En abril de 2026, el Presidente José Antonio Kast presentó ante el Congreso una reforma tributaria cuyo eje central es la reducción gradual del impuesto de primera categoría desde 27% a 23%, junto con reintegración tributaria total, un estatuto de invariabilidad por 25 años, una ventana de repatriación de capitales y beneficios focalizados para la contratación formal. El relato oficial es conocido: menos carga sobre la empresa hoy para destrabar inversión, empleo y crecimiento mañana. Pero, cuando esa promesa se mira desde el mundo del trabajo, la pregunta cambia de escala y de lenguaje: ¿se beneficiarán realmente las y los trabajadores?, ¿mejorarán los salarios precarios?, ¿disminuirá la informalidad?, ¿habrá más estabilidad, menos incertidumbre y mejores condiciones de bienestar?, ¿o se volverá a pedir paciencia a quienes viven de su sueldo mientras los beneficios inmediatos quedan arriba?
Esa pregunta importa porque las medidas económicas no se juegan solo en los balances, en la inversión agregada o en la recaudación. También se juegan en la vida concreta de quienes trabajan: en la calidad del empleo, en la capacidad de llegar a fin de mes, en la seguridad material, en el agotamiento cotidiano y en la salud mental que se erosiona cuando el esfuerzo no se traduce en una mejora visible. Ahí está el verdadero punto de prueba de cualquier plan que prometa crecimiento con efectos sociales amplios.
Punto partida
Antes incluso de discutir los efectos del plan, hay una pregunta previa que cambia el encuadre: ¿desde qué condiciones económicas parte el nuevo gobierno? Mario Matus González, doctor en Historia Económica, advierte que no sería riguroso hablar de una economía “a reconstruir” en sentido estricto. A su juicio, José Antonio Kast recibe una situación mejor que la que Gabriel Boric recibió de Sebastián Piñera, con niveles de inflación, déficit y deuda más contenidos, aunque todavía exigentes y lejos de ser irrelevantes. La precisión importa porque obliga a discutir no solo las medidas, sino también el diagnóstico que las presenta como urgentes: una cosa es corregir desequilibrios reales; otra, construir sobre ellos un relato de emergencia que puede sobredimensionar el punto de partida.
El terreno sobre el que aterriza esta propuesta no es neutro. El Informe sobre Desigualdad de Ingresos en Chile, publicado en marzo de 2026 por el Observatorio Social del Ministerio de Desarrollo Social y Familia, corrigió una subestimación histórica de la desigualdad chilena al integrar Casen, registros tributarios y Cuentas Nacionales. Su diagnóstico es contundente: el 10% más rico ya no concentra cerca de un tercio del ingreso nacional, sino cerca de la mitad, mientras el 50% de menores ingresos reúne alrededor de un 15%. El mismo informe advierte que enfrentar una concentración como la chilena exige robustecer la capacidad redistributiva del Estado. No es un detalle técnico: es el contexto de base para evaluar cualquier rebaja al capital.
Ese mismo documento agrega otro dato decisivo. En Chile, impuestos y transferencias reducen el coeficiente de Gini del ingreso de mercado de 0,491 a 0,448. La disminución existe, pero es débil, y el propio informe la compara con experiencias de países donde el efecto redistributivo del Estado es mucho más intenso. En otras palabras, Chile llega a este debate con una política fiscal que ya corrige poco la desigualdad antes de cualquier nuevo alivio tributario. Y eso importa especialmente para el trabajo, porque cuando el Estado redistribuye poco, la presión por sostener el bienestar recae con más fuerza en los salarios, en las familias y en redes personales cada vez más frágiles.
Trabajo primero
Ahí aparece una primera distinción crucial: no toda medida proempresa es, por definición, una medida protrabajo. Nassib Segovia, doctor en Derecho y Administración de Empresas, lo formula con claridad. A su juicio, en el corto plazo el principal beneficiado es el capital, “y eso no necesariamente es una crítica, sino una constatación técnica”. El punto, dice, no es negar ese efecto inicial, sino preguntarse si ese beneficio logra después traducirse en mejores condiciones para el trabajo. Su advertencia es precisa: la historia económica no muestra que bajar impuestos por sí solo garantice mejores salarios, más empleo o mayor bienestar. Ese traspaso, subraya, no es automático; depende de productividad, reinversión, empleo formal, diálogo social e instituciones capaces de repartir el crecimiento.
