El crepúsculo del teletrabajo: los últimos bastiones en la lucha por la flexibilidad laboral

En la pospandemia, la batalla por mantener el teletrabajo se intensifica en España. Entre demandas y veredictos, descubre cómo la nueva normalidad laboral desafía las expectativas de trabajadores que buscan equilibrar su vida profesional desde cualquier rincón del país.

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Trabajar con vistas al mar o desde el sosiego de un pueblo cobró fuerza con la pandemia en 2020, cuando profesionales en España se acogieron al teletrabajo. Según Eurofound, tres de cada diez empleados iniciaron esta modalidad. Hoy, algunos enfrentan litigios con sus empresas para conservar dicha modalidad laboral, y los tribunales arbitran estos conflictos ponderando los intereses empresariales y los de los empleados.

En un caso reciente, un juzgado de Madrid desestimó la demanda de una trabajadora del sector informático que solicitaba teletrabajar el 90% del tiempo. La negativa se basó en las necesidades organizativas del banco, imponiéndose sobre la “decisión personal de traslado del lugar de residencia de forma unilateral”. No obstante, un tribunal de Avilés respaldó el derecho de una investigadora a teletrabajar desde otro lugar, valorando la atención que le proporcionaba a un menor y sin que se verificarán perjuicios aparentes para la compañía durante el periodo trabajado a distancia.

La tendencia de casos jurídicos vinculados al teletrabajo ha aumentado significativamente desde 2019. El Estatuto de los Trabajadores en España posibilita la adaptación de la jornada para conciliar la vida familiar, incluyendo el cuidado de hijos menores de doce años, pero esto no se traduce en una autorización incondicional de teletrabajo. Los trabajadores no pueden asumir un “derecho al traslado” sin justificaciones válidas.

El diálogo entre empleado y empresa es crucial para acordar el teletrabajo. Se espera una “respuesta oficial” en un plazo máximo de quince días y las propuestas deben ser “razonables y proporcionadas”. Las compañías, por su parte, deben fundamentar objetivamente cualquier rechazo a la solicitud de teletrabajo.

Pese a que algunos trabajadores puedan considerar el teletrabajo como un derecho adquirido, la mayoría de los expertos difiere. La implementación de esta modalidad durante la pandemia no garantiza automáticamente su continuidad. Aun así, puede haber argumentos para sostenerlo si la empresa no ha formalizado un acuerdo post-pandemia y ha permitido el teletrabajo sin objeciones.

Desacatar las órdenes de reincorporación a la oficina puede conllevar sanciones, incluyendo el despido. Como ocurrió en El Prat de Llobregat, donde un empleado fue despedido tras ignorar las instrucciones de retorno a la presencialidad. Los expertos recuerdan que incumplir órdenes legítimas puede resultar en sanciones severas.

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