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Por Koldo Santiago Redondo, Ph.D. en derecho laboral, letrado del Tribunal Constitucional Español y especialista en derechos fundamentales. 

Los principios clásicos del derecho del trabajo están hoy socavando donde alcanzaron efectividad o negándose allí donde intentaban adquirir cierto protagonismo. Los legisladores se escudan en todo tipo de disculpas (crisis, rigidez del sistema laboral, globalización, etc.). El resultado siempre es el mismo: el grave retroceso de las condiciones laborales consolidadas por los trabajadores y sus organizaciones o la negativa a avanzar en su reconocimiento, según en qué punto del planeta Tierra nos situemos. 

Suele hablarse de medidas coyunturales donde lo que hay son opciones ideológicas neoliberales o neocolonialistas; cambios estructurales que rebajan los estándares de tutela y la cobertura de los derechos individuales y colectivos.  

Frente a todo ello, como saben, la OIT ha elaborado el concepto de trabajo decente. Es decir, trabajo con derechos, con empleo productivo, con seguridad y protección social, con diálogo y participación de los trabajadores, en condiciones de igualdad y de dignidad. La indivisibilidad de los objetivos económicos y los objetivos sociales se abre paso, así, en el debate.  

El pleno reconocimiento constitucional del derecho de huelga; la concepción de las relaciones laborales atravesada por la intervención intensa y equilibradora de la negociación colectiva; el intervencionismo legal imprescindible a fin de asegurar un patrimonio de derechos irrenunciables… deben llamar a las conciencias (y a los programas electorales de quienes aspiran a ser nuestros representantes). Al menos si creemos en un modelo democrático de relaciones laborales; en un Estado social y democrático de derecho; en un sistema en el que lo que importa no solo sea el crecimiento económico, sino el modelo de convivencia y la equidad social.

Tras mi estancia inolvidable en su país, habiendo testeado opiniones bien diversas (aunque reconozco que esencialmente de la izquierda política) y examinado siquiera superficialmente su modelo normativo, concluyó que Chile, con sus indudables peculiaridades, no escapa del debate global sobre todo aquello. En ese precioso país de ustedes, como ocurre hoy en el mío, pensamos (algunos más bien manosean) nuestro modelo de convivencia; nuestros objetivos sociales y económicos; la noción del mundo a la que aspiramos. 

Todo ello, sin duda, se revela en los bloqueos normativos, en los silencios de la ley, en las carencias de una legislación promocional del hecho colectivo, en el mantenimiento del Plan Laboral, en la casi persecución del derecho de huelga (véase sentencia de la Cuarta Sala de la Corte Suprema de Chile, del 7 de marzo de este año), en la opción por una negociación colectiva menor, anclada en la empresa, en el no fortalecimiento de los agentes representativos, en la falta de cumplimiento de los estándares de la normativa internacional en algunas instituciones laborales clave. Creo que en todo ello hay una larga tarea que abordar para alcanzar un diseño más justo, a la larga positivo para todos, también para la parte empresarial. De otro modo, antes o después, el conflicto se acentuará y los trabajadores optarán por la defensa directa de los mínimos de ciudadanía. 

Espero que ustedes sean capaces. Nosotros, en España, nos despertamos recién a la evidencia de nuestros graves retrocesos. 

Esta columna fue publicada en RHM 67, mayo de 2013.

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