Por RH Management
La secuencia impresiona por su persistencia. La Tercera publicó el 27 de junio de 2014 “Efectos de la reforma laboral en la economía”; el 6 de abril de 2015, “Alberto Salas: ‘Hay que enfocarnos en la productividad y para eso debemos terminar con el tema de las reformas’”; y el 2 de junio de 2022, “Gobierno buscará que proyecto de reducción de jornada laboral a 40 horas no afecte la productividad”. En el circuito de El Mercurio, Emol publicó el 22 de marzo de 2022 “Alza del salario mínimo y ‘40 horas’: ¿Cómo se conjuga la agenda laboral del Gobierno con la productividad en Chile?”; el 10 de enero de 2024, “Productividad en Chile volvió a caer en 2023 y en los últimos 15 años su crecimiento ha sido nulo”; y el 14 de enero de 2025, “Productividad en Chile anota un nulo avance en 2024 y se mantiene su largo estancamiento”. Cambian los gobiernos, cambian las coyunturas, cambian las reformas discutidas, pero el libreto permanece llamativamente estable: el trabajo y sus derechos aparecen una y otra vez bajo sospecha, mientras la productividad es presentada como un límite técnico superior, casi sagrado.
La pregunta no debería esquivarse. Si esta narrativa lleva tantos años dominando la discusión económica chilena, ¿por qué la productividad sigue estancada? Si la advertencia técnica ha sido tan insistente, ¿por qué no produjo el salto prometido? Y, sobre todo, si cada debate sobre salario mínimo, jornada laboral o negociación colectiva vuelve a formularse como una amenaza para el crecimiento, ¿cómo se explica que el período históricamente más exitoso del capitalismo avanzado haya coincidido, precisamente, con más Estado, más gasto social, más negociación colectiva, más impuestos progresivos y más densidad institucional? Como ya intentamos mostrar en “Lo que los balances no muestran”, la historia casi nunca entra al balance, pero termina reapareciendo en sus resultados; y como advertimos en “Cuando el poder incendia el orden”, cuando las élites pierden memoria, la factura termina bajando sobre el trabajo, el comercio y la democracia.
Datos contra dogmas
El nuevo “Informe sobre desigualdad de ingresos en Chile”, elaborado por la División Observatorio Social de la Subsecretaría de Evaluación Social del Ministerio de Desarrollo Social y Familia y publicado en marzo de 2026, obliga a reabrir esa discusión desde un punto de partida mucho menos complaciente. El informe sostiene que, al corregir la subrepresentación de los ingresos más altos integrando la encuesta Casen, registros del Servicio de Impuestos Internos y Cuentas Nacionales, la concentración real resulta mucho mayor de lo que durante años se creyó: el 10% más rico concentra cerca de la mitad del ingreso nacional, mientras el 50% con menores ingresos reúne solo alrededor de un 15%. En su estimación ajustada para 2022, el 10% de mayores ingresos concentró 53,9% del ingreso de mercado; el 1% más rico, 19,7%; y el 0,1%, 5,1%. Dicho en simple: una fracción muy pequeña de la población capta una parte gigantesca del ingreso antes de impuestos y transferencias.
Lo más relevante, sin embargo, es que el propio informe oficial no deja la desigualdad solo en el terreno tributario. En sus conclusiones plantea tres pilares para reducirla: un mercado laboral inclusivo, un régimen tributario progresivo y eficiente, y un sistema de protección social robusto. Y en su apartado sobre “mercado laboral y estructura productiva” dice algo decisivo para esta editorial: las brechas salariales entre sectores, la convivencia entre empleos formales de alta productividad y ocupaciones informales o precarias, la baja densidad sindical y la ausencia de negociación colectiva sectorial limitan la capacidad redistributiva de los salarios e inciden directamente en la dispersión del ingreso de mercado. Es decir, el diagnóstico oficial del Estado chileno no describe la organización laboral como un costo accesorio del crecimiento, sino como parte del problema distributivo central.