Vista desde la experiencia cotidiana de las y los trabajadores, la pregunta no es abstracta. No basta con afirmar que una rebaja tributaria “favorece el empleo” si no está claro de qué empleo se habla, con qué nivel salarial, con qué grado de formalidad y con qué capacidad real para mejorar la vida de quienes hoy sostienen la economía con ingresos ajustados, deudas persistentes y una sensación extendida de desgaste.
La reintegración tributaria total es probablemente el ejemplo más claro de esa distancia entre beneficio directo y beneficio eventual. En términos simples, permite que el impuesto pagado por la empresa se impute íntegramente al tributo personal de sus dueños cuando retiran utilidades. Para un asalariado sin participación societaria, el beneficio directo es inexistente. Desde ahí, la pregunta ya no es retórica: si el efecto inmediato recae sobre propietarios del capital, ¿qué condiciones deberían cumplirse para que el trabajo también gane después?
Andrea Sato, investigadora de Fundación SOL, empuja esa pregunta hacia su dimensión fiscal y distributiva. Sostiene que una rebaja del impuesto corporativo junto con la reintegración “va a impactar directamente en las arcas fiscales y en la magnitud de la recaudación”, y recuerda que los impuestos “no son antojadizos”, sino mecanismos de redistribución construidos por los Estados. Su punto no se reduce a una defensa abstracta de la recaudación. Lo que está en juego, plantea, es cuánto margen conserva el Estado para financiar políticas sociales, protección y corrección de desigualdades en un país donde la concentración ya es muy alta. Su formulación es dura y conviene tomarla como tal: expresa una mirada estructural sobre la función del sistema tributario y sobre quién se beneficia cuando esa carga se alivia.
Lo que esa advertencia vuelve visible es algo que el debate suele esconder bajo lenguaje técnico. Cuando la recaudación se estrecha en un país con empleo frágil, informalidad persistente y salarios que no alcanzan, la discusión ya no es solo sobre el capital. También es sobre la capacidad de sostener condiciones mínimas para que el trabajo no siga pagando, por la vía del IVA, la precariedad o el deterioro de servicios, el costo de una promesa de crecimiento que puede no llegar a todos.
Diseño real
En esa línea, Guillermo Larraín, economista de la Universidad de Chile, doctor en Economía y exsuperintendente de Pensiones, introduce otra capa del problema: la del diseño. Su punto de partida no es desconocer la legitimidad política del gobierno para impulsar el programa con el que ganó, sino evaluar si las herramientas escogidas sirven de verdad para conseguir lo que prometen. “La baja del impuesto corporativo no es una medida que per se genere mayor crecimiento económico”, advierte. Lo que produce, dice, es un aumento de caja en las empresas, pero nada obliga a que esa caja se convierta en inversión. Algo similar observa respecto del crédito tributario a la contratación en tramos bajos: más que crear empleo por sí mismo, podría funcionar como alivio financiero o incentivo a la formalización. La distinción es importante, porque obliga a separar discurso proempleo de mecanismo efectivo de creación de empleo.
Ese matiz es especialmente relevante para el mundo del trabajo. Formalizar no es lo mismo que crear empleo nuevo, del mismo modo que contratar no es lo mismo que mejorar trayectorias laborales. Un plan puede favorecer la caja de empresas que ya emplean trabajadores de bajos ingresos sin resolver necesariamente el problema de la precariedad salarial, la rotación, la escasa protección o la baja proyección de esos empleos en el tiempo.
Larraín sí concede un punto que otros críticos suelen pasar por alto: la eventual reducción de incertidumbre tributaria tras varios años de reformas sucesivas. Ahí ve una racionalidad posible del paquete. Pero incluso en ese caso introduce un matiz fuerte: las grandes empresas que de verdad mueven la aguja de la inversión ya están integradas a mercados de capitales y no suelen dejar de invertir por falta de caja propia, sino por ausencia de proyectos suficientemente rentables y de largo plazo. El debate, entonces, cambia de nivel: no basta con aliviar impuestos; hay que preguntarse si ese alivio modifica realmente la decisión de invertir.
