Por RH Management
Algo se mueve con fuerza en el orden político global. En países como Francia, Italia, Hungría, Austria y los Países Bajos, fuerzas de derecha radical, nacional-populistas o euroescépticas han instalado en el centro del debate el cuestionamiento del Estado de bienestar: que es caro, que genera dependencia, que frena la competitividad, que fue construido en otra época bajo condiciones que ya no existen. En América Latina, una de las versiones más drásticas de ese argumento la encarna Javier Milei en Argentina, quien llegó al gobierno con una motosierra como símbolo de campaña y con el desmantelamiento del Estado como programa explícito. En Chile, el ciclo político que comienza instala en La Moneda a una coalición que, según ha descrito la prensa y el análisis público, pone el acento en seguridad, crecimiento, desregulación, contención del gasto y control migratorio, y que asume en las antípodas ideológicas del gobierno saliente, en un péndulo político que, como señalamos en “El país de al medio”, no construye comunidad ni prosperidad cuando cada sector cree que gobernar consiste en imponerle su fórmula al otro.
Las preguntas que ese tránsito vuelve a abrir —cuánto Estado, qué tipo de protección social, a qué costo y para quién— no son nuevas. Lo nuevo, o lo que debería serlo, es la disposición a responderlas con memoria histórica y no solo con consignas, reflejos ideológicos o promesas de eficiencia. Porque cada vez que el debate público vuelve a presentar derechos, protección social o redistribución como obstáculos casi naturales para crecer, lo que se reactiva no es solo una discusión económica: es una disputa mucho más profunda sobre qué tipo de sociedad se considera viable, qué lugar ocupa el trabajo dentro de ella y quién termina pagando, una vez más, el costo de las certezas ajenas.
El miedo a la redistribución
Enric Tello Aragay, doctor en Geografía e Historia y catedrático del Departamento de Historia Económica, Instituciones, Política y Economía Mundial de la Universidad de Barcelona, y autor del módulo sobre la aceleración del crecimiento (1950-1973) de la Universitat Oberta de Catalunya, lo formula con una precisión que merece atención: los factores que hicieron posible el Estado de bienestar en Europa occidental fueron tres: la derrota del fascismo, la amenaza del modelo soviético como contrapeso político y la existencia de sindicatos fuertes. Los tres operaron simultáneamente. Los tres eran necesarios. Y en América Latina, los tres estuvieron ausentes o fueron activamente neutralizados.
El segundo factor es el que más incomoda al análisis convencional, porque obliga a admitir algo que la narrativa del capitalismo democrático prefiere no subrayar: que los derechos laborales y sociales más sólidos que el mundo occidental ha conocido no nacieron de la generosidad espontánea del capital ni del triunfo natural de las ideas progresistas. Nacieron, en parte, del miedo. El capitalismo europeo de posguerra cedió impuestos marginales del 80 al 90 por ciento sobre las rentas más altas, aceptó sindicatos con poder real de negociación, financió sanidad pública y educación universal y toleró Estados que llegaron a representar entre el 30 y el 45 por ciento del PIB. Lo hizo porque enfrente tenía una alternativa sistémica creíble: la Unión Soviética, que había industrializado en veinte años lo que el capitalismo tardó un siglo, que había derrotado militarmente al nazismo y que ofrecía a los trabajadores occidentales un modelo de referencia político concreto y territorial. La amenaza implícita de que “si no cedemos, perdemos todo” domesticó al capital en un grado que ninguna reforma posterior ha logrado reproducir. No era generosidad. Era cálculo.
El mismo miedo, el efecto contrario
Lo que sucedió en América Latina durante ese mismo período es la inversión exacta de ese mecanismo, y la historia económica documentada lo muestra con una claridad que desafía cualquier relato tranquilizador.
A partir de 1958, con la revolución cubana y la difusión de movimientos guerrilleros, el continente se convirtió en uno de los principales campos de batalla de la Guerra Fría. El miedo al comunismo existió también aquí. Pero en lugar de forzar concesiones redistributivas del capital hacia el trabajo, fue utilizado como justificación para destruir precisamente a quienes intentaban esas redistribuciones. Tello documenta la secuencia con nombre, fecha y país: en 1954, el ejército de Estados Unidos intervino en Guatemala para evitar la reforma agraria del presidente democrático Jacobo Árbenz. En 1964, dos golpes militares derrocaron a los presidentes reformistas Joao Goulart en Brasil y Víctor Paz Estenssoro en Bolivia. En 1963-65, una intervención estadounidense destituyó al presidente Juan Bosch en la República Dominicana. El ciclo se cerró con el apoyo del Gobierno de Estados Unidos a las dictaduras del general Augusto Pinochet en Chile entre 1973 y 1990, y de las Juntas Militares en Argentina entre 1976 y 1983, que aplicaron sistemáticamente el terrorismo de Estado con métodos aprendidos en la Escuela Militar de las Américas, creada por Estados Unidos en Panamá en 1949.
