Por RH Management
En Chile se ha vuelto a instalar una urgencia transversal: crear empleo. El gobierno anuncia medidas, los gremios empresariales organizan ferias laborales, economistas plantean fórmulas para incentivar la contratación, los medios siguen cada movimiento de las cifras de ocupación y desempleo, y desde distintos sectores se reclama recuperar dinamismo para que las empresas vuelvan a contratar.
Está bien que así sea. Para quien ha perdido su trabajo, para una familia que lleva meses dependiendo de ahorros, ayudas o endeudamiento, el empleo no es una abstracción económica. Es ingreso, seguridad y posibilidad de volver a ordenar la vida. Pero es también mucho más. Como hemos sostenido otras veces en estas páginas, el trabajo ocupa un lugar central en la vida de las personas: compromete identidad, subjetividad y reconocimiento; puede ser fuente de realización y placer, pero también de sufrimiento. Una sociedad incapaz de ofrecer trabajo a quienes quieren trabajar tiene, por eso mismo, un problema serio.
Pero quizás precisamente porque el empleo importa tanto deberíamos atrevernos a formular una segunda pregunta. ¿Empleos para qué?
No para relativizar la urgencia de generarlos. Mucho menos para despreciar el enorme valor que tiene volver a trabajar después de la cesantía. La pregunta apunta a algo distinto: ¿es suficiente con contar cuántas personas ingresan al mercado laboral o también deberíamos preguntarnos qué clase de vida permite construir ese trabajo? Porque empleo y buen empleo no son necesariamente sinónimos.
El valor del trabajo
En agosto de 2026, Fundación Sol publicó la XIII versión de “Los Verdaderos Sueldos de Chile”, estudio de Gonzalo Durán y Marco Kremerman construido sobre la Encuesta Suplementaria de Ingresos 2025 del INE. La fotografía es difícil de soslayar: el 50% de las personas ocupadas en Chile recibe menos de $680 mil líquidos mensuales (unos US$728); solo el 28% supera $1 millón (cerca de US$1.070) y apenas el 17,4% gana más de $1,5 millones (alrededor de US$1.605). Incluso entre quienes trabajan 40 horas o más, solamente un tercio supera el millón de pesos (unos US$1.070).
Es difícil mirar esos números y reducir la discusión exclusivamente a cuántos puestos de trabajo necesitamos crear. La interpelación inevitable es qué capacidad real tienen esos salarios para sostener una vida. No una vida extraordinaria. Una vida ordinaria: pagar vivienda, alimentarse, transportarse, criar hijos, enfrentar una enfermedad, descansar, ahorrar algo y proyectar mínimamente el futuro.
El problema se vuelve todavía más evidente cuando miramos qué hay dentro de la palabra empleo. La ESI 2025 registra 2,54 millones de ocupaciones informales, equivalentes al 26,8% de las personas ocupadas. Su ingreso mediano alcanza apenas $360 mil líquidos mensuales (unos US$385), menos de la mitad de la mediana de quienes trabajan formalmente.
Hay además más de 600 mil personas que trabajan menos horas de las que desean, más de 1,2 millones de trabajadores con educación superior desempeñándose en ocupaciones que no requieren esa calificación y cerca de 1,1 millones bajo modalidades de externalización. En promedio, los trabajadores contratados directamente reciben ingresos 24,9% mayores que quienes realizan labores externalizadas.
Todo eso es empleo. Pero no todo trabajo produce la misma seguridad, el mismo bienestar ni las mismas posibilidades de desarrollo.
Ahí aparece una discusión que Chile suele postergar. Cuando hablamos de calidad del empleo tendemos a relegarla a una etapa posterior: crecer, contratar y reducir el desempleo. Solo después vendrían los salarios, la estabilidad, el desarrollo profesional, la negociación o la distribución.
Nuestra propia historia económica debiera hacernos desconfiar de esa secuencia.
