Por RH Management
En julio de 2026, el presidente de la Mesa de Reactivación Laboral, David Bravo, explicó por televisión la propuesta de reemplazar gradualmente la indemnización por años de servicio. Al traducir el argumento desde la perspectiva del empleador, dijo: “Mayor costo de despido es… cada persona es un cacho, digamos. Cuando tú ves costo de despido, ¿qué es lo que es? Es costo de contratación”. La CUT acusó “profundo desprecio”. La frase describe un problema económico real: el costo de despedir puede influir en la decisión de contratar.
Pero el interés editorial no está en atribuirle a Bravo una intención de desprecio ni en convertir el término “cacho” en resumen de las 22 propuestas. Está en el lapsus: la naturalidad con que una persona pasó a ser nombrada como costo, riesgo y carga. Cuando una palabra así aparece sin voluntad de herir es porque el encuadre técnico ya se ha vuelto sentido común. Y esa manera de pensar tiene archivo. Uno que atraviesa tres modelos económicos cambiando de vocabulario, nunca de dirección. La comparación no equipara la gravedad de las épocas; sigue el lugar donde se deposita el problema.
En 1829, el periódico santiaguino El Fanal reprochaba a los artesanos que se reunían a aprender sus derechos “la estupidez que los caracteriza”. En 1845, la Revista Católica sentenciaba que en Chile, más que buenos artesanos, “se forman jugadores o borrachos”. Los congresos patronales de 1876 y 1899 fijaron la figura del peón “alzado”, violento y flojo; la Sofofa promovió desde 1883, con apoyo del Estado, la “inmigración industrial” para reemplazarlo. En cada episodio, documentado por Gabriel Salazar, premio nacional de Historia, el diagnóstico apuntó al carácter del trabajador.
En ninguno, al contrato: enganche verbal, castigo físico y, en las oficinas salitreras, hasta tres cuartas partes del salario pagadas en fichas canjeables solo en la pulpería del patrón. Pedro Belisario Gálvez, cronista del diario católico-popular “El Chileno” —una voz de la época difícil de acusar de revolucionaria—, resumió la aritmética en 1904: el salitrero “da cinco con la mano derecha y recoge seis con la mano izquierda”; económicamente, le pareció “una esclavitud sin nombre”. Frente a ese contrato los trabajadores hicieron lo que cualquier actor racional: desertaron. Salazar muestra un peonaje con identidad de fuga antes que identidad laboral, y esa fuga fue leída como confirmación de la flojera diagnosticada, cuando era su consecuencia.
Y cuando se organizaron en vez de desertar, escribe Rory Miller —doctorado en Cambridge y coeditor de la mayor historia económica de Chile—, “la represión, no la reforma, fue la respuesta estatal”: 1905, trescientos muertos en Santiago; 1907, Santa María de Iquique. El diagnóstico, mientras tanto, se aplicaba principalmente hacia abajo: las combinaciones salitreras protegían con cuotas de producción a las firmas ineficientes de la élite y los bancos prestaban a sus propios directores mientras negaban crédito a industriales inmigrantes. La ineficiencia del socio era un dato a administrar; la del trabajador, un defecto de origen.
Contrato y poder
La misión Klein & Saks —consultora estadounidense contratada por Carlos Ibáñez del Campo— describió en 1958 una “guerra civil económica” donde cada grupo peleaba su tajada: los empleados mediante reajustes, los obreros con huelgas, los empresarios a través de créditos y exenciones. Pero en el relato de la época la responsabilidad de la inflación recayó desproporcionadamente en el eslabón sindical, no en las exenciones. Y cuando la organización obrera creció, la respuesta volvió a conocerse: Rodríguez Weber, historiador económico uruguayo, siguiendo a Tomás Moulian, llama “contención coactiva” al tramo 1947-1958, cuando la proscripción del comunismo y la purga sindical procesaron la demanda salarial como subversión. Tras la Revolución cubana, el miedo hizo el resto: sindicalización, reforma agraria y reajuste fueron leídos como antesala de ruptura.
