El informe de Lancet Countdown, publicado por The Lancet, alerta que el cambio climático está alcanzando niveles récord de impacto sobre la salud global en 2023, un hecho confirmado por los datos entregados y difundidos por El País. Un grupo de 122 expertos internacionales ha evaluado 15 indicadores de salud afectados por el calentamiento global y concluye que diez de ellos han registrado nuevos máximos. Entre los riesgos identificados, destaca un aumento del 167% en la mortalidad de personas mayores de 65 años relacionada con el calor y el avance de enfermedades infecciosas como el dengue, la malaria y el virus del Nilo Occidental en áreas antes libres de estas dolencias.
La información, proporcionada por El País, llega en vísperas de la cumbre climática COP29 en Bakú, y evidencia cómo los gobiernos y las empresas energéticas siguen apoyando el uso de combustibles fósiles a pesar de sus riesgos. “Las petroleras están reforzando la dependencia global de estos combustibles, incentivadas por las altas ganancias y los precios elevados de la energía”, advierte el informe.
Las proyecciones indican que para 2040, si se mantienen los planes de expansión, las emisiones de estas empresas excederán en un 189% el límite necesario para frenar el calentamiento a 1,5 grados Celsius. Este análisis, entregado por El País, muestra cómo las compañías de petróleo y gas —responsables del 80% de la producción mundial— están intensificando su impacto a nivel global.
A pesar de la urgencia climática, el informe señala que los gobiernos continúan subsidiando la producción de energía fósil. Solo en 2022, las ayudas globales a los combustibles fósiles alcanzaron 1,4 billones de dólares, bloqueando el avance de energías renovables y perpetuando un modelo energético perjudicial para la salud. Con este análisis, El País subraya el riesgo de una transición energética desigual que deje en desventaja a las naciones en desarrollo, según han advertido la ONU y otros organismos.
El informe cierra con un llamado a la acción para que, en la COP29, los gobiernos se comprometan a una transición justa y establezcan mecanismos financieros que permitan avanzar hacia un sistema energético sostenible y saludable.
