Más de siete millones de personas trabajan en el Perú sin un contrato formal, de acuerdo con cifras oficiales. Aun así, muchas de ellas desconocen que, en términos legales, sí están amparadas por derechos laborales. Según explicó el medio Infobae, el Ministerio de trabajo y promoción del empleo (Mtpe) y el poder judicial peruanos han determinado que no es necesario firmar un contrato para que exista una relación laboral válida. Basta con demostrar que una persona trabaja bajo subordinación y recibe una remuneración para que la ley reconozca el vínculo y, con ello, los beneficios que le corresponden.
La realidad del empleo informal atraviesa múltiples sectores: desde quienes realizan servicios de delivery o comercio ambulante hasta obreros de la construcción civil, trabajadoras del hogar y técnicos de oficios diversos. Aunque la informalidad ha sido históricamente un problema estructural en la economía peruana, el marco normativo actual ofrece herramientas concretas para que estas personas puedan ejercer sus derechos. El contrato escrito no es condición para reclamar una jornada laboral justa, vacaciones, descanso remunerado, ni tampoco para exigir una indemnización si se produce un despido sin causa.
Esta interpretación legal se sostiene sobre la presunción de contrato indefinido que el Poder Judicial ha respaldado en distintos fallos. En ellos se establece que, en ausencia de un contrato formal, debe asumirse que la relación laboral tiene carácter continuo y subordinado. De esta manera, se garantiza que el empleador no pueda desligarse de sus responsabilidades simplemente por omisión documental. El reconocimiento de esta figura permite acceder no solo a la remuneración mínima vital, sino también a los derechos sociales como seguridad en salud, compensación por tiempo de servicios, gratificaciones y pensiones, entre otros.
El desafío, sin embargo, está en cómo demostrar esa relación laboral. Aunque no exista contrato, boletas de pago o planilla, el trabajador puede presentar mensajes, correos, registros de asistencia, tareas encomendadas o incluso testigos. Estos elementos bastan para que la Superintendencia nacional de fiscalización laboral (Sunafil) inicie un proceso de verificación. El procedimiento no exige datos completos del empleador; basta con acreditar indicios razonables de subordinación para activar una inspección.
Frente a un despido arbitrario, la ley también establece que el trabajador informal tiene derecho a una indemnización equivalente a un sueldo y medio por cada año laborado, con un límite de hasta doce remuneraciones. Este beneficio no depende de que el empleador haya formalizado el vínculo, sino de que se pueda demostrar que existió una prestación efectiva de servicios bajo dirección o control. En muchos casos, los inspectores laborales han validado pruebas simples —como conversaciones por aplicaciones de mensajería o capturas de pantalla— como evidencia suficiente.
Desde 2020, el trabajo del hogar cuenta con una ley específica que obliga a formalizar los vínculos laborales, equiparando sus derechos a los del resto de trabajadores. Sin embargo, la implementación ha sido limitada: más del 90 % de las trabajadoras del hogar continúan sin contrato, lo que las expone a condiciones precarias y vulneración constante de sus derechos. Este fenómeno revela que la formalización legal, aunque necesaria, no ha sido suficiente sin mecanismos eficaces de fiscalización y apoyo institucional.
La posibilidad de recurrir a Sunafil para denunciar irregularidades es clave en este contexto. La entidad está facultada para investigar y sancionar a empleadores que incumplen la legislación laboral, incluso cuando no se haya firmado contrato alguno. Además, diversos colectivos y organizaciones de defensa de derechos laborales brindan asesoría gratuita para acompañar a trabajadores en procesos de reclamo o inspección.
La informalidad sigue siendo uno de los mayores desafíos para el desarrollo laboral en el Perú. Pero conocer la legislación vigente, entender que los derechos no dependen de un documento firmado y utilizar los canales disponibles para exigir su cumplimiento puede marcar una diferencia significativa en la vida de millones de personas. El trabajo sin contrato no es sinónimo de trabajo sin derechos, y hacerlos valer es tanto un acto de justicia como una herramienta para fortalecer el tejido social y económico del país.