Ese diagnóstico se vuelve todavía más concreto cuando el mismo informe entra en bienestar. En el primer decil —es decir, en el 10% con menores ingresos— 49,2% de las personas declara que su educación les ha entregado “nada” o “pocas” oportunidades para obtener mayores ingresos; en el décimo decil —el 10% con mayores ingresos— esa proporción baja a 10,5%. En salud, 13,9% de las personas del primer decil reporta tener un estado de salud malo o muy malo, frente a 4,4% en el décimo decil. La desigualdad deja así de ser una cifra abstracta sobre ingresos y aparece como experiencia material: menos oportunidades, peor salud, más fragilidad cotidiana. Para el mundo del trabajo, la pregunta se vuelve ineludible: ¿de qué sirve repetir durante años que todo debe subordinarse a la productividad si esa misma economía sigue produciendo brechas tan profundas en educación, salud, seguridad material y acceso al ingreso?
La época dorada
Conviene entonces dar un paso atrás y volver a la historia económica. Enric Tello Aragay, doctor en Geografía e Historia y catedrático del Departamento de Historia Económica, Instituciones, Política y Economía Mundial de la Universidad de Barcelona, dedica su módulo “La aceleración del crecimiento (1950-1973)” a lo que llama, con razón, la época dorada: las décadas de mayor crecimiento económico conocidas hasta entonces en tiempo de paz en los países desarrollados. En ese texto muestra que la participación del Estado en la economía, medida a través del gasto público, pasó en los países de la Ocde del 30% del producto interno bruto en 1955 a cerca del 45% en 1976. Ese solo dato ya debería bastar para cuestionar cierta pedagogía mediática chilena que sigue hablando como si Estado y dinamismo económico fueran fuerzas naturalmente opuestas.
Pero Tello no se queda ahí. También plantea que una parte importante de esa transformación estuvo en el aumento del gasto social y en la consolidación del Estado del bienestar. Y cita a Peter Lindert para desmontar, con evidencia de largo plazo, dos advertencias que se parecen demasiado a las que todavía circulan hoy en Chile: la idea de que una presión fiscal alta desincentiva automáticamente la inversión privada y la idea de que subsidios más generosos desmotivan el trabajo. Su formulación es muy clara: existe una abundante retórica sobre esos presuntos efectos, pero los estudios econométricos de largo plazo aportan desmentidos interesantes. No es una frase menor. Es una impugnación frontal a décadas de sentido común tecnocrático.
La evidencia de esa época es todavía más incómoda para la ortodoxia. Tello muestra que en Europa occidental la renta por persona creció a un promedio de 4% anual durante la época dorada, mientras en América Latina lo hizo al 2,6%, y en Reino Unido y Estados Unidos al 2,4%. La comparación con la etapa posterior es igual de elocuente: en el módulo sobre la segunda globalización, Tello consigna que Europa occidental pasó de crecer 4,1% anual en producto interno bruto por habitante entre 1954 y 1973 a solo 1,9% entre 1974 y 2008; América Latina, de 2,6% a 1,2%; y el mundo, de 2,9% a 1,8%. La desaceleración posterior no borró la lección. La confirmó.
Las series históricas de Angus Maddison permiten afinar todavía más ese contraste. Japón creció al 8,1% anual entre 1950 y 1973; Alemania, al 5,0%; Italia, al 4,9%; Francia, al 4,0%; y España, al 5,6%. Europa occidental, en conjunto, avanzó al 4,1% anual, frente al 0,8% del período 1913-1950. Y cuando se mira la productividad por hora trabajada, el salto es igual de elocuente: Francia pasó de crecer al 1,54% anual entre 1913 y 1950 a 5,01% entre 1950 y 1973; Alemania, de 0,47% a 5,83%; Japón, de 1,75% a 7,27%; y España llegó a 5,99%. Incluso Estados Unidos, ya más cerca de la frontera tecnológica, avanzó al 2,57% anual en productividad del trabajo durante esas décadas. Dicho de otra manera: el gran período de expansión del capitalismo avanzado no fue mediocre ni en crecimiento ni en productividad. Fue, justamente, extraordinario en ambas dimensiones.
