La primera pregunta de la conversación llegó desde Chile. Julia Regier, gerente de políticas e investigación del Stone Center on Inequality and Shaping the Future of Work del Massachusetts Institute of Technology (MIT), la seleccionó entre las enviadas por integrantes de su comunidad internacional y la planteó ante Simon Johnson, Premio Nobel de Ciencias Económicas 2024.
La pregunta buscaba saber quién determina el rumbo de la inteligencia artificial y cuánto margen conservan las sociedades democráticas para intervenir en esas decisiones.
La había formulado RHM desde Chile. No sería la única.
Quién decide
La conversación comenzó con dos alternativas. La primera era que gobiernos y ciudadanos aún podían orientar la inteligencia artificial. La segunda, que su dirección estaba quedando en manos de un grupo reducido de empresas tecnológicas, inversionistas y desarrolladores. Johnson la llamó “una gran pregunta” y agradeció que hubiera llegado desde Chile.
En su respuesta, dijo que la trayectoria de la IA está impulsada sobre todo por actores que concentran poder económico, capital y capacidades técnicas en la costa oeste de Estados Unidos. Esas empresas y personas, explicó, cuentan con respaldo de capital de riesgo y buscan rentabilidad. La concentración de recursos económicos y técnicos les permite influir en las decisiones sobre el desarrollo tecnológico.
Ante esa concentración, Johnson planteó que los gobiernos deben involucrarse. También deben abrir discusiones públicas y definir qué esperan las sociedades de estas tecnologías. La respuesta no se limitó al Estado. Johnson incluyó a la sociedad civil y a los sindicatos entre los actores llamados a equilibrar la influencia del sector tecnológico.
Mencionó además a organizaciones dedicadas a proteger la privacidad y a grupos que defienden a niños y adolescentes, junto con comunidades preocupadas por el impacto ambiental de los centros de datos. La pregunta chilena había abierto así una discusión sobre poder. La respuesta de Johnson puso el acento en quiénes participan cuando se decide la trayectoria de la IA.
Desde Chile
Regier eligió después una segunda pregunta formulada por RHM. Esta vez, el punto de partida fue “Building Pro Worker AI”, documento elaborado por Johnson junto con los economistas Daron Acemoglu y David Autor.
La pregunta observaba que buena parte de las políticas para construir una IA favorable a los trabajadores había sido pensada para Estados Unidos y otras economías avanzadas.
El diagnóstico incluido en la pregunta describía otra situación para países como Chile: salarios más bajos, mayor informalidad y precariedad laboral, sindicatos con menor poder, capacidades tecnológicas estatales más limitadas y economías dependientes de la minería, los recursos naturales y actividades de menor valor agregado.
Desde ese diagnóstico, RHM preguntó por el futuro laboral de los países que no producen IA de punta, tienen menos capacidad para regularla y conservan ventajas comparativas basadas en el bajo costo de sus recursos naturales o de su mano de obra.
Johnson calificó la pregunta como “muy difícil” y consideró válida la observación. Reconoció que su trabajo se ha concentrado en Estados Unidos. Explicó la razón: allí están las grandes compañías tecnológicas y se define buena parte de la trayectoria de la IA. Ese foco, admitió, deja preguntas abiertas fuera de las economías desarrolladas.
Johnson manifestó preocupación por los países de ingresos medios y bajos que reciben tecnologías concebidas para contextos económicos y laborales distintos. La falta de evidencia, dijo, impide anticipar con precisión sus efectos. “Estos son temas importantes para todos en el mundo”, señaló. Agregó que aún no hay datos suficientes para determinar las consecuencias de una adopción masiva en esos países.
Respuestas propias
La primera tarea que propuso fue construir evidencia. Antes de diseñar políticas públicas, los países necesitan medir los efectos de la IA sobre la productividad, el empleo y los salarios. Para hacerlo, Johnson planteó crear en otros países instituciones dedicadas a estudiar la economía de la inteligencia artificial. Citó la experiencia del AI Economics Institute del Reino Unido, que preside.
También llamó a llevar la discusión a espacios multilaterales como el G20. Allí los países podrían compartir datos, comparar experiencias y construir estrategias a partir de lo que observen. La medición no era el único camino. Aunque reconoció que no había soluciones sencillas, Johnson defendió la posibilidad de que cada nación adapte la IA a sus propias necesidades.
En vez de limitarse a recibir herramientas creadas para resolver problemas de Silicon Valley, los países podrían desarrollar aplicaciones propias y orientarlas hacia sus sectores productivos, servicios públicos y desafíos sociales. Esa adaptación, indicó, podría abrir oportunidades para nuevos productos, industrias y empleos de calidad.
La conversación había comenzado con una pregunta sobre quién decide el rumbo de la IA. La segunda agregó quién puede decidir cuando la tecnología llega desde fuera. Johnson no entregó una fórmula para Chile. Reconoció la falta de evidencia y propuso construirla con mediciones, instituciones, cooperación y aplicaciones vinculadas a necesidades propias.
Si la trayectoria de la IA no está predeterminada, tampoco lo está la posición de los países que hoy no la producen. Las dos preguntas terminaron en el mismo punto: qué producirá esta tecnología y quiénes participarán en las decisiones que definan su rumbo.
