Carlos Fernández Liria, filósofo y autor del ensayo Contra la Ilustración Oscura, advirtió en una entrevista publicada por El País, en Madrid, que la concentración de grandes fortunas puede alterar la realidad política y económica, debilitar las instituciones democráticas y facilitar una ofensiva contra el estado del bienestar, la regulación pública y el derecho laboral.
El académico identifica esta amenaza con la llamada Ilustración Oscura o Neorreacción, una corriente que propone reemplazar los sistemas democráticos por estructuras tecnofeudales, donde los estados sean administrados como corporaciones y encabezados por una figura equivalente a un director ejecutivo convertido en monarca. Estas ideas, sostiene, han encontrado apoyo entre magnates tecnológicos de Silicon Valley.
A juicio de Fernández Liria, las promesas asociadas con la superación del ser humano, la inmortalidad, la colonización de Marte o la creación de paraísos digitales funcionan como una cobertura para una agenda anarcocapitalista más concreta. Esta se expresaría mediante recortes al estado del bienestar, la eliminación de regulaciones estatales y el debilitamiento de la educación pública, la sanidad pública y el derecho laboral.
Riqueza y poder
El filósofo plantea que el problema no se limita a las ideas promovidas por determinados empresarios tecnológicos, sino que se relaciona directamente con la capacidad política que entrega la acumulación extrema de riqueza. Al ser consultado sobre la compatibilidad entre los superricos y la democracia, respondió: “Se la pueden cargar cuando quieran”.
Fernández Liria sostiene que las grandes desigualdades económicas han sido históricamente incompatibles con la democracia, porque las fortunas de mayor tamaño disponen de recursos suficientes para influir sobre las decisiones políticas y reaccionar cuando los resultados democráticos no coinciden con sus intereses. En su análisis, la riqueza extrema no constituye solo una diferencia patrimonial, sino una fuerza capaz de modificar las reglas y los límites dentro de los cuales opera una sociedad.
Para explicar ese efecto, señala que las fortunas de empresarios tecnológicos como Peter Thiel o Marc Andreessen distorsionan la realidad económica y política. Establecer una república bajo esas condiciones sería, según su comparación, equivalente a intentar aplicar las leyes de Newton a un agujero negro.
Esta concentración de poder también amenaza las instituciones que buscan limitar la subordinación de las personas frente al mercado. Fernández Liria considera que el capitalismo adoptó parte del lenguaje político de la Ilustración, pero dejó de lado las condiciones materiales necesarias para que la ciudadanía pudiera ejercer realmente su libertad. Sin embargo, esa construcción permitió conservar instituciones como la educación pública, la sanidad pública y el derecho laboral.
La desaparición de esas garantías abriría paso a lo que denomina una “motosierra anarcocapitalista”, orientada a retirar las protecciones públicas y ampliar la libertad del poder económico. Bajo esta lógica, la desregulación no afectaría solamente el funcionamiento del estado, sino también las condiciones en que las personas trabajan, negocian y sostienen su vida cotidiana.
Trabajo y libertad
Uno de los puntos centrales de su planteamiento es la relación entre trabajo, autonomía y ciudadanía. “Quien depende del mercado laboral no es un ciudadano, sino un proletario”, afirma Fernández Liria. Con esta idea, cuestiona que la ciudadanía pueda considerarse plena cuando una persona carece de independencia económica y debe aceptar las condiciones impuestas por el mercado para asegurar su subsistencia.
El filósofo vincula esta discusión con el derecho a la existencia, entendido como una garantía material que permitiría a las personas no depender exclusivamente del mercado laboral. Desde su perspectiva, asegurar la independencia civil de la población formó parte del proyecto ilustrado, pero esta aspiración fue desplazada tras el triunfo de la burguesía.
También plantea que compartir los medios de producción permitiría reducir la jornada laboral y avanzar hacia un espacio de mayor libertad. En este marco, el tiempo libre no aparece únicamente como descanso o bienestar individual, sino como una condición necesaria para participar en instituciones, construir acuerdos y sostener una vida republicana.
Fernández Liria recuerda que el trabajo puede ocupar la totalidad del tiempo disponible y dejar a las personas sin espacio para la vida pública, las relaciones sociales o la deliberación. Por ello, sostiene que una república necesita que la población disponga de tiempo libre para crear y participar en instituciones, además de desarrollar la capacidad de argumentar y alcanzar acuerdos.
Esta lectura amplía el debate sobre el derecho laboral y la organización del trabajo. Las regulaciones, los servicios públicos y la reducción de la jornada no serían solamente mecanismos de protección social, sino herramientas para distribuir poder, fortalecer la autonomía y evitar que la dependencia económica limite la participación democrática.
El análisis también se extiende al desarrollo tecnológico. Fernández Liria diferencia la innovación del progreso y sostiene que un avance técnico no puede ser considerado positivo únicamente porque amplíe las posibilidades de la tecnología. El progreso, afirma, debería medirse por su dimensión moral y jurídica, así como por su capacidad para construir mejores leyes y hacer que las personas sean más libres y humanas.
Esta distinción cobra relevancia frente al poder de las grandes empresas tecnológicas y la regulación de la IA. Para el filósofo, las ambiciones de los actores que impulsan proyectos utópicos y rechazan las restricciones públicas justifican una discusión previa sobre los límites de la tecnología. Su planteamiento es que la sociedad puede evaluar sus efectos antes de desplegar todas sus posibilidades, especialmente cuando su desarrollo está condicionado por intereses económicos concentrados.
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