Efecto condicionado
En una línea más cauta, Luis Araya Castillo, Ph.D. Académico de la Escuela de Negocios de la Universidad Adolfo Ibáñez, recuerda que Chile ha vivido en las últimas décadas procesos de signo distinto, con alzas de impuestos a la renta orientadas, entre otros fines, a financiar reconstrucción tras catástrofes como el terremoto de 2010. El plan impulsado ahora por el gobierno de José Antonio Kast, en cambio, adopta una lógica diferente: reducir gradualmente el impuesto de primera categoría, avanzar en invariabilidad tributaria para grandes proyectos e integrar el sistema, bajo la premisa de que una menor carga fiscal podría incentivar inversión privada y dinamizar el crecimiento en el mediano y largo plazo.
Araya no desconoce que, en el corto plazo, es esperable una caída en la recaudación fiscal, especialmente en un contexto de incertidumbre internacional. Pero advierte que la discusión no debería resolverse en términos lineales. Si los efectos esperados llegaran a materializarse, sostiene, tanto el capital como el trabajo podrían verse favorecidos, aunque el impacto inicial sería más visible en empresas de mayor tamaño, precisamente porque la mayor certeza regulatoria y tributaria tiende a reducir el riesgo en proyectos de inversión de gran escala. Las pymes, agrega, también podrían beneficiarse indirectamente si ese mayor dinamismo efectivamente se traduce en un entorno económico más favorable.
Con todo, su advertencia de fondo coincide con una de las preguntas centrales del reportaje: el efecto final no es automático. La relación entre reducción de impuestos, inversión y empleo, plantea, depende de factores como el ciclo económico, las condiciones de financiamiento y la confianza empresarial. Más que asumir una secuencia garantizada entre alivio tributario, crecimiento y generación de empleo, el verdadero desafío sigue estando en si el entorno institucional y macroeconómico permitirá que esos incentivos se traduzcan en resultados efectivos para la economía y para el trabajo. De lo contrario, el riesgo es que el costo fiscal se materialice primero, mientras los beneficios esperados no logren consolidarse en el tiempo.
Excedente arriba
Carlos García, Ph.D. en Economía y académico de la Universidad Alberto Hurtado, refuerza esa objeción con una observación empírica todavía más directa. A su juicio, la evidencia internacional “no está muy en línea” con la expectativa de que rebajas tributarias a corporaciones y sectores de renta alta generen por sí mismas empleo e inversión. Su argumento no es moral, sino pragmático: en mercados concentrados, el excedente suele derivar hacia dividendos, recompra de acciones o mayores márgenes, no necesariamente hacia expansión productiva. La idea es incómoda para la tesis del derrame, porque obliga a mirar no solo el monto del beneficio, sino la estructura económica que decide su destino. Si el excedente no encuentra mecanismos que lo orienten hacia inversión productiva o empleo, puede quedarse arriba sin mayores efectos distributivos.
Desde la óptica laboral, esa posibilidad es decisiva. Porque si el excedente no baja hacia mejores salarios, más contratación estable o mayor calidad del empleo, el crecimiento prometido puede convivir perfectamente con trabajadores exhaustos, ingresos estancados y una salud mental cada vez más golpeada por la inseguridad económica. No se trata solo de cuánto crece la economía, sino de cómo se vive ese crecimiento en los lugares de trabajo y en los hogares que dependen de ellos.
En ese punto, el debate chileno conversa directamente con una discusión más amplia sobre poder, instituciones y reparto del progreso. En “Poder y progreso”, Daron Acemoglu y Simon Johnson insisten en que la prosperidad compartida no surge automáticamente del crecimiento ni del cambio tecnológico. Plantean, más bien, que el progreso puede enriquecer a una élite reducida si no existen arreglos sociales e institucionales capaces de disputar la dirección de ese proceso y repartir sus frutos. La pregunta “quién gana y quién pierde” deja de ser una consigna y se convierte en un problema institucional. También por eso la invariabilidad tributaria por 25 años no es una medida menor: no solo busca atraer inversión, sino que reduce durante un cuarto de siglo la flexibilidad democrática para revisar el pacto fiscal si cambian las condiciones económicas, sociales o distributivas.
