Por RH Management
Hay contradicciones que son ruido político y otras que son radiografías. La que nos ocupa pertenece a la segunda categoría, porque no enfrenta solo a un gobierno con otro, ni a la izquierda con la derecha, sino al Estado chileno consigo mismo, por escrito y en un plazo de seis meses.
La pregunta no es si Chile necesita más adaptabilidad laboral. La emergencia del empleo existe, y negarla sería tan irresponsable como negar la desigualdad salarial que cruza al mercado del trabajo. La pregunta es bajo qué arquitectura institucional esa adaptabilidad se negocia, se distribuye y se controla. Dicho de otra forma: quién se sienta en la mesa cuando se escriben las reglas.
El primer documento es el “Informe sobre desigualdad de ingresos en Chile” del Observatorio Social del ministerio de Desarrollo Social, publicado en marzo de 2026. Es un hito técnico: por primera vez el Estado corrigió sus mediciones con datos administrativos del Servicio de Impuestos Internos, siguiendo la metodología de la Cepal y del World Inequality Lab. Los resultados desmontan dos décadas de autocomplacencia estadística.
El 10% más rico no concentra un tercio del ingreso de mercado, como decían las encuestas, sino más de la mitad: 53,9%. El 1% captura el 19,7%. La distancia entre el décimo superior y el décimo inferior no es de 103 veces, sino de 230. En riqueza, el 1% acumula cerca de la mitad del patrimonio nacional, mientras el 50% de los hogares chilenos tiene riqueza neta negativa: sus deudas superan sus activos. Y el dato dinámico más incómodo es que la desigualdad del ingreso de mercado no registra variación estadísticamente significativa entre 2006 y 2022. Dieciséis años de crecimiento, reformas, estallido y pandemia no la movieron.
Frente a ese diagnóstico, el informe oficial no se limita a describir. Recomienda. Y recomienda con un lenguaje que en Chile suele evitarse en los documentos técnicos: reducir la desigualdad exige un “pacto social por el trabajo decente” que incluya, textualmente, “instaurar la negociación colectiva sectorial y elevar la productividad” como palancas “centrales para incidir en la desigualdad de ingresos desde su origen”. No lo dice una central sindical ni un centro de estudios de oposición: lo dice el Estado de Chile en la página 157 de su informe oficial sobre desigualdad.
El segundo documento es el “Informe final de la mesa de reactivación laboral”, entregado el 26 de junio al ministro del Trabajo. Sus 22 propuestas contienen aportes valiosos que esta editorial no arrastrará en la crítica: la sala cuna universal que elimina un impuesto encubierto a la contratación de mujeres, el sistema de cuidado extraescolar, la formación dual para los 170 mil estudiantes de la educación técnico-profesional y la apertura de los microdatos del Estado.
Pero su bloque regulatorio descansa sobre un diagnóstico único: el trabajo en Chile se encareció demasiado. Desde ahí propone promediar la jornada en hasta 52 semanas, ampliar la polifuncionalidad, reponer causales de despido y encaminar la eliminación de la indemnización por años de servicio. Todo ello con un silencio de fondo: en 35 páginas dedicadas al empleo, la palabra sindicato no aparece. La negociación colectiva se menciona dos veces, ambas para describir cómo funcionan Alemania, Países Bajos, Francia y Portugal.
La paradoja de la página 27
Ese ejemplo europeo merece detenerse, porque contiene la contradicción en miniatura. Para justificar la flexibilización de la jornada, la “Mesa” cita correctamente la evidencia comparada: en los países Ocde que permiten promediar horas de trabajo a lo largo del año, la extensión se pacta mediante negociación colectiva. Y agrega, también correctamente, que Chile, con una cobertura de negociación colectiva inferior al 30% —frente a tasas superiores al 65% en Francia y Portugal—, carece de los canales institucionales que en esos países permitieron intercambiar reducción de jornada por flexibilidad operativa.
La conclusión lógica de ese párrafo sería fortalecer esos canales. La de la “Mesa” fue importar la flexibilidad por ley y dejar los canales donde están. Alemania no tiene sus mecanismos de adaptabilidad a pesar de sus sindicatos: los tiene gracias a ellos.
El punto no es menor. Los premios Nobel de Economía 2024 —Daron Acemoglu, Simon Johnson y James Robinson— llevan más de una década documentando por qué las instituciones importan para distribuir poder, productividad y prosperidad. En “Por qué fracasan los países”, Acemoglu y Robinson formularon la tesis que la Academia Sueca terminaría premiando: el desarrollo sostenido se asocia con instituciones económicas y políticas inclusivas, mientras las instituciones extractivas tienden a capturar rentas para unos grupos en desmedro de otros.