Japón rompe dogmas
Japón merece detenerse un momento, porque aquí no estamos ante una nota al pie, sino ante uno de los golpes más duros contra el mantra contemporáneo. Un país derrotado y devastado por la guerra pasó de crecer apenas 0,9% anual por habitante entre 1913 y 1950 a 8,1% entre 1950 y 1973. Su productividad por hora trabajada se multiplicó casi por cinco, de 2,1 a 10,3 dólares internacionales de 1990, y su productividad laboral creció 7,27% anual en ese mismo período. Nada de esto ocurrió bajo una receta de Estado mínimo, salarios deprimidos o simple desprotección del trabajo. Ocurrió dentro del gran arreglo de posguerra: coordinación pública, difusión tecnológica, inversión, transformación agraria, expansión educativa, estabilidad monetaria internacional y un capitalismo mucho más regulado que el actual. Dicho de otra manera: el llamado “milagro japonés” no confirma el dogma contemporáneo sobre crecimiento y productividad; lo desmiente con una contundencia difícil de esquivar.
Los datos sobre desarrollo humano permiten aterrizar todavía mejor lo que eso significó en la vida real. Nicholas Crafts, a partir de Maddison Project Database, muestra que Alemania pasó de un índice de desarrollo humano de 0,744 en 1950 a 0,876 en 1975; Francia, de 0,729 a 0,846; Italia, de 0,668 a 0,827; España, de 0,627 a 0,817; y Japón, de 0,676 a 0,851. No se trató solo de producir más, sino de vivir más y mejor. En Japón, por ejemplo, la esperanza de vida masculina pasó de 57,6 años en 1950 a 79,2 en 2007, y la femenina de 60,9 a 86,0; en Francia, los hombres pasaron de 63,4 a 77,4 años y las mujeres de 69,2 a 84,4. La mortalidad infantil, además, cayó de forma drástica en los países que desplegaron infraestructura sanitaria y salud pública a gran escala. Todo esto refuerza la misma idea: el Estado del bienestar no fue solo una política redistributiva. Fue también una tecnología social de desarrollo humano.
A ese cuadro hay que añadir una pieza decisiva, porque la edad dorada del capitalismo no descansó solo en políticas nacionales de gasto social, salarios más altos o expansión del bienestar. También se apoyó en la arquitectura internacional nacida de Bretton Woods en 1944. Enric Tello Aragay subraya que ese entorno proporcionó un marco estable y seguro para la reanudación de las relaciones comerciales y financieras internacionales hasta la crisis del dólar de 1971, mientras la apertura exterior y los procesos de integración regional favorecían la especialización productiva y el aprovechamiento de economías de escala. Francisco Comín Comín, catedrático de Historia Económica en la Universidad de Alcalá, por su parte, explica que el sistema monetario de Bretton Woods estableció tipos de cambio fijos vinculados al dólar-oro, mientras el Fondo Monetario Internacional y el Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento ayudaban a gestionar desequilibrios externos, y organismos como la Organización Europea de Cooperación Económica y la Unión Europea de Pagos facilitaron la reconstrucción, la convertibilidad gradual de las monedas europeas y la liberalización comercial intraeuropea. Dicho simple: la época dorada no fue solo más Estado social, más salarios y más derechos. También fue estabilidad monetaria internacional, regulación financiera y un marco multilateral que dio a los Estados mayor espacio para sostener empleo, inversión, bienestar y crecimiento.
Fiscalidad y bienestar
Francisco Comín Comín refuerza ese cuadro. En la síntesis compartida de “Historia Económica Mundial”, el capítulo sobre la edad dorada del capitalismo muestra que entre 1950 y 1973 los salarios reales crecieron a tasas del 3% al 4% anual en Europa occidental, la jornada laboral se estabilizó en 40 horas semanales con vacaciones pagadas, la esperanza de vida pasó de 65 a 72 años, la escolarización secundaria subió del 20% al 70%, el consumo calórico superó las 3.000 calorías diarias y el desempleo se mantuvo por debajo del 3% en la mayoría de los países de Europa occidental durante los años sesenta.