La lista no es accidental ni anecdótica. Es sistemática. Y tiene una lógica económica e institucional que la historia ha tardado demasiado en nombrar sin eufemismos: el mismo miedo al comunismo que en Europa forzó al capital a hacer concesiones redistributivas fue usado en América Latina para impedir exactamente esas concesiones. La geopolítica no operó como un factor neutro: operó a favor de las élites locales que preferían la represión a la negociación, y en contra de los trabajadores y movimientos reformistas que intentaban construir, desde abajo, algo parecido a lo que Europa construía desde arriba.
La llamada Alianza para el Progreso, lanzada por Kennedy en 1961 con la declaración de que Estados Unidos aportaría fondos para el desarrollo económico, la estabilidad macroeconómica y la reducción de las desigualdades sociales en la región, es el mejor indicador de esa contradicción interna. La iniciativa fracasó, sostiene Tello, en parte porque las actuaciones que requería para funcionar —en particular, la redistribución agraria— habrían conculcado los privilegios de las élites locales que eran precisamente quienes daban apoyo político a esa alianza con el rico vecino del norte. El instrumento que debía reducir la desigualdad dependía para sobrevivir políticamente de las mismas estructuras que la producían.
Reforma agraria, sí la hizo Asia
Hay una comparación que Tello establece con evidencia y que resulta especialmente reveladora para entender la trayectoria divergente de América Latina respecto a las economías asiáticas que sí lograron industrializarse exitosamente durante el mismo período: Japón, Corea del Sur, Taiwán.
En esos territorios se realizaron reformas agrarias profundas en los años 1950 y 1960 que redistribuyeron la tierra, redujeron drásticamente la desigualdad interna y crearon mercados domésticos con capacidad de demanda suficiente para impulsar las primeras fases del crecimiento industrial. Los números lo confirman: el índice de Gini de los países asiáticos tendió a converger hacia un promedio de 0,349 durante la época dorada. El de los países latinoamericanos se mantuvo en 0,463 entre 1950 y 1973, y subió a 0,527 entre 1974 y 2004, según datos reconstruidos a partir de la base Wider (base internacional de desigualdad de ingresos de la Universidad de las Naciones Unidas). No son cifras abstractas: son la diferencia entre un mercado interno que puede sostener industria y cohesión social, y uno que no puede. Son la diferencia entre una clase trabajadora con poder de compra suficiente para alimentar el crecimiento desde adentro, y una región perpetuamente dependiente de materias primas cuyos precios se fijan desde afuera.
América Latina no hizo esa reforma. No porque la idea fuera inaplicable a sus condiciones, sino porque la mayoría de los intentos fracasaron por golpes de Estado de oligarquías locales y por intervenciones externas. Stanley Engerman y Kenneth Sokoloff, en su estudio de 2005 sobre colonialismo, desigualdad y trayectorias de largo plazo, señalan que la extrema concentración de la riqueza en latifundios generó un tipo de marco institucional específicamente propenso a preservar esa concentración. Daron Acemoglu y James A. Robinson —cuyos trabajos sobre instituciones y prosperidad fueron reconocidos con el Nobel de Economía 2024, como destacamos en “Lo que los balances no muestran”— agregan la dimensión política: la riqueza inmueble concentrada en tierra predisponía a las élites a optar por la represión feroz ante cualquier amenaza redistributiva, en lugar de negociar las concesiones graduales que sus pares europeos terminaron aceptando. En Europa, el capital industrial era más móvil, más vulnerable a la regulación y más susceptible de ser gravado sin ser destruido. En América Latina, la élite agraria tenía menos que negociar y más que perder.
1989: la retirada
Si la primera parte del argumento documenta por qué el bienestar no llegó a América Latina durante la época dorada, la segunda explica por qué incluso el bienestar europeo comenzó a erosionarse después. Y la cronología no es casual.