Una década después, Acemoglu y Johnson llevaron ese argumento al terreno del trabajo y la tecnología en “Poder y progreso”: la productividad no se transforma automáticamente en bienestar cuando no hay competencia real, cuando los trabajadores tienen poco poder de negociación o cuando la automatización se usa de manera intensiva para abaratar tareas. No se trata de suponer mala fe empresarial. Se trata de reconocer que, si nadie representa la alternativa en la mesa, el incentivo natural será reducir costos laborales antes que repartir mejor los beneficios.
La historia económica chilena es un archivo de esa mecánica. La negociación por rama está institucionalmente bloqueada desde el “Plan Laboral de 1979”. Cuarenta y siete años después, dos fuentes convergen: según el INE, la mitad de las personas ocupadas percibió en 2024 ingresos iguales o inferiores a $611.162; según la Casen 2024, la mediana es $600.000 líquidos. Además, seis de cada diez asalariados privados con jornada completa que arriendan su vivienda no logran sacar de la pobreza a un hogar de tres personas con su sueldo. El problema chileno no es solo el precio del despido. Es, sobre todo, el precio del trabajo.
Seamos precisos, porque la precisión es la diferencia entre una convicción y una consigna. Cuando el gobierno de Kast retiró en marzo el proyecto de negociación multinivel ingresado en enero, este medio no lo defendió acríticamente. Escribimos entonces que, con una sindicalización de 18,9%, una cobertura de 19,5% en el sector privado y una fragmentación sindical extrema, una negociación ramal mal diseñada podía ampliar el poder de los sectores mejor organizados y dejar atrás al comercio y los servicios atomizados. Ese reparo sigue en pie.
Pero una cosa es retirar un proyecto perfectible y otra es terminar la conversación. Lo que ocurrió entre enero y junio fue lo segundo: el Estado ingresó, recomendó, retiró y finalmente silenció la misma idea, sin que en ningún punto del trayecto se convocara la mesa amplia que la evidencia exige.
A quién se escucha
¿Cómo se explica que el mismo Estado produzca, en noventa días, dos marcos incompatibles? La respuesta menos conspirativa es también la más inquietante: depende de quién está en la sala.
La “Mesa de reactivación laboral” reunió a nueve profesionales de indiscutible calificación —ocho economistas y una abogada, con posgrados en Harvard, Columbia, Stanford, Michigan y Rochester—, pero ninguno proviene del mundo del trabajo organizado, del derecho laboral ejercido desde el lado del trabajador ni de las disciplinas que estudian el empleo más allá de su precio. Las organizaciones hablaron vía audiencias breves cuyo material, admite el propio informe, la “Mesa” no pudo procesar.
Algunas propuestas empresariales, en cambio, entraron al texto con nombre propio. La agenda que hoy impulsa el ejecutivo —indemnización a todo evento, ciclos de jornada, contratos por hora— es reconocible en el documento que la Sofofa presentó a la instancia. La CUT apareció en el circuito de siempre: el comunicado de rechazo, seis días después, cuando el texto ya estaba escrito. Unos redactan insumos; otros escriben protestas.
El historiador económico Javier Rodríguez Weber reconstruyó 160 años de desigualdad chilena, entre 1850 y 2009, y su hallazgo es una advertencia directa para este momento: todos los períodos en que la desigualdad aumentó coincidieron con regímenes autoritarios o democracias tuteladas, es decir, con etapas en que los trabajadores no tenían voz en las reglas.
El episodio más elocuente es el que más se parece al actual: entre 1903 y 1913, en pleno auge salitrero y con la organización obrera reprimida, el ingreso medio del país creció 1,9% anual, pero los salarios de los trabajadores no calificados cayeron 1,5% cada año. Al mismo tiempo, el 1% más rico capturaba el 55% de todo el crecimiento y elevaba su participación en el ingreso nacional de 14% a 25%. Creció la economía; se empobreció la mayoría. La prosperidad sin poder de negociación ya se probó en Chile, con resultados medidos.
La continuidad incomoda: el 1% capturaba cerca del 29% del ingreso entre 1913 y 1937, y un 32,8% —incluidas utilidades retenidas— a comienzos de los 2000. Un siglo después, las magnitudes persisten. La conclusión de Rodríguez Weber es que la desigualdad chilena no es un resultado natural del mercado, sino un fenómeno político: se fabrica exactamente ahí, en quién escribe las reglas.
En nuestro reportaje reciente sobre la agenda laboral de Kast, el investigador en derecho del trabajo y director académico del magíster en derecho laboral y seguridad social de la UAI, Sergio Gamonal, lo formuló con precisión: toda política laboral responde a una visión ideológica; la diferencia está en si esa visión se apoya en evidencia o se transforma en dogma. Añadió además un dato que ningún vocero oficial ha refutado: no existe evidencia empírica concluyente de que reducir derechos laborales produzca, por sí solo, un aumento sostenido del empleo.