El período deja, sin embargo, la prueba inversa más nítida de este recorrido: fue uno de los pocos tramos en que Chile modificó el contrato en lugar de insistir únicamente en el diagnóstico, y la distribución se movió. El decil superior pasó de concentrar 57% a 38% del ingreso entre fines de los treinta y fines de los sesenta. Los salarios, muestra Nora Reyes Campos, doctora en historia económica por la Universidad de Barcelona e investigadora de los salarios durante la industrialización chilena, no subieron por la fábrica: aumentaron por la organización, la legislación y el reajuste. Cuando el contrato cambió, el carácter dejó de ser el problema.
La dictadura clausuró ese experimento, y aquí el archivo obliga a suspender la metáfora de los vocabularios: entre 1973 y 1979 no hubo un nuevo diagnóstico sino la eliminación del interlocutor. El Decreto Ley 12, a días del golpe, disolvió la CUT y confiscó sus bienes. Bandos militares suspendieron la negociación colectiva y la huelga. El Decreto Ley 198, de diciembre de 1973, congeló las elecciones sindicales y redujo las asambleas a reuniones informativas con aviso previo a Carabineros. Los medios sindicales corrieron la suerte de toda la prensa opositora: la clausura.
Los dirigentes sindicales figuran entre las categorías de víctimas que consigna el Informe Rettig —ejecutados, detenidos desaparecidos, torturados—, y la persecución no terminó con la primera hora: en 1982, el presidente de la Anef, Tucapel Jiménez, fue asesinado por agentes de la CNI cuando articulaba la reunificación del movimiento sindical, crimen por el cual la justicia chilena condenó años después a sus autores. A eso se sumaron las exoneraciones masivas por motivos políticos, que las leyes de reparación de los años noventa reconocerían en más de cien mil casos. Estos hechos esenciales no dependen de una interpretación editorial: constan en decretos, fallos e informes encargados por el Estado de Chile.
Solo después de ese “despeje” llegó la doctrina. El Plan Laboral de 1979 no diagnosticó flojera ni subversión sino “rigidez”: negociación restringida al nivel de empresa, huelga acotada a 60 días con derecho del empleador a reemplazar, paralelismo de sindicatos y la negociación por rama “deliberadamente bloqueada” —la palabra es de Fundación SOL—. Su arquitecto, José Piñera, lo presentó como una modernización, y como tal puede discutirse. Pero, 47 años después, el diseño no se convirtió en el patrón predominante de los países desarrollados, y la Ocde ha documentado ventajas de los sistemas coordinados frente a los excesivamente fragmentados en empleo y desigualdad.
Lo que no puede hacerse es discutirlo fuera de su secuencia: la nueva regla del juego se escribió cuando una de las partes estaba presa, exiliada, muerta o proscrita. Sus efectos también han sido reconstruidos mediante series de largo plazo. Mario Matus González —académico de la Universidad de Chile y especialista en salarios y niveles de vida— y Reyes estiman que los salarios reales cayeron entre 40% y 50% y solo recuperaron el nivel de 1969 en 2005. Javier Rodríguez Weber, investigador uruguayo y autor de una extensa reconstrucción de la desigualdad en Chile, calcula que el Gini pasó de 0,45 a 0,58 entre 1973 y 1989. El diagnóstico había cambiado de disciplina. El objeto seguía intacto y, esta vez, sin contraparte en la sala.
Mérito y costo
La postdictadura refinó el encuadre una vez más. Nadie escribió que el trabajador fuera alzado; se relató que le faltaba capital humano. Si la mediana salarial era baja, el problema era la “empleabilidad” de cada cual: capacítese usted. Los sociólogos Modesto Gayo y María Luisa Méndez, que llevan una década estudiando a la élite chilena desde el Coes —centro de investigación que reúne a la Universidad de Chile, la Católica, la Diego Portales y la Adolfo Ibáñez—, le han puesto nombre a esta operación: el mérito como “léxico para justificar fortunas cada vez mayores”, señal del “colapso de una auténtica ética de responsabilidad colectiva”. Es la versión educada del diagnóstico de 1829: la distancia entre lo que ganas y lo que ganan se explica por lo que eres, no por las reglas del juego. Y su eco cotidiano aún se escucha en muchos comités de gerencia: “las nuevas generaciones no quieren trabajar”, el último episodio del peón alzado.
