Por RH Management
Chile no va a salir bien de otro ciclo de sordera cruzada. No se construye un país próspero cuando un gobierno escucha principalmente a una parte y el siguiente corrige escuchando casi exclusivamente a la parte opuesta. No se construye comunidad política cuando cada sector cree que gobernar consiste en imponer su fórmula, su bandera y su relato, sin detenerse a comprender qué está viendo, sintiendo o temiendo el otro. Lo que se produce así no es dirección, sino péndulo. No es cohesión, sino fatiga. No es prosperidad compartida, sino una nueva ronda de desconfianza.
Por eso hoy vale la pena volver a una idea que algunos consideran tibia, pero que en realidad es profundamente exigente: recuperar el país de al medio. No como una moderación vacía ni como un empate moral entre posiciones equivalentes, sino como una ética pública del desacuerdo democrático. La capacidad de conversar de verdad con quienes piensan distinto. Conversar hasta que incomode. Hasta que duela. Hasta que la otredad deje de ser una caricatura útil y vuelva a ser un interlocutor legítimo.
Ese país de al medio no es el país sin conflicto. Es el país que entiende que los conflictos complejos no se resuelven a gritos ni por turnos, sino con instituciones, evidencia, escucha y acuerdos difíciles. Y esa convicción importa más todavía cuando el clima político parece volver a endurecerse. Los artículos publicados por El Mostrador este 18 de marzo advierten, por una parte, un inicio de gobierno que abrió simultáneamente frentes en trabajo, derechos humanos y medio ambiente, y por otra, un escenario de mayor conflictividad entre oficialismo y oposición precisamente por falta de diálogo. Más allá de la posición ideológica de cada lector, la pregunta relevante es otra: ¿de verdad Chile puede darse el lujo de volver a gobernar como si escuchar fuese una señal de debilidad?
La mesa común
Pero sería demasiado fácil leer este problema solo desde el presente. El péndulo no comenzó hoy. Venimos de años en que una parte del mundo empresarial y de las Pymes sintió que ciertas reformas se justificaban bien en sus fines, pero no siempre se implementaban bien en su aterrizaje, ni con suficiente consideración por la heterogeneidad productiva del país. Y ahora asoma el extremo inverso: un gobierno cuyas primeras señales parecen más cómodas con el mundo empresarial que con la conversación amplia y contradictoria que exige una democracia social madura. Un extremo sucede al otro, y el país sigue sin construir una mesa suficientemente robusta para discutir lo común.
Ahí el reportaje de RH Management sobre las 40 horas importa mucho más de lo que parece. No fue una nota rápida ni un cruce superficial entre posiciones binarias. Fue una pieza construida sobre una conversación plural y de alto nivel, que reunió a José Manuel Díaz Zavala, presidente de la CUT; a Mauricio Acevedo Sandoval, presidente del Sindicato Salcobrand, dirigente de la Federación de Trabajadores de Farmacias, de Constracops y vocero de Atcomer; a académicas y académicos del derecho del trabajo como Karla Varas Marchant y Eduardo Caamaño Rojo, ambos de la PUCV, y Sergio Gamonal Contreras, profesor titular de la UAI; además de voces jurídicas con peso real en el debate laboral chileno, como Carmen Espinoza, presidenta de la Asociación Gremial de Abogados y Abogadas Laboralistas; Jorge Arredondo, profesor UC y socio de Albagli Zaliasnik; Ignacia López Vives, socia de Cariola; y Luis Lizama, profesor de la Universidad de Chile y socio de Lizama Abogados. Es decir: sindicalismo, experiencia sectorial concreta, academia especializada y asesoría laboral de alto nivel, puestas a conversar sin borrar sus diferencias.
Ese reportaje mostró algo que la política chilena parece haber olvidado: que se puede sostener al mismo tiempo el sentido humano de una reforma y la necesidad de discutir seriamente sus problemas de implementación. Se puede defender la calidad de vida de las y los trabajadores y, al mismo tiempo, escuchar las dificultades reales de adaptación, especialmente en empresas de menor tamaño. Se puede advertir contra el vaciamiento flexibilizador de una ley y también oír los argumentos de quienes cuestionan interpretaciones administrativas que, a su juicio, rigidizan más de lo que ayudan. Eso es precisamente lo que falta: menos trincheras y más conversación exigente entre posiciones que no son iguales, pero sí legítimas.
