La Red de Centros de Pensamiento Progresista planteó, en un documento difundido en LinkedIn y titulado “Crecimiento, empleo y responsabilidad fiscal”, una serie de reparos al megaproyecto tributario y fiscal del gobierno, con foco en sus efectos sobre el empleo formal, la capacitación laboral y la sostenibilidad de las políticas públicas en Chile. El informe, fechado en Santiago el 11 de mayo de 2026, cuestiona que la iniciativa, presentada como una agenda para la reconstrucción nacional y el desarrollo económico y social, pueda cumplir sus objetivos laborales sin rediseños sustantivos.
El documento fue suscrito por el Instituto Igualdad, Chile 21, Nodo XXI, Ical, Centro Democracia y Comunidad, Horizonte Ciudadano, Rumbo Colectivo, Fábrica Chile, Opes, Fundación por la Democracia, Fundación Socialdemócrata, Fundación Moebius y La Casa Común. En su análisis, la red comparte la necesidad de impulsar inversión, crecimiento económico y generación de más y mejores empleos, pero advierte que el proyecto contiene medidas que podrían resultar regresivas, fiscalmente riesgosas y poco efectivas para mejorar la calidad del trabajo.
Uno de los puntos más sensibles para la gestión de personas es el cuestionamiento al crédito tributario a la planilla de remuneraciones. Según el informe, esta medida “no genera empleo formal adicional” y su efecto principal sería reducir la carga tributaria de las empresas, sin exigir nuevas contrataciones ni mejoras salariales para los trabajadores.
Empleo formal
La red sostiene que una parte significativa del beneficio, aproximadamente un tercio, se concentraría en grandes empresas. En contraste, las Mipymes, identificadas por el documento como principales generadoras de empleo y más expuestas a la informalidad, tendrían menor capacidad de aprovechar el mecanismo, debido a sus bajos niveles de IVA y pagos provisionales mensuales.
El informe también advierte que, al tratarse de un beneficio exclusivo para el empleador, podría incentivar la mantención de salarios bajos. En esa línea, plantea que el instrumento debiera rediseñarse para focalizarse en contratación adicional, con énfasis en Pymes, jóvenes y mujeres, de modo que el beneficio llegue directamente a los trabajadores y no solo alivie la carga tributaria de empresas que ya cuentan con dotaciones completas.
El costo fiscal es otro de los reparos centrales. El documento estima que la medida implicaría US $1.500 millones anuales en impuestos que se dejarían de percibir. Además, señala que, si se proyecta la creación de hasta 180 mil empleos anuales, mantener cada puesto de trabajo tendría un costo aproximado de US $8.300 al año, equivalente al pago anual de 13 meses de salario mínimo.
Frente a ello, la Red de Centros de Pensamiento Progresista propone fortalecer el Subsidio Unificado al Empleo, recientemente promulgado, para que cumpla con el principio de adicionalidad, es decir, que se entregue únicamente cuando exista generación de empleo nuevo. También plantea que el subsidio beneficie directamente a los trabajadores, se focalice en Mipymes y contribuya a mejorar remuneraciones.
Capacitación laboral
El segundo eje de preocupación es la eliminación de la Franquicia Tributaria de Capacitación. Para la red, esta decisión es “muy desacertada”, ya que la franquicia podría constituirse en una herramienta relevante para financiar formación laboral y estimular la productividad, especialmente si se reforma su diseño y se orienta mejor hacia las necesidades del mercado.
El informe plantea que el camino no debiera ser suprimir el instrumento, sino reformularlo. En particular, propone mejorar los incentivos para que más Pymes puedan utilizarlo, priorizar cursos con mayor impacto, fortalecer el control sobre el uso de los recursos y articular la capacitación con la educación técnico-profesional y las nuevas tecnologías.
La preocupación se conecta con un diagnóstico más amplio sobre el futuro del trabajo. En un contexto de transición digital y energética, avance de la IA y automatización creciente, el documento advierte que reducir espacios de formación puede dejar a los trabajadores fuera de las oportunidades que abren las nuevas tecnologías.
Por eso, la red propone crear una Agencia Nacional de Empleo que integre a Sence, Chilevalora y la Bolsa Nacional de Empleo. El objetivo sería modernizar la red de capacitación, certificación e intermediación laboral mediante una plataforma digital, con vínculo estrecho con gobiernos regionales y coordinación tripartita.
Mayor debate
Además de empleo y capacitación, el informe cuestiona la tramitación acelerada del megaproyecto. A juicio de la red, una reforma con más de 40 medidas y cuatro ejes temáticos requiere una discusión más rigurosa, con separación entre reconstrucción física, medidas de empleo e inversión, y reforma tributaria estructural.
El documento también advierte que el proyecto descansa en supuestos optimistas de crecimiento e inversión, y que sus rebajas tributarias podrían aumentar el déficit fiscal, elevar la deuda pública y restringir el margen de acción de futuros gobiernos. Desde esa perspectiva, el debate sobre empleo no puede separarse de la responsabilidad fiscal, ya que un deterioro de las cuentas públicas podría afectar la inversión, el crédito, el crecimiento y la generación de puestos de trabajo.
En sus conclusiones, la Red de Centros de Pensamiento Progresista sostiene que Chile necesita una estrategia de desarrollo productivo, modernización económica y responsabilidad fiscal, más que una reforma tributaria que, según su evaluación, podría profundizar desigualdades y entregar beneficios de baja efectividad laboral. Para el ámbito de recursos humanos, el mensaje principal es claro: la creación de empleo formal y de calidad requiere subsidios bien focalizados, capacitación pertinente y políticas capaces de preparar a trabajadores y empresas para los cambios tecnológicos en curso.
