Reportajes

De Iquique a la IA: cuando la vida del trabajador vale menos que el “progreso”

La masacre de la Escuela Santa María de Iquique no es solo una tragedia del pasado: es un espejo incómodo de cómo una sociedad decide qué vidas y qué trabajos importan. Y ese espejo se vuelve aún más nítido cuando lo ponemos al lado de las discusiones actuales sobre trabajo decente, desigualdad, concentración de la riqueza y el impacto de la inteligencia artificial, a la luz de las ideas de Daron Acemoglu, Simon Johnson y James A. Robinson, premios Nobel de Economía 2024.

El 21 de diciembre de 1907, el ejército chileno abrió fuego contra miles de obreros salitreros y sus familias que se habían concentrado en la Escuela Santa María de Iquique para exigir mejoras básicas: fin del pago en fichas, salarios más dignos y condiciones mínimas de habitabilidad. Según la Biblioteca Nacional de Chile, testigos hablaron de “más de 200 cadáveres” tendidos en la Plaza Montt, mientras que las cifras oficiales reconocieron 126 muertos y las estimaciones historiográficas sitúan el número real entre 2.200 y 3.600 personas (Memoria Chilena+1). La represión no fue un exceso aislado sino la expresión extrema de un orden económico y político: un sistema salitrero controlado por capitales nacionales y extranjeros, sostenido por el Estado y estructurado para extraer valor de una población trabajadora sin derechos efectivos. La huelga fue respondida como un problema de “orden público”, no como una cuestión de justicia social. En términos contemporáneos, Iquique fue una fotografía brutal de instituciones extractivas: reglas del juego diseñadas para proteger las rentas de una élite, incluso a costa de la vida de quienes producían la riqueza . Más de un siglo después, nadie dispara metralla sobre una escuela llena de huelguistas, pero la pregunta de fondo sigue siendo la misma: ¿qué prioridad tiene la vida de las y los trabajadores frente al imperativo de la acumulación económica y la “modernización”? La diferencia es que hoy esa disputa pasa menos por fusiles y más por algoritmos, plataformas digitales y decisiones de inversión en tecnologías como la inteligencia artificial. Realidades incómodas hoy La Organización Internacional del Trabajo define el trabajo decente como aquel que ofrece oportunidades productivas con un ingreso justo, seguridad en el lugar de trabajo y protección social, libertad sindical y diálogo social. