. Es reconocer que el mercado, abandonado a sí mismo, no produce automáticamente cohesión social, productividad compartida ni democracia estable.
La pregunta de fondo no es menor. ¿Qué tipo de economía puede sostener una vida digna? La Declaración Universal de Derechos Humanos no habla solo de libertad formal. Reconoce el derecho al trabajo, a la libre elección del empleo, a condiciones justas y favorables, a la protección contra el desempleo, a una remuneración que asegure una existencia conforme a la dignidad humana y al derecho a fundar sindicatos. También reconoce derechos a seguridad social, educación, descanso y bienestar. Por eso, cuando una agenda económica trata esos mínimos como obstáculos, costos o privilegios, no propone solo una política de crecimiento. Retrocede respecto de un piso civilizatorio que la humanidad construyó después de sus peores catástrofes.
China incómoda
El caso chino obliga a mirar más fino. En “The State-Constituted Market Economy”, Isabella Weber, economista política especializada en economía china, y Hao Qi, economista de Renmin University of China, sostienen que China no debe entenderse como una simple oposición entre Estado y mercado. Su tesis es más interesante: el Estado chino “constituye” la economía de mercado al crear, participar y dirigir mercados considerados esenciales para estabilizar y orientar la economía en su conjunto.
Esa idea es decisiva para el debate actual. China no prosperó retirando al Estado para dejar actuar a un mercado puro. Tampoco eliminó la competencia. Construyó mercados, los usó, los expandió y los subordinó parcialmente a objetivos estratégicos. Weber y Qi lo dicen de forma aún más precisa: el Estado chino crea y participa en mercados esenciales, moviliza actores privados y al mismo tiempo busca mantener soberanía sobre áreas consideradas críticas. No hay aquí una dicotomía simple. Hay calibración constante, conflicto, pragmatismo y una tensión permanente entre dinamismo mercantil y control estatal.
Esa experiencia no absuelve a China de sus problemas. Su modelo ha tenido costos laborales severos, desigualdades territoriales, restricciones políticas y tensiones sociales profundas. Pero sí deja una lección molesta para quienes reducen el desarrollo a desregulación: el salto productivo chino requirió Estado, mercados, inversión, infraestructura, planificación y capacidad de coordinación. La prosperidad no fue un accidente espontáneo. Fue una construcción.
Xiaohuan Lan, economista chino especializado en desarrollo, finanzas públicas y gobiernos locales, muestra en “How China Works” la maquinaria concreta de ese proceso. En las primeras etapas del desarrollo, plantea, desplazar recursos desde el consumo de los hogares hacia infraestructura y fábricas puede promover el despegue industrial, elevar la productividad y aumentar el ingreso per cápita. Pero también advierte que, cuando el modelo madura, la inversión estatal dirigida puede volverse insostenible: aparecen sobreinversión, deuda, bajo consumo, desigualdad entre capital y trabajo, y tensiones comerciales globales.
Ese matiz importa. China no enseña que “más Estado” siempre sea mejor. Enseña algo más exigente: el Estado importa cuando tiene capacidad de conducir, invertir, aprender, corregir y redefinir prioridades. Lan muestra que incluso el propio discurso chino ha reconocido el problema de una economía donde la participación de los hogares en el ingreso nacional es baja. De ahí la necesidad de mejorar la calidad del empleo, elevar ingresos familiares, fortalecer la clase media, reducir desigualdades, ampliar servicios públicos y lograr que el ingreso de los hogares crezca más rápido que la economía.
Trabajo y sentido
La clase trabajadora es el punto que muchas lecturas pasan por alto. Guido Ezequiel Weksler (ver reportaje de RHM), investigador en economía política del desarrollo especializado en China, inserción comercial y condiciones laborales, recuerda que el despegue chino no puede entenderse sin las enormes masas de fuerza de trabajo rural incorporadas a la industria orientada a la exportación. Esa incorporación sirvió al abaratamiento global de manufacturas, pero el pronóstico de que China quedaría atrapada sin mejorar las condiciones de vida de sus trabajadores contrastó luego con la evolución de los salarios reales durante el siglo XXI.
La historia, por supuesto, no es limpia. Weksler también muestra la explotación, la migración interna, la segmentación laboral y la desigualdad en el acceso a seguridad social. Pero su lectura evita una trampa: reducir a China a una fábrica de trabajo barato. La experiencia china combina explotación inicial, aumento salarial posterior, cambio productivo, desarrollo tecnológico y una transformación gradual del lugar que ocupa su fuerza de trabajo en la economía mundial. La productividad no apareció contra el trabajo. Se apoyó en él, lo tensionó, lo disciplinó y, en parte, terminó necesitando elevar sus capacidades.
Yung Han Shen, consultora empresarial especializada en relaciones entre Chile y Asia, lo expresa desde otra dimensión. En entrevista con RH Management, advierte que Occidente suele mirar a China desde una sola capa, cuando se trata de una civilización con memoria larga, códigos propios y una idea distinta del poder, el liderazgo y el bien común. Para Shen, el trabajo colaborativo, la planificación de largo plazo y la subordinación parcial del esfuerzo individual a un propósito común no son modas recientes de gestión. Forman parte de una memoria cultural mucho más antigua.
