RH Management revisó la nota de políticas “El Niño 2026-2027 y el mundo del trabajo en América Latina y el Caribe”, publicada el 27 de julio de 2026 por Fabio Bertranou, director regional adjunto de la OIT para América Latina y el Caribe, que analiza cómo el fenómeno climático podría trasladar sus efectos durante 2026 y 2027 desde las alteraciones meteorológicas hacia la actividad productiva, el empleo, los ingresos y las condiciones laborales, con impactos diferenciados según territorio, sector económico y capacidad institucional.
El documento plantea una cadena de transmisión que comienza con cambios en los patrones de lluvias, sequías, inundaciones, calor y alteraciones en los recursos hídricos y servicios ecosistémicos. Desde allí, los efectos pueden alcanzar la seguridad alimentaria, la salud pública, la generación de energía, la agricultura, la pesca, la logística y otras actividades económicas, hasta repercutir finalmente en el empleo y el poder adquisitivo de los hogares.
La exposición, sin embargo, no sería uniforme. La nota advierte que los trabajadores informales, rurales y quienes desempeñan labores al aire libre se encuentran entre los grupos más vulnerables. La informalidad resulta especialmente relevante porque una proporción cercana a la mitad de los trabajadores de América Latina y el Caribe se desempeña en empleos informales y, por tanto, enfrenta mayores dificultades para acceder a protección ante la desocupación, cobertura contributiva de salud o sistemas previsionales.
Impacto desigual
El mapa de riesgos presentado por la OIT muestra diferencias importantes entre las subregiones. En el Corredor Seco Centroamericano y el Caribe se anticipan sequías prolongadas, déficit hídrico y olas de calor, con efectos potenciales sobre agricultura, pesca y turismo. Guatemala, Honduras, El Salvador, Nicaragua, Haití y Jamaica aparecen entre los países con mayor vulnerabilidad dentro de esa zona.
En la costa del Pacífico de Perú y Ecuador, en cambio, el riesgo estaría asociado a lluvias extremas, inundaciones, calentamiento del mar costero, huaicos y aluviones, con exposición particular de la pesca, la agricultura, la infraestructura y la construcción. Para el sudeste de Sudamérica, que incluye el sur de Brasil, Paraguay, Uruguay y el norte y noreste de Argentina, la nota proyecta precipitaciones superiores a la media, inundaciones y tormentas severas que podrían afectar la producción agropecuaria, el transporte y las obras públicas.
Los países con alta dependencia hidroeléctrica también aparecen dentro del análisis. En Colombia, Ecuador, Venezuela, Bolivia y la zona centro-sur de Chile, una disminución de los caudales podría aumentar los costos energéticos, reducir la productividad y generar nuevas presiones inflacionarias. La nota precisa, sin embargo, que en algunos países un exceso de precipitaciones podría contrarrestar parcialmente este efecto, como ocurrió en Chile durante julio de 2026.
Riesgos laborales
Uno de los principales focos está puesto en la seguridad y salud en el trabajo. El calor excesivo puede afectar de manera desproporcionada a quienes se desempeñan en agricultura, construcción, pesca, gestión de residuos y otras actividades al aire libre, especialmente cuando se trata de trabajadores informales sin acceso regular a pausas, hidratación, zonas de enfriamiento o supervisión de las condiciones ambientales.
La nota recoge antecedentes de la OIT que vinculan el estrés térmico con fatiga, accidentes, enfermedades crónicas y muertes prematuras. A ese escenario se suman los riesgos derivados de inundaciones, sequías, incendios forestales y eventuales incrementos de enfermedades transmisibles. Para las organizaciones y las instituciones laborales, el desafío incluye avanzar hacia criterios objetivos de gestión del riesgo, con umbrales de exposición, adaptación de jornadas, pausas obligatorias y mecanismos de vigilancia de la salud ocupacional.
El deterioro de los ingresos familiares también podría tener consecuencias sociales más profundas. La OIT advierte sobre un posible retroceso en la reducción del trabajo infantil cuando los shocks climáticos destruyen medios de vida rurales o reducen los ingresos de los adultos. En esos escenarios, los hogares en situación de pobreza pueden recurrir al trabajo de niñas, niños y adolescentes como mecanismo de supervivencia, especialmente en agricultura, pesca y actividades informales.
Respuesta anticipada
Frente a estos riesgos, el documento sostiene que los impactos laborales de El Niño 2026-2027 no están predeterminados. Su magnitud dependerá de la cobertura de los sistemas de protección social, la capacidad de las instituciones laborales y la anticipación de las políticas públicas.
En el corto plazo, la OIT identifica transferencias monetarias de emergencia, programas de empleo temporal, apoyo alimentario y fondos destinados a trabajadores informales como mecanismos de respuesta. La eficacia de estas herramientas, señala el documento, aumenta cuando ya existen sistemas de identificación de beneficiarios capaces de expandirse rápidamente frente a una emergencia.
En el mediano y largo plazo, las medidas incluyen inversión en infraestructura de riego y protección contra inundaciones, diversificación de cultivos y fuentes energéticas, seguros agrícolas vinculados al clima y formación técnica para la reconversión laboral. También se plantea extender la protección social a trabajadores informales y rurales y reforzar instituciones como la inspección del trabajo, la negociación colectiva, los servicios públicos de empleo y el diálogo social entre gobiernos, empleadores y trabajadores.
La nota concluye que El Niño 2026-2027 constituye una prueba para la resiliencia institucional de América Latina y el Caribe. Más que una emergencia meteorológica aislada, el fenómeno puede evidenciar la capacidad de los países para proteger el empleo, los ingresos y las condiciones de trabajo frente a riesgos climáticos que interactúan con problemas estructurales como la informalidad, las brechas de protección social y las desigualdades territoriales.
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