Por Scarlett Watson. Fundadora Fundación Fuera Acosadores.
El reciente fallo del 2° Juzgado Civil de Chillán, que acreditó la responsabilidad del Estado en la muerte de la Tens Karin Salgado, marca un antes y un después en la forma en que entendemos la relación entre trabajo, salud mental y deber de protección. La sentencia estableció que el Servicio de Salud de Ñuble incumplió gravemente su obligación de resguardar la seguridad de Karin, al no actuar frente a un acoso laboral sistemático que deterioró su salud mental y culminó en su suicidio.
Este reconocimiento judicial no solo valida el dolor de una familia y de una comunidad, sino que abre un camino para que la sociedad enfrente con seriedad los riesgos psicosociales en el trabajo.
De la sanción a la prevención
La llamada Ley Karin (Ley 21.643) surge como respuesta a este caso, pero su espíritu va más allá de sancionar. Nos recuerda que la prevención no es un eslogan, sino una práctica cotidiana que debe integrarse en las instituciones públicas y privadas.
Prevenir significa educar, acompañar y transformar las culturas laborales. No basta con protocolos archivados: se requiere una convicción institucional que enseñe a reconocer señales de alerta, que capacite en la gestión respetuosa de conflictos y que active mecanismos de apoyo antes de que el daño sea irreversible.
La educación como herramienta de cambio
Educar para prevenir implica comprender los riesgos psicosociales en toda su complejidad: el estrés crónico, el hostigamiento, la sobrecarga y la falta de apoyo no son “problemas menores”, sino factores que pueden destruir vidas.
Las experiencias internacionales, desde la Organización Internacional del Trabajo hasta programas europeos de salud ocupacional, muestran que la educación preventiva es clave para integrar la salud mental como derecho fundamental. Esto supone formación continua, diagnóstico temprano y un compromiso real con la dignidad de las personas.
La prevención no es tarea exclusiva de los directivos ni de los departamentos de recursos humanos. Es una responsabilidad compartida: líderes, equipos y trabajadores deben estar preparados para identificar riesgos, gestionar relaciones laborales saludables y activar redes de apoyo.
El acoso laboral no se erradica solo con sanciones, se transforma desde la raíz, construyendo culturas organizacionales que valoren el respeto y la empatía como pilares de la productividad y del bienestar.
El caso de Karin es un llamado ético y profesional, no podemos permitir que otra persona pague con su vida la omisión de un sistema que pudo haber actuado antes. La justicia para Karin nos recuerda que el trabajo y la salud mental están inseparablemente ligados, y que la prevención debe ser integral, proactiva y sostenida.
Este caso no es un hecho aislado, sino un síntoma de un problema estructural. Según el balance oficial de la Ley Karin, entre agosto de 2024 y junio de 2025 se registraron 44.212 denuncias por acoso laboral, sexual y violencia en el trabajo, siendo la atención psicológica temprana la medida más aplicada en el 71% de los casos.
Estos datos muestran que la salud mental laboral es un desafío urgente y que la prevención debe ser integral: educación continua, diagnóstico temprano y transformación cultural.
La justicia para Karin nos recuerda que la dignidad en el trabajo no puede depender de sentencias tardías, sino de políticas vivas que protejan la vida antes de que el daño ocurra.
Educar para prevenir es, en definitiva, educar para cuidar la vida.
Las palabras tejidas en esta columna son el eco singular del autor, sin ataduras ni corsés editoriales. Aquí, la responsabilidad recae en quien escribe, no en las creencias de RH Management