Esa mirada no debe romantizar el sacrificio ni justificar abusos laborales. Pero sí ayuda a entender que, en China, el trabajo tiene una densidad histórica distinta a la que suele tener en sociedades más organizadas alrededor del consumo individual o la transferencia estatal. Trabajar no es solo obtener ingresos. Es sostener a la familia, aportar al conjunto, asegurar estabilidad y participar de una promesa de movilidad. Allí se conecta también con la lectura del doctor Juan Ignacio Pérez Eyzaguirre, trabajada por RH Management: en China, la legitimidad no descansa solo en subsidios, sino en crecimiento, empleo y sustento. El empleo aparece como una forma de bienestar material, pero también como fundamento de orden social.
La torta y el poder
La discusión no termina en China. De hecho, vuelve a Occidente por otra vía. El Nobel de Economía 2024 otorgado a Daron Acemoglu, Simon Johnson y James A. Robinson recordó que las diferencias de prosperidad entre países no se explican solo por recursos naturales, cultura o esfuerzo individual. La Real Academia Sueca destacó sus estudios sobre cómo se forman las instituciones y cómo afectan la prosperidad. Su conclusión es clara: sociedades con débil Estado de derecho e instituciones que explotan a la población no generan crecimiento ni cambios sostenibles para mejor.
Esa idea golpea de frente a la nueva retórica antiestatal. Las instituciones no son un adorno del mercado. Son las reglas que determinan quién puede invertir, innovar, aprender, sindicalizarse, educarse, recibir salud, competir, pagar impuestos, influir políticamente y beneficiarse del crecimiento. Cuando esas reglas concentran poder, el crecimiento se vuelve extracción. Cuando distribuyen oportunidades y capacidades, la productividad puede convertirse en desarrollo.
El World Inequality Report 2026, coordinado desde el World Inequality Lab, refuerza esa advertencia con cifras globales. En 2025, el 10% superior —unos 820 millones de personas— captura el 53% del ingreso mundial, mientras la mitad inferior —4.100 millones de personas— recibe apenas el 8%. En riqueza, la concentración es todavía más severa: ese 10% superior posee el 75% de la riqueza global, mientras 4.100 millones de personas poseen apenas el 2%. La desigualdad no es un problema moral abstracto; es una arquitectura de poder que decide quién puede vivir, aprender, invertir, cuidar, enfermarse o influir. El contraste se vuelve más extremo al mirar la cúspide: menos de 60.000 multimillonarios controlan hoy tres veces más riqueza que la mitad de la humanidad combinada.
El mismo informe sostiene que la desigualdad extrema no es inevitable. La historia muestra que la tributación progresiva, la inversión social fuerte, los estándares laborales justos y las instituciones democráticas han reducido brechas antes y pueden volver a hacerlo. La frase importa porque desarma otro mito de época: la desigualdad no es el precio natural del progreso. Es una decisión institucional.
Chile ante su espejo
Chile llega a esta discusión con una incomodidad propia. El nuevo Informe sobre Desigualdad de Ingresos en Chile del Observatorio Social, publicado en marzo de 2026 por el Ministerio de Desarrollo Social y Familia, corrige las mediciones tradicionales combinando Casen, registros administrativos del Servicio de Impuestos Internos y Cuentas Nacionales. El resultado es elocuente: el 10% más rico —aproximadamente uno de cada diez hogares— no concentra un tercio del ingreso nacional, sino cerca de la mitad; mientras el 50% de menores ingresos —la mitad de los hogares del país— no alcanza un quinto, sino cerca de un 15%. El propio informe advierte que las mediciones basadas solo en encuestas subrepresentan los tramos altos y, por tanto, entregan una imagen incompleta de la concentración del ingreso y la riqueza.
Cuando la medición se ajusta por altos ingresos, el diagnóstico se vuelve todavía más severo. Para 2022, el 10% de hogares de mayores ingresos pasa de concentrar 35,9% del ingreso de mercado nacional a 53,9%; el 1% —uno de cada cien hogares— sube de 8,2% a 19,7%; y el 0,1% más rico —uno de cada mil hogares— más que triplica su participación, de 1,6% a 5,1%. Además, el índice 10/10 —que compara el ingreso promedio del 10% más rico con el del 10% más pobre— alcanza 230 veces con la serie ajustada. En términos simples: incluso antes de discutir cuánto crecer, Chile debería mirar con crudeza quién captura el ingreso que ya produce.
Ese dato debería cambiar el tono de la discusión chilena sobre crecimiento. No basta decir que hay que agrandar la torta si no se pregunta quién la produce, quién la captura y qué instituciones permiten repartirla. Tampoco basta prometer inversión si el beneficio laboral queda siempre diferido hacia un futuro incierto. Una economía puede crecer y, al mismo tiempo, reproducir precariedad, segmentación y desconfianza. Puede mostrar cifras macroeconómicas aceptables y tener una ciudadanía exhausta, endeudada, insegura y sin capacidad real de proyectar vida.