Una vieja historia
Chile ha vivido varios ciclos en que el crecimiento fue presentado como condición suficiente para que el bienestar terminara llegando al conjunto de la sociedad. El ciclo salitrero produjo riqueza extraordinaria, expandió las finanzas públicas, modernizó infraestructura y conectó al país con la economía mundial. Pero para muchos de quienes la producían, el empleo significaba faenas extenuantes, largas jornadas, disciplina patronal y una vida subordinada a la oficina salitrera. En muchas de ellas, parte del salario se pagaba con fichas de la propia compañía, utilizadas principalmente en sus pulperías. Entre 1905 y 1920, además, la mayoría de los salarios reales de los trabajadores chilenos perdió alrededor de la mitad de su nivel anterior. Crecía la riqueza del salitre, pero persistía una enorme asimetría de poder.
Décadas más tarde, durante la industrialización dirigida por el Estado, la experiencia laboral comenzó a cambiar. Para amplios sectores, ingresar a una fábrica podía significar empleo formal, sindicato, previsión y acceso creciente a políticas de vivienda, salud y educación. Los salarios reales no avanzaron automáticamente con la productividad: organización obrera, legislación, reajustes y acción estatal ayudaron a que una mayor parte del crecimiento llegara a la vida cotidiana.
Desde 1979 esa arquitectura volvió a transformarse. El Plan Laboral restringió la negociación colectiva y redujo el poder sindical; poco después, los decretos leyes 3.500 y 3.501 reemplazaron el sistema previsional de reparto por la capitalización individual administrada por las AFP, mientras la provisión de salud previsional se abrió a las Isapres. No desapareció toda protección social, pero sí se reconfiguró profundamente la capa de seguridad colectiva asociada al empleo y se redujo la capacidad de los trabajadores para disputar salarios y condiciones laborales.
Sobre esa nueva arquitectura llegó el auge de los noventa. Chile creció con fuerza, redujo significativamente la pobreza, recuperó salarios reales, expandió el consumo y modernizó sus empresas. Los gobiernos democráticos aumentaron el gasto social y ampliaron coberturas, pero sin desmontar los pilares centrales heredados en pensiones y relaciones laborales. La economía creció y el Estado compensó parte de sus desigualdades, mientras la distribución primaria —allí donde salarios, productividad, propiedad y poder de negociación definen quién captura el excedente— cambió bastante menos.
La evidencia histórica refuerza esa continuidad. Javier Rodríguez Weber ha mostrado que el auge salitrero combinó crecimiento y modernización con una fuerte concentración del ingreso y del poder económico. José Pablo Arellano documenta que entre 1920 y 1972 el gasto social creció diez veces más rápido que el producto nacional y llegó a representar cerca del 20% de este. Más tarde, José Gabriel Palma identifica 1990-1998 como el período más dinámico de la historia económica chilena, con un crecimiento anual del PIB de 7,2% y de la productividad de 4,6%; pero Rodríguez Weber muestra que esa expansión y la fuerte reducción de la pobreza no fueron acompañadas por una transformación equivalente en la distribución del ingreso. La dificultad histórica de Chile no parece haber sido producir riqueza, sino traducirla de manera sostenida en mejores salarios, mayor seguridad social y una distribución menos concentrada del poder económico.
Por eso la discusión actual sobre empleo no ocurre sobre una hoja en blanco. Arrastra una historia. Y esa historia nos advierte que producir más valor no significa necesariamente distribuirlo mejor.
Antes del Estado
Tal vez uno de los antecedentes más interesantes del actual debate provenga de un lugar poco sospechoso de radicalismo: el Informe sobre Desigualdad de Ingresos publicado en marzo de este año por el Ministerio de Desarrollo Social y Familia.
Su diagnóstico es particularmente relevante porque desplaza la discusión desde lo que ocurre después de producir riqueza hacia lo que sucede mientras esa riqueza se produce.
El informe sostiene que una parte sustantiva de la desigualdad chilena se origina antes de la intervención redistributiva del Estado, en la llamada distribución primaria del ingreso. Entre los factores que identifica aparecen las brechas salariales entre sectores productivos, la coexistencia de empleos formales altamente productivos con ocupaciones informales o precarias, la baja densidad sindical y la ausencia de negociación colectiva sectorial.
