El poder del sector privado

Hace pocos días, y antes del comienzo del receso estival, más de 200 empresas en Estados Unidos ingresaron una petición formal para que la Corte Suprema de ese país se pronunciara sobre la ilegalidad de discriminar a los trabajadores basado en su orientación sexual y/o su identidad de género.

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Hace pocos días, y antes del comienzo del receso estival, más de 200 empresas en Estados Unidos ingresaron una petición formal para que la Corte Suprema de ese país se pronunciara sobre la ilegalidad de discriminar a los trabajadores basado en su orientación sexual y/o su identidad de género.

La razón detrás de esta iniciativa subyace en que la legislación en cada estado es disímil y mientras algunos gobiernos locales prohíben el despido o negación de servicios basado en la orientación sexual o identidad de género de las personas, muchos otros estados no lo contemplan en su legislación, dejando la puerta abierta para interpretaciones, las cuales terminan afectando negativamente a los trabajadores y clientes de la comunidad LGBT (lesbianas, gays, bisexuales y trans).

Ha sido este vacío, y el nulo pronunciamiento al respecto por parte del gobierno federal –conocido por su distancia con las demandas de la comunidad LGBT– lo que motivó a más de 200 grandes corporaciones a pedirle a la Corte Suprema de Estados Unidos que regule y prohíba la discriminación por esas dos causales en todo el territorio, complementando con ello la Ley de Derechos Civiles de 1964, que si bien condena la discriminación, estipula que ésta será reprochable –y punible– bajo las causales de sexo, color, raza, nacionalidad y religión. Nada previeron los legisladores hace 55 años que la orientación sexual y la identidad de género también debían quedar como categorías protegidas.

La lista de peticionarios es extensa y no la integran pequeños negocios: buena parte de las Fortune 500 aparecen como signatarias, entre ellas Uber, Apple, Microsoft, Amazon y J.P. Morgan. El solo hecho que sean empresas las que estén detrás de esta movida ya pone al sistema empresarial estadounidense por encima de cualquiera de nuestro vecindario, y por cierto, sobre el chileno. Y las razones esgrimidas en su texto son trasgresoras, para nuestros estándares: “crear una regla común para todo el territorio permitirá a los negocios reclutar y potenciar el talento diverso hasta los altos niveles”, destaca el escrito.

Qué duda cabe que en Estados Unidos el sector privado tiene peso a la hora de injerir en los asuntos de la res publica. En Chile, ¿se puede imaginar a las empresas del IPSA solicitando a los legisladores o al Ejecutivo que proteja de acciones discriminatorias a los ciudadanos, ergo a los trabajadores en medio de una futura discusión por las mejoras a la Ley Antidiscriminación? Mientras en Estados Unidos se entiende que los ciudadanos son también quienes aportan valor a las organizaciones a través del trabajo, lo cual motiva que las corporaciones se transformen en activistas, en Chile hay total divorcio entre la esfera pública y la privada. Lo que ocurra antes o después del horario laboral parece no ser asunto de directorio alguno o de las gerencias. Tras la reciente invasión –en un positivo sentido– de la diversidad e inclusión como tema de conversación en los directorios, quizás la clase ejecutiva en el país comience a ver que no hay tal divorcio entre el bienestar de la población y el de sus propios trabajadores. Un colaborador incluido en todo aspecto de la sociedad será un talento que podrá acceder plenamente al sistema educativo, de salud y a la protección social, por consecuencia, podrá explotar mejor sus potenciales trayendo consigo un mayor aporte a la economía, aumentando la innovación y productividad de las compañías.

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