Para el mundo del trabajo, esa discusión tiene consecuencias concretas. Si las instituciones no aseguran que el crecimiento se traduzca en mejores condiciones laborales, la promesa de prosperidad compartida puede quedarse en un lenguaje de futuro mientras la precariedad sigue operando en presente.
Historia útil
La historia económica ofrece, además, un contraste útil para salir del péndulo entre consigna y promesa. El trabajo de Enric Tello sobre la llamada Época Dorada del capitalismo occidental muestra que los períodos de crecimiento más robusto y compartido no descansaron solo en la rentabilidad del capital, sino en una combinación más exigente: salarios reales al alza, sindicatos con capacidad de negociación, reinversión productiva de beneficios, gasto público estabilizador y expansión de la demanda interna. El crecimiento salarial no aparecía después del ciclo virtuoso: era parte de sus condiciones de posibilidad. Cuando la productividad se difundía hacia las familias trabajadoras, el consumo sostenía ventas, las ventas sostenían inversión y la inversión reforzaba productividad. La lección no es nostálgica, sino analítica: el trabajo no ganaba por rebote, ganaba porque el diseño institucional lo hacía partícipe del crecimiento.
A esa lectura histórica se suma Mario Matus González, doctor en Historia Económica por la Universidad de Barcelona y académico del Departamento de Ciencias Históricas de la Universidad de Chile, especializado en precios, salarios reales e instituciones económicas de largo plazo. Su advertencia introduce un matiz decisivo: la evidencia histórica sobre rebajas del impuesto corporativo no es concluyente en términos de inversión y crecimiento, porque depende del contexto en que se apliquen. En escenarios favorables, ese tipo de medidas puede empujar algo la inversión con el tiempo; en contextos adversos, en cambio, el efecto tiende a diluirse. La interrogante, entonces, no es solo qué se hace, sino en qué momento histórico, bajo qué condiciones externas y con qué instrumentos de estabilización se lo intenta hacer.
Pero donde sí ve una regularidad más robusta es en desigualdad. Matus sostiene que, incluso cuando el efecto sobre inversión ha sido mejor o al menos no nulo, el resultado distributivo ha sido mucho más claro: una mayor concentración del ingreso. En su lectura, los ciclos de reducción de impuestos corporativos aplicados en las últimas décadas tendieron a desplazar renta hacia el 1% más rico, deteriorando la promesa de prosperidad compartida. Por eso insiste en que la evidencia histórica debe leerse de manera situada: hay contextos en que el estímulo puede generar algún retorno, pero la desigualdad aparece con mucha más persistencia que la mejora en crecimiento.
Su advertencia más dura, sin embargo, apunta al presente. En un contexto internacional complejo, con presiones inflacionarias, mayor costo del crédito y perspectivas más débiles para la demanda externa, Matus no ve condiciones especialmente favorables para que una rebaja del impuesto corporativo active por sí sola un ciclo virtuoso de inversión. Si ese escenario se combina con mayor desempleo, el mundo del trabajo no solo quedaría fuera del beneficio inicial, sino que podría enfrentar una presión adicional sobre sus ingresos. Dicho de otro modo, una medida que se presenta como procrecimiento podría terminar conviviendo, al menos en el corto y mediano plazo, con más fragilidad laboral, salarios reales estancados o incluso a la baja y menor poder adquisitivo para quienes viven de su trabajo.
Esa evidencia histórica vuelve a poner el foco donde RH Management suele situarlo: en la relación entre economía, trabajo y bienestar. Porque si el salario no mejora, si la inseguridad laboral persiste y si la vida cotidiana sigue marcada por fatiga, deuda e incertidumbre, cuesta sostener que una política económica está funcionando para quienes trabajan, aunque sus indicadores macroeconómicos logren mostrar otra cosa.