Y hay otro dato que conviene poner sobre la mesa, porque desmonta uno de los mitos más repetidos. Según esa misma reconstrucción de Comín, durante la edad dorada las tasas marginales máximas del impuesto a la renta alcanzaban entre 80% y 90% en Gran Bretaña y Estados Unidos. Al mismo tiempo, el gasto público total en Europa occidental pasó del 25% del producto interno bruto en 1950 al 40% en 1973, y el gasto social del 8% al 20%. Es decir, aquella etapa de crecimiento vigoroso, mejora salarial, expansión educativa y progreso sanitario no convivió con un Estado raquítico ni con impuestos livianos para los ingresos más altos. Convivió, precisamente, con sistemas tributarios mucho más progresivos que los actuales.
Los datos históricos sobre edad dorada agregan, además, un dato que suele quedar fuera del debate chileno. Según el Economic Policy Institute, la tasa corporativa efectiva en Estados Unidos fue de aproximadamente 49% en los años cincuenta, bajó al 38% en los sesenta y al 33% en los setenta. En 2020, en cambio, se ubicaba en torno al 13%. La conclusión del propio centro de estudios es tan directa como provocadora: no encontró evidencia de que ni la tasa marginal corporativa máxima ni la tasa efectiva marginal sobre los ingresos del capital estuvieran correlacionadas con un mayor crecimiento real del producto interno bruto. Dicho de forma simple: la promesa de que bajar impuestos a las empresas acelera por sí sola el crecimiento tampoco encuentra respaldo fácil en el período históricamente más exitoso del capitalismo occidental.
Productividad con reparto
El punto se vuelve más potente cuando se lo conecta con el tipo de crecimiento que esa etapa impulsó. Tello describe un círculo virtuoso basado en fuerte inversión, difusión tecnológica, expansión de la demanda y convergencia entre países socialmente preparados para adoptar el nuevo paquete técnico. La revolución verde elevó con fuerza la productividad del trabajo agrario: entre 1950 y 1973, el valor añadido por trabajador en el sector agroforestal y pesquero creció 4,6% anual en Inglaterra, 5,9% en Francia, 6,3% en Alemania, 5,4% en Estados Unidos y 7,3% en Japón. En industria y construcción, Japón llegó a 9,5%, Francia a 5,2% y Alemania a 5,6%. No hubo aquí un país atrasado que se desarrolló por pagar menos o por disciplinar más a sus trabajadores. Hubo inversión, cambio técnico, mercados internos más robustos y sociedades capaces de absorber productivamente esos avances.
Y tampoco hubo aquí un mercado laboral débil o silencioso. La síntesis complementaria recuerda que en 1954, en el punto más alto de afiliación sindical en Estados Unidos, entre 35% y 36% de la fuerza laboral estaba organizada; en el Reino Unido, 44,8% de los trabajadores estaba sindicalizado en 1970; y en los países nórdicos las tasas superaban el 60% o 70%. Ese poder sindical formó parte del círculo virtuoso descrito por Tello: aumentos de productividad que se difundían a las familias trabajadoras como salarios reales, consumo masivo de nuevos bienes durables e impulso renovado a la inversión. Al mismo tiempo, la desigualdad se comprimió de manera histórica. Utilizando series compiladas por Andrew Leigh y comentadas por Paul Krugman, la síntesis muestra que la participación del 10% más rico en los ingresos totales cayó desde el rango del 35%-45% en 1939 al rango del 25%-35% en 1973 en la mayoría de los países de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos. No es un detalle menor: crecimiento alto, productividad fuerte y menor desigualdad avanzaron juntos durante un largo tramo.