Así se llega a 2026 con naturalidad. El Informe Final de la Mesa de Reactivación Laboral reúne 22 propuestas diversas, elaboradas por nueve especialistas de trayectorias reconocidas. Varias son valiosas en cuidados, capacitación e información laboral. Pero cuando entra al núcleo regulatorio, el encuadre se estrecha: el aumento del salario mínimo, la reducción de jornada y las cotizaciones del empleador configuran un escenario de “alza en costos laborales”; la indemnización aparece como un “pasivo contingente incierto”; y se propone ampliar la polifuncionalidad y reponer la “falta de adecuación del trabajador o trabajadora” como causal de despido.
La palabra “sindicato” no aparece en el documento, y la negociación colectiva solo se menciona para describir mecanismos existentes en otros países, no para fortalecerla en Chile. No hace falta atribuir mala fe: como plantean Acemoglu y Johnson, una visión compartida por quienes deciden define qué cuenta como problema y qué ni siquiera se registra como variable. En ese marco, el lapsus de Bravo no resume todo el informe ni invalida cada una de sus propuestas; vuelve audible la lógica de su diagnóstico de costos y de su bloque regulatorio. El trabajador aparece como costo, riesgo o problema —como “cacho”— y no como actor colectivo capaz de participar en la definición de las reglas.
Hay críticas fundadas al régimen laboral vigente y la indemnización por años de servicio tiene problemas reales de diseño y cobertura. El historiador Luis Ortega, de la Universidad de Santiago y autor del estudio de referencia sobre el Chile de 1850-1880, advierte además contra explicar la historia por el carácter de nadie —tampoco el de la élite: pesaron estructura, incentivos y tamaño de mercado—. Y la voz trabajadora nunca fue la de su caricatura. Ya en 1850, “El Amigo del Pueblo” —periódico ligado al mundo artesanal— distinguía, con la ortografía de la época, “dos existencias en nuestra clase obrera: la una llena de dignidad i de vigor […] la otra atada, mezquina i propia de un siervo”. Los propios artesanos sabían que la diferencia entre ambas existencias no era moral sino contractual.
El punto, entonces, es anterior a cualquier reforma específica. Entre la ficha de la pulpería y el “cacho” median cinco vocabularios —moral, político, económico, meritocrático, contable— y una gramática recurrente: cuando Chile discute su cuestión laboral, la pregunta suele ser qué le pasa al trabajador. Flojo en el vocabulario moral, subversivo en el político, rígido en el económico, mal capacitado en el meritocrático, demasiado caro en el contable. La excepción más nítida fue el período en que la pregunta cambió —qué contrato se le ofrece— y la distribución se movió.
Para quienes gestionan personas, esta historia no es un asunto de museo: es un espejo de práctica diaria. La gramática del diagnóstico opera cada vez que una empresa lee su rotación como deslealtad generacional y no como señal de sus condiciones; cada vez que una encuesta de clima mide el “compromiso” de la gente sin medir la calidad de lo que se le ofrece a cambio; cada vez que la dotación entra al presupuesto solo como costo a comprimir y nunca como demanda, capacidad o contraparte. La lección de casi dos siglos es incómoda pero útil: los diagnósticos sobre el carácter de las y los trabajadores han envejecido mal; los cambios más persistentes en salarios, permanencia, productividad y paz laboral han dependido del contenido del contrato, en su sentido amplio: remuneración, seguridad y voz.
Quien dirige personas hoy puede elegir qué pregunta hace su organización. Esa elección, multiplicada por miles de empresas, es la que la historia registra después como época. El día que el diagnóstico cambie de objeto, habrá empezado, por fin, otra narración.