Esta discusión conecta de lleno con una de las intuiciones más potentes de los Nobel de Economía 2024. La Real Academia Sueca premió a Daron Acemoglu, Simon Johnson y James Robinson por sus estudios sobre cómo las instituciones se forman y cómo afectan la prosperidad de los países. La idea de fondo es decisiva para este momento chileno: las instituciones inclusivas ayudan a explicar trayectorias de prosperidad más sólidas y extendidas, mientras que reglas débiles o extractivas no producen desarrollo sostenible para la mayoría. No basta con crecer; importa cómo se organiza el poder, cómo se distribuye la voz y qué tan creíbles y compartidas son las reglas del juego.
La OIT ha insistido, además, en que el diálogo social incluye negociación, consulta e intercambio de información entre gobiernos, empleadores y trabajadores sobre materias de interés común, y que es una herramienta central para promover trabajo decente, sostenibilidad y cohesión social. También ha subrayado la importancia de procesos salariales basados en evidencia y sostenidos mediante diálogo social.
Y aquí conviene decir algo más. En el mundo corporativo serio, en las grandes empresas donde existen vicepresidencias y gerencias corporativas de personas, y donde operan equipos muy preparados de relaciones laborales que siguen al detalle la relación con sindicatos y trabajadores, hace rato se sabe que conversar no es ingenuidad: es gestión. Hay abundantes buenas prácticas en Chile y fuera de Chile que muestran que es posible llegar a resultados distintos, incluso difíciles, incluyendo a las partes y sosteniendo diálogo social de verdad. Por eso desconcierta más aún que ese ejercicio no aparezca con la fuerza esperable en la conducción pública. Más todavía cuando el nuevo gabinete ha sido leído públicamente como uno con fuerte presencia de perfiles provenientes del mundo empresarial. Si esa experiencia existe, cuesta entender por qué no se traduce en una práctica política más abierta a escuchar.
Instituciones que incluyan
En ese marco hay que leer también el retiro del proyecto de negociación colectiva multinivel o ramal que había sido ingresado al Congreso el 12 de enero por el gobierno saliente. Lo que existe de fondo, en la evidencia comparada, no es una extravagancia ideológica, sino un debate serio sobre cómo mejorar cobertura, poder de negociación y salarios. La propia Ocde ha mostrado que los mejores resultados en empleo, productividad y remuneraciones se observan cuando los acuerdos sectoriales fijan marcos generales y dejan espacio para la negociación a nivel de empresa. Expertos consultados nos recuerdan que modelos de este tipo existen desde hace décadas, con distintas formas, en países como Argentina, Uruguay, Francia, España, Suecia y Noruega.
Pero reconocer eso no obliga a defender acríticamente el proyecto chileno tal como fue concebido. Chile llega a esta discusión con una tasa de sindicalización de 18,9%, apenas en torno al umbral del 20%, y con una cobertura de negociación colectiva de 19,5% en el sector privado asalariado. A eso se suma una estructura marcada por miles de sindicatos activos, por un “paralelismo exacerbado” y por una “fragmentación extrema” que, según análisis de la propia Dirección del Trabajo, tiende a debilitar la posición sindical. En un escenario así, una negociación ramal mal diseñada podría ampliar el poder de los sectores mejor organizados —como la minería u otras ramas con mayor densidad institucional— mientras deja mucho más rezagados a sectores atomizados, de baja organización y menor capacidad negociadora, como parte importante del comercio y los servicios.
Por eso el punto no debiera ser elegir entre este proyecto o la nada. El punto es asumir que Chile necesita discutir en serio cómo fortalecer el poder de negociación de las y los trabajadores y cómo mejorar salarios sin seguir descansando solo en la lógica del mercado o en el voluntarismo de cada empresa. Ahí el rol del Estado vuelve a ser central. La propia Ocde ha mostrado que los salarios efectivos son más altos en países con mayor cobertura de negociación colectiva y con instituciones salariales más robustas, pero también advierte que la vida digna no depende únicamente del salario, sino de políticas públicas (en salud, pensiones, educación, cultura, transporte) que reduzcan costos esenciales, complementen ingresos y hagan posible una base material más segura para la mayoría. Ese es justamente el tipo de institucionalidad inclusiva que los Nobel vuelven a poner sobre la mesa.
El problema de fondo es que Chile sigue discutiendo reformas, empleo y crecimiento como si pudiera hacerlo sin mirar de frente la vida material de la mayoría. Los datos más recientes dicen otra cosa. El INE informó que la mitad de las personas ocupadas percibió en 2024 ingresos iguales o inferiores a $611.162 mensuales (US$674); entre las mujeres, la mediana fue de $555.362 (US$613); y entre quienes trabajan en servicios y comercios, que concentran una parte importante del empleo, el ingreso mediano fue de $500.000 (US$552). Para la conversión, se consideró el dólar observado de $906,15 del 18 de marzo de 2026.