Es una distinción fundamental. Buena parte de la discusión sobre desigualdad se ha concentrado en cuánto debe corregir el Estado mediante impuestos, transferencias, subsidios y políticas sociales.
Pero existe una pregunta anterior: ¿Cómo se distribuye el valor dentro de la propia economía antes de que el Estado tenga que corregirlo? Eso obliga a mirar empresas, salarios, productividad, organización del trabajo, poder de negociación y rentas del capital como partes de una misma ecuación.
El mismo informe oficial muestra que, cuando se corrigen las mediciones tradicionales incorporando registros tributarios, Cuentas Nacionales y utilidades empresariales no distribuidas, la concentración es bastante mayor de lo que las encuestas de hogares habían permitido observar. El 10% de mayores ingresos concentra cerca de la mitad del ingreso nacional, mientras el 50% inferior recibe alrededor del 15%.
Las estimaciones del World Inequality Report 2026 llevan esa concentración aún más lejos bajo otra metodología: para Chile estiman que el 10% superior capta cerca del 60% del ingreso y posee aproximadamente el 69% de la riqueza, mientras la mitad inferior recibe solo el 8,2% del ingreso.
Las metodologías no son idénticas y no corresponde mezclar sus cifras como si midieran exactamente lo mismo. Pero ambas apuntan hacia una realidad imposible de ignorar: Chile continúa siendo una economía donde la capacidad de producir riqueza convive con una elevada concentración de sus resultados.
Y ahí reaparece nuestra pregunta inicial. Por supuesto que Chile necesita más empleo.
Chile requiere más inversión, empresas capaces de expandirse, mayor productividad, emprendimiento y un mercado laboral donde quien busca trabajo pueda encontrarlo con rapidez. Pero también conviene dejar atrás una idea demasiado elemental del progreso laboral: aquella que supone que conseguir cualquier puesto de trabajo constituye, por sí mismo, la solución del problema.
Una economía no debería aspirar solamente a ocupar personas. Debería aspirar a que trabajar permita vivir mejor. Y eso supone preguntarse por salarios suficientes, estabilidad, protección, aprendizaje, desarrollo profesional, conciliación, seguridad, participación y capacidad de construir algún patrimonio después de años de esfuerzo.
Supone también recuperar una palabra que desaparece demasiado rápido de nuestras discusiones económicas: valor. ¿Qué valor genera un trabajador? ¿Cómo aumenta mediante productividad, tecnología y conocimiento? ¿Quién captura ese aumento? ¿Cuánto vuelve a remuneraciones? ¿Cuánto queda en rentas del capital? ¿Qué instituciones permiten negociar esa distribución?
No existen respuestas simples ni una proporción universalmente correcta. Tampoco se trata de desconocer que sin empresas rentables no existe empleo sostenible, inversión ni innovación. Se trata precisamente de comprender que la sostenibilidad también funciona en la dirección contraria.
Una economía en que millones trabajan, pero siguen viviendo permanentemente al límite; donde el endeudamiento sustituye ingreso; donde dos salarios resultan indispensables para sostener gastos básicos; donde profesionales realizan trabajos muy por debajo de sus capacidades y donde crecer no necesariamente significa participar de los frutos de ese crecimiento, también enfrenta un problema de sostenibilidad.
Por eso las ferias laborales, las políticas de empleo y la inversión cumplen un papel relevante. Pero quizá el verdadero desafío comienza un poco después: cuando esa persona finalmente consigue trabajo.
¿Qué encontrará allí? ¿Qué podrá construir con él? ¿Será el empleo solamente la puerta de salida de la cesantía o volverá a convertirse en una vía efectiva de integración, dignidad, movilidad y progreso?
Quizá por eso resulta tan fácil hablar de empleo y bastante menos de trabajo decente. El empleo puede contabilizarse; el valor del trabajo obliga a discutir salarios, protección, poder, reconocimiento y distribución. Chile necesita más puestos de trabajo, por cierto. La pregunta molesta es otra: ¿qué empleos, con qué valor y para qué sociedad?