Matices internos
Jorge Berríos, director académico del Diplomado en Finanzas de Unegocios de la FEN de la Universidad de Chile, ayuda a complejizar aún más el cuadro. Su evaluación global del plan es más favorable que la del resto de los expertos consultados. Ve con buenos ojos varias medidas ligadas a reconstrucción, subsidios al empleo, alivio al sector inmobiliario y reducción de trabas para proyectos. También cuestiona la caricatura de que toda rebaja del impuesto de primera categoría favorece solo a grandes empresas, recordando que hay medianas empresas bajo contabilidad completa que hoy también pagan 27%. Pero incluso desde esa lectura más receptiva, marca una línea roja en la reintegración total: la considera políticamente muy difícil y, en lo sustantivo, la describe como una rebaja de impuestos a los dueños de empresas. El dato es relevante precisamente porque no proviene de un crítico frontal del plan.
Ese matiz importa. Permite ver que el debate no se ordena solo entre partidarios y detractores, sino también entre quienes distinguen instrumentos con potencial operativo y otros cuyo beneficio laboral es mucho menos claro. Y ahí vuelve a aparecer el mismo criterio de fondo: ¿qué parte del plan impacta realmente en la vida laboral de las personas y qué parte mejora, sobre todo, las condiciones del capital?
El sociólogo y director de TuInfluyes, Axel Callís, añade en El Mostrador otra dimensión. A su juicio, presentar el proyecto como si fuera solo técnico y no ideológico “es una falacia”, porque apostar a que el crecimiento económico, por sí solo, atraerá desarrollo y riqueza también expresa una definición política sobre el rol del mercado, del Estado y de la redistribución. Su observación no reemplaza la discusión sobre datos, diseño o evidencia comparada, pero sí recuerda algo importante: detrás de este debate tributario también hay una forma de entender qué economía se quiere promover y qué lugar ocuparán en ella quienes viven de su trabajo.
Pregunta final
Esa diversidad de voces ayuda a despejar un punto de fondo. Aquí no se discute solo si el gobierno está siendo fiel a su programa o si tiene derecho a impulsar su agenda. Eso es evidente. Lo que está en debate es algo más exigente: si las medidas elegidas están bien diseñadas para producir aquello que prometen y si, además, lo hacen en una economía donde la distribución del ingreso, la propiedad y la capacidad redistributiva del Estado ya vienen fuertemente tensionadas.
Y, sobre todo, si ese diseño resiste la pregunta más concreta y más humana de todas: ¿van a vivir mejor las y los trabajadores si este plan se implementa como está planteado? ¿Habrá menos informalidad, menos ahogo salarial, más seguridad cotidiana, mejores condiciones para proyectar una vida y menos deterioro del bienestar y de la salud mental? ¿O volverá a repetirse una escena conocida, en la que el capital recibe el beneficio ahora y el trabajo queda a la espera de efectos que nunca llegan con la fuerza prometida?
Ahí también hay una interpelación directa para las gerencias de personas. Porque cuando las políticas económicas se respaldan más en convicciones que en evidencia comparada sólida, sus efectos no quedan suspendidos en la abstracción macroeconómica: entran a las organizaciones, tensionan salarios, aumentan o contienen la informalidad, agravan o alivian la inseguridad material y terminan impactando de manera concreta en la experiencia diaria de las personas que trabajan. Para quienes gestionan personas, ese no debería ser un debate lejano. Debería ser una pregunta central: qué tipo de economía, qué tipo de empresa y qué tipo de bienestar laboral se está ayudando a construir cuando se apoya —o se naturaliza— un modelo que todavía debe demostrar cómo su promesa de crecimiento llegará efectivamente al trabajo.
En la portada, en la fila de arriba y de izquierda a derecha: Andrea Sato, investigadora de Fundación SOL; Axel Callís, sociólogo y director de TuInfluyes; Carlos García, Ph.D. en Economía y académico de la Universidad Alberto Hurtado; y Guillermo Larraín, economista de la Universidad de Chile, doctor en Economía y exsuperintendente de Pensiones. En la fila de abajo, y también de izquierda a derecha: Jorge Berríos, director académico del Diplomado en Finanzas de Unegocios de la FEN de la Universidad de Chile; Nassib Segovia, doctor en Derecho y Administración de Empresas; Luis Araya Castillo, académico de la Escuela de Negocios de la Universidad Adolfo Ibáñez; y Mario Matus González, doctor en Historia Económica y académico del Departamento de Ciencias Históricas de la Universidad de Chile.