El doctor en historia económica y académico del Departamento de Ciencias Históricas de la Universidad de Chile, Mario Matus, ofreció en el mismo reportaje una vara útil para distinguir reforma de dogma: la anualización de jornada puede tener sentido en sectores estacionales, pero acotada, con límites y mediante negociación colectiva. Es decir, justo lo que indica la evidencia europea citada por la propia “Mesa”, y precisamente lo que su propuesta omite.
Hay algo que el mundo de la gestión de personas —nuestro mundo— sabe desde hace décadas y que la conducción pública insiste en olvidar: conversar no es ingenuidad, es gestión. En las empresas serias de este país operan gerencias de relaciones laborales que negocian con sindicatos todos los días y llegan a acuerdos difíciles sin que nadie hable de rigidez. Un gabinete leído públicamente como el de mayor presencia empresarial en décadas debería ser el primero en saberlo. Que esa experiencia corporativa no se traduzca en práctica política de diálogo es, quizás, la paradoja más elocuente de todas.
Reconciliar al Estado consigo mismo
La emergencia del empleo es real. Chile acumula 40 meses con desocupación sobre el 8%, un 22,8% de desempleo juvenil y cuatro años de caída del empleo formal. Quienes defienden el statu quo regulatorio también deben responder por la mayoría que gana $600.000 o menos y rota entre contratos cortos e informalidad, a la que la actual indemnización por años de servicio protege poco y mal.
Ninguna de las dos urgencias es falsa. Lo que no resiste el estándar de evidencia es la secuencia elegida: procesar en semanas el desmonte de protecciones que costaron décadas, sin la contraparte en la sala, mientras la recomendación distributiva del propio Estado —negociación colectiva sectorial, pacto por el trabajo decente— duerme en un informe que nadie en el ministerio del Trabajo parece haber leído.
Nuestro reportaje cerró con la pregunta correcta: quién absorberá la incertidumbre de la transformación del trabajo, las empresas, el Estado o las y los trabajadores. Los documentos oficiales de 2026 permiten responderla con precisión: tal como está diseñada, la agenda en curso la traslada hacia quienes ya cargan con la mitad más desigual de la historia reciente.
En marzo escribimos que Chile necesita menos país del péndulo y más país de los acuerdos; que la prosperidad solo es sostenible cuando las instituciones son inclusivas. Tres meses después, el péndulo tiene fecha, número de páginas y firma.
Chile no necesita elegir entre crear empleo y repartir poder. La evidencia comparada que la propia “Mesa” cita demuestra que los países que lograron lo primero lo hicieron a través de lo segundo. Las señales de ruta, además, ya están escritas.
La OIT insiste en que el diálogo social —negociación, consulta e intercambio de información entre gobiernos, empleadores y trabajadores— es la herramienta central del trabajo decente, y que las políticas salariales diseñadas con evidencia y diálogo reducen pobreza e inequidad sin sacrificar la sostenibilidad de las empresas. La Ocde ha mostrado que los mejores resultados en empleo, productividad y salarios se dan donde los acuerdos sectoriales fijan marcos generales y dejan espacio a la negociación en cada empresa: flexibilidad y voz no son opuestos, son un diseño.
Los propios Nobel 2024 acaban de actualizar su recomendación para la era que viene. En su informe de febrero de 2026 sobre inteligencia artificial pro-trabajador, Acemoglu y Johnson —junto a David Autor— incluyen “aprovechar la voz de los trabajadores” entre las nueve direcciones de política para que la tecnología complemente a las personas en vez de abaratarlas. Si hasta la discusión sobre la IA exige sindicatos en la mesa, con mayor razón la discusión sobre la jornada y el despido.
Chile necesita que su Estado deje de contradecirse: que la mano que mide la desigualdad y la mano que redacta las reformas laborales pertenezcan al mismo cuerpo. Para eso requiere la mesa común que venimos reclamando desde marzo: sindicatos, empresas de todos los tamaños, academia y Estado.
La serie histórica es breve de contar y brutal de leer. Entre 1903 y 1913, con la organización obrera reprimida, el 1% capturó el 55% del crecimiento y el salario real cayó 28%, para recuperar su nivel recién en 1921. Tras el Plan Laboral de 1979, dictado sin contraparte sindical, la desigualdad volvió a subir y los salarios tardaron 25 años en recuperar el nivel de 1969. Con la negociación por rama todavía bloqueada, el Gini de mercado no se ha movido entre 2006 y 2022.
Tres episodios, tres siglos distintos, una sola constante: cada vez que las reglas del trabajo se escribieron sin los trabajadores, la cuenta la pagaron ellos. Mientras esa mesa común no exista, cada flexibilización sin contrapeso será lo que siempre fue: otra vuelta de la misma tuerca, apretada por los mismos, sobre los mismos.