Tomados en conjunto, los datos de Tello, Comín, Maddison, Crafts y la evidencia tributaria y sindical reunida en la síntesis complementaria no acompañan decorativamente la tesis de esta editorial: la vuelven mucho más difícil de eludir. Si el período de mayor crecimiento, mayor productividad y mayor mejora del bienestar convivió con tasas marginales máximas de 80% a 90%, con tributación corporativa efectiva mucho más alta que la actual, con sindicatos fuertes y con negociación sectorial extendida, entonces el vínculo casi automático que buena parte del debate público chileno sigue haciendo entre derechos laborales, impuestos altos, Estado activo y estancamiento económico deja de parecer una verdad técnica. Pasa a verse, más bien, como un dogma repetido con lenguaje de sensatez.
También “Poder y progreso” obliga a repensar esta discusión. Daron Acemoglu, profesor del Instituto Tecnológico de Massachusetts y Nobel de Economía 2024, y Simon Johnson, profesor de la Escuela de Administración Sloan del mismo instituto, ex economista jefe del Fondo Monetario Internacional y Nobel de Economía 2024, sostienen que el tren de la productividad solo se pone en marcha bajo condiciones muy concretas: competencia real entre empresas, poder de negociación para los trabajadores y tecnologías que no se limiten a sustituirlos, sino que aumenten su productividad y su demanda. En el libro muestran que durante las décadas de posguerra la automatización fue rápida, pero estuvo acompañada de innovaciones que aumentaban la productividad por trabajador y de un contexto social que fomentaba negociación colectiva y competencia. Por eso los salarios reales crecieron cerca de 3% anual entre 1949 y 1973, tan rápido como la productividad o incluso más.
Ese argumento dialoga de manera muy fértil con otra experiencia que el libro subraya: el acuerdo de Saltsjöbaden de 1938 en Suecia. Allí se fijaron salarios por sectores, se compartieron beneficios y aumentos de productividad con los trabajadores, y se amplió la legislación pública y los programas de bienestar. Lo notable es que, según Acemoglu y Johnson, ese marco no destruyó productividad: la sostuvo. Las empresas debían negociar con sindicatos y pagar salarios altos, pero justamente por eso tenían un incentivo más fuerte para invertir en tecnología respetuosa con la mano de obra. La negociación colectiva sectorial no aparecía como obstáculo a la eficiencia, sino como una de sus condiciones.
El péndulo chileno
La discusión chilena actual no está tan lejos de este punto como a veces se cree. El mensaje presidencial del 9 de enero de 2026 que inició el proyecto para regular un sistema de negociación colectiva multinivel sostenía expresamente que, para un país que aspira a estándares de desarrollo, productividad y equidad, resultaba impostergable dotar al sistema de una estructura coordinada, capitalizando los beneficios económicos asociados a una alta cobertura de negociación y una mejor coordinación de sus niveles. También defendía la negociación colectiva como vehículo de distribución justa de la riqueza, mejora de la calidad de vida y motor probado de eficiencia y desarrollo económico sostenible. El problema fue político antes que técnico: se trató de una propuesta impulsada por un gobierno saliente y el 17 de marzo de 2026, apenas setenta días después de su ingreso, el nuevo Ejecutivo retiró el proyecto de su tramitación en el Congreso. Más allá de la posición que cada cual tenga sobre el contenido, el episodio volvió a retratar ese péndulo chileno que ya hemos discutido en otras editoriales: una conversación estructural termina absorbida por la polarización y por la lógica del reemplazo, no de la construcción de Estado.
En este punto conviene recordar que las políticas de la posguerra no salieron solo de John Maynard Keynes. También de William Beveridge, economista y reformador social británico cuyo informe sobre seguros sociales y servicios aliados, publicado en 1942, se convirtió en uno de los planos fundamentales del bienestar de posguerra en el Reino Unido. Su premisa era contundente: la filantropía no bastaba; se necesitaba una arquitectura estatal coherente para enfrentar desempleo, enfermedad, ignorancia, miseria y necesidad. Keynes aportó la crítica macroeconómica a la depresión; Beveridge ayudó a diseñar el andamiaje social del nuevo pacto. Esa conversación, mirada desde Chile hoy, parece menos antigua de lo que a veces se cree.
