El deterioro de los derechos laborales se profundizó durante 2026 a escala mundial, de acuerdo con la 13ª edición del Índice global de derechos de Ituc, revisado por RH Management, que examinó vulneraciones cometidas por gobiernos y empleadores en 151 países y detectó un aumento de las restricciones a libertades civiles, la organización sindical y la acción colectiva, en un escenario marcado además por nuevas formas de vigilancia sobre los trabajadores.
El documento muestra que algunos de los derechos fundamentales vinculados al trabajo continúan bajo una presión extendida. El derecho a huelga fue vulnerado en 131 países, equivalentes al 87% de los considerados por el índice, la misma proporción registrada en 2025. A su vez, la negociación colectiva fue restringida en 121 países, un 80% del total.
Las dificultades también alcanzaron el derecho de asociación. Un 75% de los países excluyó a trabajadores del derecho a formar o incorporarse a sindicatos, mientras que en la misma proporción se registraron impedimentos para la inscripción legal de estas organizaciones. Este último indicador alcanzó su nivel más alto desde el inicio del índice.
Derechos en retroceso
Uno de los principales cambios detectados durante el último año está relacionado con las libertades civiles. Las vulneraciones a la libertad de expresión y reunión fueron reportadas en el 50% de los países, frente al 45% de 2025. Se trata del porcentaje más elevado registrado por el índice y representa el cuarto año consecutivo de deterioro en este ámbito.
Las detenciones también marcaron un máximo. Autoridades de 75 países arrestaron o detuvieron trabajadores durante el período analizado, equivalente a cerca de la mitad de los países incluidos en la medición. El informe vincula estos casos con el ejercicio de actividades sindicales, protestas, huelgas y otras formas de organización colectiva.
A ello se suma el aumento de la violencia. Trabajadores fueron víctimas de ataques violentos en 48 países, un 32% del total, frente al 26% informado un año antes. El índice también documentó muertes de trabajadores y sindicalistas en Angola, Colombia, Indonesia y México.
El acceso a mecanismos de protección tampoco mostró mejoras. En 109 de los 151 países, equivalentes al 72%, los trabajadores tuvieron acceso inexistente o restringido a la justicia. El porcentaje se mantuvo en el nivel máximo alcanzado en 2025 y comprende situaciones relacionadas con dificultades para exigir derechos, procesos judiciales y ausencia de garantías de debido proceso.
Nuevas formas
Más allá de los indicadores tradicionales, el informe identifica tres tendencias que estarían configurando el escenario de los derechos laborales. La primera corresponde al aumento de acciones contra dirigentes sindicales, mediante hostigamiento, procesos judiciales, detenciones y otras medidas dirigidas hacia representantes de trabajadores.
La segunda se relaciona con el uso de tecnologías digitales y herramientas de inteligencia artificial para monitorear a los trabajadores. De acuerdo con el documento, gobiernos y empresas utilizan mecanismos capaces de revisar actividad en redes sociales, identificar conversaciones sobre organización sindical, rastrear comunicaciones o vigilar grupos de trabajadores.
El índice plantea que este tipo de vigilancia puede afectar la disposición de las personas a organizarse o participar en acciones colectivas. También señala riesgos para la privacidad, la seguridad personal y las libertades civiles, especialmente cuando las herramientas tecnológicas se utilizan para identificar o seguir actividades relacionadas con sindicatos.
La tercera tendencia apunta al debilitamiento del diálogo social. Durante 2025 se aprobaron reformas relevantes a las leyes laborales en al menos 21 países. Sin embargo, el informe sostiene que parte de esos procesos se desarrolló sin una consulta efectiva con organizaciones sindicales, ya sea por la ausencia de instituciones de diálogo social o por la marginación de sindicatos independientes.
Presión regional
El deterioro también se refleja en los resultados regionales. Medio Oriente y el norte de África se mantuvieron como la región con la calificación promedio más desfavorable, con 4,68. Asia-Pacífico registró 4,08 y África 3,91.
América alcanzó un promedio de 3,72, su resultado más desfavorable desde que comenzó el índice en 2014, frente a 3,68 en 2025. En la región, el 88% de los países vulneró el derecho a huelga, el 76% restringió la negociación colectiva y el 92% presentó obstáculos al registro de sindicatos. Europa también llegó a su peor promedio histórico, con una calificación de 2,80.
En términos generales, el Índice global de derechos 2026 presenta un escenario en el que las restricciones a la huelga y la negociación colectiva siguen ampliamente extendidas, mientras aumentan las vulneraciones vinculadas con las libertades civiles, la violencia y las detenciones. Al mismo tiempo, la vigilancia digital y la reducción de espacios de diálogo social aparecen como nuevas fuentes de tensión para las relaciones laborales y la representación colectiva de los trabajadores.
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