En México, alrededor de 30 millones de personas asalariadas trabajan más de 40 horas por semana, lo que representa el 73 % de ese universo laboral, según datos recientes de la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (Enoe), divulgados por el medio El Economista. Esta cifra pone en relieve la complejidad del debate en torno a la reforma que busca reducir la jornada laboral semanal en el país, una transformación legal que no se prevé implementar antes de 2030.
La iniciativa de reforma constitucional propone disminuir de 48 a 40 las horas laborales a la semana, un ajuste significativo que modificaría el artículo 123 de la Carta Magna mexicana. Aunque el tema ha ganado tracción en el Congreso, se ha establecido un proceso de discusión extendido, con parlamentos abiertos y foros tripartitos, lo que implica que los cambios estructurales no serán inmediatos.
Actualmente, uno de cada diez trabajadores asalariados en México realiza jornadas que superan las 48 horas semanales. Esto ocurre en un país que, de acuerdo con la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (Ocde), es uno de los que más horas trabaja al año dentro del grupo, superando a otras economías con estructuras laborales más flexibles o centradas en el bienestar del trabajador.
Este contexto sugiere que la reforma enfrentará una serie de desafíos prácticos: desde la resistencia empresarial hasta la reestructuración operativa en sectores intensivos en mano de obra, sin dejar de lado el componente cultural que ha normalizado las jornadas extensas como sinónimo de productividad.
Un camino legislativo de largo aliento
La reforma ha sido impulsada principalmente por legisladores del bloque oficialista, y aunque cuenta con respaldo en diversos sectores, también ha encontrado críticas respecto a su viabilidad. Por ello, se ha optado por una vía progresiva de análisis. La presidenta de la Comisión de Puntos Constitucionales en la Cámara de Diputados anunció que no se votará el dictamen en lo inmediato y que los foros continuarán hasta al menos finales de 2024.
Este enfoque dilatado obedece en parte a la necesidad de construir consensos amplios, especialmente con el sector empresarial, que ha expresado preocupación por los costos operativos y la capacidad de adaptación en ciertos rubros económicos.
Además, la implementación de una jornada reducida requerirá reformas complementarias, incluyendo cambios en los esquemas de contratación, ajustes en los salarios y mejoras en la fiscalización del cumplimiento normativo, factores que incrementan la complejidad del proceso legislativo y su aterrizaje real en las empresas.
Un punto de inflexión para el mercado laboral mexicano
La información proporcionada por la Enoe muestra que, de los 41.1 millones de personas con trabajo asalariado, solo 10.9 millones cumplen una jornada semanal de hasta 40 horas, mientras que 30.1 millones la superan. Esto refleja una fuerte concentración de la fuerza laboral en esquemas prolongados, lo cual contrasta con la tendencia global hacia modelos más sostenibles, que priorizan el balance entre vida y trabajo.
Si bien la discusión aún se encuentra en su fase preliminar, la reforma podría constituir uno de los mayores cambios estructurales en la legislación laboral mexicana en décadas. La posible transición a una jornada de 40 horas tendría impactos directos sobre la gestión de personas, los modelos organizacionales y las relaciones laborales en general.
Las autoridades han enfatizado que la intención no es frenar la competitividad ni afectar la operación de las empresas, sino alinear a México con estándares internacionales más humanos. Sin embargo, alcanzar ese objetivo requerirá no solo voluntad política, sino también una articulación eficiente entre todos los actores del mundo del trabajo.