Tello describe el giro con precisión: el llamado “golpe de timón monetarista” de Paul Volcker en 1980-81, con tipos de interés reales del 15 por ciento, destruyó la inflación y el poder sindical al mismo tiempo. Ronald Reagan en Estados Unidos y Margaret Thatcher en el Reino Unido completaron la ofensiva: desregulación, privatizaciones, reducción de impuestos sobre las rentas más altas, debilitamiento sistemático de los convenios colectivos. El resultado fue un aumento sostenido de la desigualdad en los países de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos durante los treinta años siguientes, revirtiendo gradualmente la gran compresión distributiva que había caracterizado la época dorada.
¿Qué había cambiado? El contrapeso había desaparecido. El mismo capital que en los años cincuenta y sesenta había aceptado impuestos del 80 y 90 por ciento y sindicatos poderosos porque tenía enfrente un modelo alternativo creíble, comenzó a recuperar posiciones en cuanto ese modelo empezó a mostrar sus contradicciones internas. La ofensiva neoliberal de los años ochenta no fue un accidente histórico ni el triunfo espontáneo de las ideas correctas: coincidió exactamente con el período en que la Unión Soviética ya era evidentemente incapaz de sostener su promesa de modernización alternativa. No es un argumento conspirativo; es una lectura de incentivos estructurales. Cuando el riesgo de perderlo todo desaparece, la disposición a compartir algo se reduce proporcionalmente. Y el Consenso de Washington que en los años noventa se aplicó a América Latina como receta única de ajuste, privatización y desregulación llegó a una región que nunca había construido el bienestar que ese consenso pedía desmontar. El ajuste no reformó lo que existía: profundizó lo que ya era.
Lo que la historia exige reconocer
No se trata de construir una narrativa de victimización ni de ignorar las responsabilidades internas de las propias clases políticas y empresariales latinoamericanas en trayectorias de largo plazo. La historia económica es compleja y rara vez admite una sola causa. Pero sí exige ser leída completa, sin amputar las partes que resultan incómodas para unos o para otros.
Lo que esa lectura muestra es que América Latina no fracasó en construir bienestar porque la idea fuera culturalmente inaplicable o económicamente inviable. Fracasó porque las condiciones que en Europa forzaron las concesiones redistributivas —la presión de un modelo alternativo, los sindicatos capaces de negociar, las reformas agrarias que crearon demanda interna, un Estado con capacidad institucional más o menos autónoma— fueron bloqueadas aquí por una combinación de élites que no estaban dispuestas a negociar y de una dinámica geopolítica que durante décadas confundió redistribución con subversión. Y cuando el comunismo cayó, el capital no redistribuyó de vuelta lo que había acumulado durante la ventaja. Simplemente siguió avanzando.
Por eso esta discusión no debería reducirse a una pulseada doctrinaria entre más o menos Estado, ni a una competencia de eslóganes sobre crecimiento, libertad económica o disciplina fiscal. Lo que está en juego es algo más concreto y más decisivo para el mundo del trabajo: si las sociedades aprenden de su historia o vuelven a pedirles a los mismos de siempre que soporten el costo de experimentos que ya fracasaron demasiadas veces. La historia económica comparada no dice que exista una fórmula única, pero sí deja una advertencia difícil de esquivar: cuando el trabajo, los derechos sociales y la distribución pasan a ser tratados casi exclusivamente como rigideces, amenazas o estorbos para crecer, lo que suele fortalecerse no es una prosperidad más sólida, sino estructuras de concentración que después erosionan la cohesión social, debilitan la democracia y obligan a reabrir, bajo nuevas crisis, las mismas preguntas no resueltas.
Ahí está el verdadero punto para América Latina y para Chile. Un continente que nunca pudo construir el pacto redistributivo que Europa sí levantó —impulsado, paradójicamente, por factores que aquí operaron en sentido inverso— no está debatiendo simplemente cuánto bienestar puede recortar. Está debatiendo, todavía, si será capaz de construirlo alguna vez sin que la discusión vuelva a quedar capturada por el péndulo, el miedo o la caricatura. Esa no es una pregunta abstracta ni académica. Es una pregunta que atraviesa salarios, salud, educación, seguridad material, productividad y dignidad. En otras palabras: atraviesa la vida entera del trabajo. Y si algo enseña la historia, es que cuando una sociedad responde esas preguntas solo con fe, tarde o temprano termina pagando por ello un precio mucho más alto que el que creyó evitar.