Por eso iniciativas como Proyecta Chile 2050 importan, no por su nombre ni por su elenco, sino por la necesidad que expresan: salir del cortoplacismo y construir una visión común de desarrollo. Según El Mostrador, el proyecto impulsado por Guido Girardi busca convocar a más de 2.000 expertos, académicos, científicos, profesionales y actores públicos y privados para elaborar una agenda de largo plazo en áreas estratégicas como ciencia, tecnología, educación, salud, medioambiente, descentralización, economía, productividad e institucionalidad. Su objetivo declarado es contribuir a una visión compartida de país hacia 2050, capaz de traducirse en propuestas de política pública más allá del ciclo electoral inmediato.
Esa intención conecta con el fondo de esta discusión. Chile necesita precisamente una conversación que supere la suma de reformas reactivas y vuelva a preguntar qué estructura productiva, laboral, fiscal, educativa, territorial y tecnológica quiere construir. No basta administrar urgencias ni corregir síntomas. Si el país quiere hablar seriamente de crecimiento, productividad y bienestar, debe preguntarse primero qué capacidades colectivas necesita desarrollar, qué instituciones pueden sostenerlas y cómo se distribuyen los frutos de ese esfuerzo.
Mejor mercado
La tesis no es “más Estado” contra “más mercado”. Es mejor Estado y mejor mercado. Un Estado capaz de invertir, regular, coordinar, redistribuir y sostener bienes públicos. Un mercado competitivo, innovador, abierto a la creación de valor y no capturado por rentas, colusiones o privilegios tributarios. Y un mundo del trabajo que no aparezca como residuo de la estrategia, sino como su centro.
La edad de oro del capitalismo occidental ya mostró algo parecido. Entre 1950 y 1973, Europa occidental vivió el período de crecimiento más acelerado de su historia moderna: según Angus Maddison, el PIB per cápita de la región creció por sobre el 4% anual, tres veces más rápido que en cualquier fase previa de su desarrollo. Pero esa expansión no fue un experimento de mercado desnudo. Como recuerda Enric Tello en “La aceleración del crecimiento”, la posguerra abrió un nuevo papel para el Estado en las políticas keynesianas, con compromiso de pleno empleo, gasto público, política fiscal activa y una arquitectura internacional más institucionalizada desde la Conferencia de Bretton Woods —la reunión de 44 países realizada en 1944 en esa localidad de New Hampshire, Estados Unidos, que reorganizó las reglas económicas de la posguerra y dio origen al Fondo Monetario Internacional y al Banco Mundial—. En los países de la Ocde, el gasto público pasó de representar cerca del 30% del PIB en 1955 a casi el 45% en 1976; y el gasto social —educación, sanidad, pensiones, subsidios de paro, vivienda social y apoyo a personas dependientes— subió del 8% al 14% del PIB en ese mismo período.
Tello también recuerda la dimensión distributiva de ese ciclo. Antes de la Segunda Guerra Mundial, el 10% más rico capturaba entre 35% y 45% de los ingresos en la mayoría de los países analizados; después de 1945, esa participación cayó cerca de diez puntos y se mantuvo entre 25% y 35% hasta comienzos de los años ochenta. Esa “gran compresión” de la desigualdad interna convivió con negociación colectiva, Estados fiscales más robustos, inversión en infraestructura, educación masiva, seguridad social, sindicatos fuertes y construcción de clases medias. No fue perfecto ni universal: excluyó a mujeres, migrantes, colonias y minorías; convivió con Guerra Fría, conflictos laborales y jerarquías profundas. Pero dejó una lección que hoy se olvida con demasiada facilidad: el capitalismo creció mejor cuando estuvo contenido por instituciones sociales, derechos laborales y capacidad pública, no cuando se imaginó autosuficiente.
Frente a Trump, Milei y sus variantes, la respuesta no puede ser defender burocracias ineficientes ni Estados capturados. Esa defensa sería demasiado pobre. La verdadera respuesta es más exigente: construir capacidades públicas serias, instituciones inclusivas, mercados productivos, sindicatos legítimos, empresas innovadoras y una cultura del trabajo donde productividad y dignidad no sean enemigos.
La prosperidad no nace de la demolición. Tampoco de la consigna. Nace de una arquitectura. Requiere Estado, mercado, trabajo, ciencia, inversión, confianza, derechos y largo plazo. Requiere producir más, pero también repartir mejor. Requiere competitividad, pero no a costa de deshumanizar el trabajo. Requiere empresarios que innoven, trabajadores que participen de los frutos del crecimiento y gobiernos capaces de mirar más allá del próximo ciclo electoral.
La pregunta decisiva no es cuánto Estado o cuánto mercado. Es qué Estado, qué mercado y para quién. Si la productividad se construye sobre trabajadores descartables, instituciones débiles y desigualdad persistente, no es desarrollo: es extracción. Si, en cambio, el trabajo se vuelve capacidad colectiva, el mercado espacio de innovación y el Estado arquitectura de largo plazo, la prosperidad deja de ser una promesa publicitaria y empieza a parecerse a un proyecto civilizatorio.