Ipsos reportó en noviembre de 2025 que 45% de los hogares chilenos no llega a fin de mes con sus ingresos y que 72% mantiene deudas. Casen 2024, con la nueva metodología, estimó una pobreza por ingresos de 17,3%, lo que recordó algo importante: la fotografía oficial puede mejorar y, aun así, persistir una experiencia social ampliamente extendida de estrechez, deuda y vulnerabilidad cotidiana.
El estudio Zoom al Trabajo 2025, elaborado por IST y Visión Humana, mostró que el trabajo sigue siendo muy importante para la mayoría de las personas y que atributos como estabilidad, buen sueldo y compatibilidad con la vida personal siguen estando en el centro de lo que se espera de un empleo. Al mismo tiempo, la lectura general del estudio apunta a brechas profundas en bienestar, equidad y liderazgo, con señales persistentes de malestar laboral.
La mayoría primero
No deja de ser revelador, por eso, que en paralelo parte del empresariado haya vuelto a plantear la eliminación de los feriados irrenunciables por su impacto económico. La discusión se reabrió estas semanas a propósito de Viernes Santo, con la CPC proponiendo suprimir este tipo de resguardos, mientras el propio Gobierno terminó descartando cambios. Más allá del desenlace coyuntural, el episodio vuelve a mostrar una pulsión conocida: cuando la presión económica aumenta, una de las primeras variables que se intenta flexibilizar es el tiempo de descanso de quienes menos control tienen sobre su jornada. Y en el comercio, ese no es un detalle menor. Es calidad de vida, vida familiar y tiempo propio para miles de trabajadoras y trabajadores.
Algo parecido ocurre con sala cuna universal. Es verdad que el nuevo gobierno la ha mencionado como ‘prioridad legislativa’, pero también es verdad que, en la práctica, la discusión sigue subordinada a su costo fiscal, a los desacuerdos de financiamiento y a una tramitación que viene arrastrándose hace años. Ese desfase importa, porque la norma vigente todavía amarra el derecho a sala cuna a empresas con 20 o más trabajadoras, y el propio debate legislativo ha insistido en que el proyecto busca corregir una regla que históricamente trasladó la maternidad al mundo laboral femenino como si fuera un costo particular de las mujeres. En otras palabras, aunque el discurso la nombre, todavía no se la trata con la urgencia estructural que merece.
Esa demora no es neutra. No solo posterga una política de corresponsabilidad social largamente necesaria, sino que sigue golpeando de manera concreta a las mujeres trabajadoras, a sus trayectorias laborales y a su autonomía económica. La evidencia comparada ha mostrado, además, que en Chile la participación laboral femenina sigue muy por debajo de la masculina y que la maternidad sigue teniendo efectos relevantes sobre el empleo de las mujeres, especialmente cuando hay hijos pequeños. Por eso sala cuna universal no debiera seguir discutiéndose como un gasto lateral o como una concesión secundaria, sino como una pieza básica de una institucionalidad laboral más justa.
Ese es, precisamente, el punto de fondo. Cuando se posterga una discusión como esta, cuando se relativizan feriados irrenunciables o cuando se abandona sin una conversación más amplia el debate sobre herramientas para fortalecer salarios y negociación, lo que aparece no es solo una diferencia técnica entre políticas aisladas. Aparece una determinada idea de país. Una en la que el crecimiento se invoca, pero no siempre se traduce en una conversación seria sobre calidad de vida, distribución, cuidados, bienestar y condiciones materiales de la mayoría. Por eso no basta con decir crecimiento. Tampoco basta con decir derechos. Si de verdad se quiere un país mejor, entonces hay que volver a conectar salarios, productividad, bienestar, sostenibilidad empresarial, evidencia comparada e instituciones de diálogo. La propia OIT ha insistido en que las políticas salariales adecuadas, diseñadas con evidencia y diálogo social, pueden contribuir a reducir pobreza e inequidad sin perder de vista la sostenibilidad de las empresas.
Recuperar el país de al medio no significa diluir convicciones. Significa someterlas a una prueba democrática más alta. Significa aceptar que ni empresarios ni trabajadores, ni Estado ni mercado, ni gobierno ni oposición, pueden por sí solos interpretar todo el interés general. Significa entender que la prosperidad no se construye desde los extremos ni desde la soberbia de creer que el otro sobra. Se construye con instituciones inclusivas, con diálogo social real, con salarios dignos, con Pymes consideradas de verdad, con empresas sostenibles y con una política menos obsesionada con imponerse y más dispuesta a persuadir y acordar.
Chile necesita menos país del péndulo y más país de los acuerdos. Menos ruido de tribu y más conversación sustantiva. Menos monólogo alternado y más democracia adulta. Necesita, en definitiva, volver a atreverse con el país de al medio.