La pregunta de fondo para el actual mundo del trabajo chileno, entonces, no es si la productividad importa. Claro que importa. La pregunta es qué idea de productividad se ha vuelto dominante y a favor de quién opera. ¿Es productividad la que se construye sobre salarios comprimidos, baja densidad sindical, negociación fragmentada y sectores de baja complejidad? ¿O es productividad la que nace de inversión, salud, educación, innovación, demanda interna más robusta, diálogo social y una distribución del ingreso que permita ensanchar mercados en vez de achicarlos? El propio Tello, al analizar América Latina durante la época dorada, advierte que la incapacidad de reformar el sector agrario y reducir la fuerte desigualdad social limitó la creación de mercados internos con suficiente capacidad de demanda. No es un detalle periférico. Es una pista histórica mayor: la desigualdad también puede frenar el crecimiento.
Desde esa perspectiva, el contraste con parte de la narrativa mediática chilena se vuelve más nítido. La secuencia de titulares de la última década ha ayudado a instalar la idea de que cualquier avance laboral importante debe primero demostrar que no dañará productividad, empleo o competitividad. Pero la evidencia histórica más robusta sugiere algo distinto: las economías que mejor crecieron y mejor repartieron no fueron las que esperaron a enriquecerse para después volverse sociales. Fueron las que institucionalizaron, al mismo tiempo, crecimiento, productividad y reparto. No a pesar del bienestar, sino en buena medida con él. Y eso dialoga, además, con las dos editoriales anteriores que venimos trabajando en esta serie: una sobre las bases institucionales de la prosperidad y otra sobre el costo histórico de olvidar esas bases cuando el poder económico pierde horizonte.
Conviene decirlo con equilibrio, pero también con claridad. Nada de esto significa que cualquier nivel de gasto, cualquier impuesto o cualquier diseño institucional produzca crecimiento por sí mismo. La historia económica no entrega recetas mecánicas. Lo que sí muestra, con una consistencia demasiado fuerte como para barrerla bajo la alfombra, es que las afirmaciones tajantes que hoy dominan parte de la conversación pública —menos Estado para crecer, menos impuestos para invertir, menos negociación para producir, menos derechos para competir— no tienen detrás la contundencia histórica que suelen aparentar. Y cuando esa distancia entre evidencia y discurso se vuelve rutina, lo que opera ya no es la técnica: es la ideología.
Memoria para crecer
Por eso la interpelación final debe dirigirse a quienes hoy piensan el trabajo desde gerencias, ministerios, directorios, gremios, universidades y sindicatos. Si Chile tiene una productividad estancada desde hace años, una desigualdad mucho más alta de la que se creía, una concentración brutal del ingreso en la cima y brechas materiales persistentes en salud, educación y oportunidades, ¿de verdad tiene sentido seguir recitando el mismo repertorio técnico? ¿No ha llegado la hora de preguntarse si una economía con salarios más redistributivos, negociación más coordinada, mayor densidad sindical, mejor protección social y más inversión pública estratégica podría ser no menos, sino más productiva? ¿No será que el verdadero dogma es seguir llamando “realismo” a un enfoque que lleva años sin entregar los resultados que promete?
La historia no garantiza respuestas mecánicas. Pero sí ofrece algo que hoy hace mucha falta en Chile: proporción, memoria y evidencia. Y la evidencia dice, con bastante fuerza, que el período más exitoso del capitalismo no se construyó contra el trabajo ni contra el bienestar, sino con ellos. Por eso, cuando mañana vuelva a aparecer otro titular advirtiendo que salarios, jornada o negociación colectiva amenazan el crecimiento, convendrá recordar la secuencia con la que esta editorial comenzó. No porque toda crítica a una reforma esté equivocada, sino porque el mantra del crecimiento y el dogma de la productividad también pueden convertirse en una forma de amnesia. Y la historia económica ya mostró demasiado bien lo que ocurre cuando una sociedad repite sus consignas técnicas con más fe que memoria: termina defendiendo, en nombre de la eficiencia, exactamente lo contrario de aquello que alguna vez la hizo prosperar.
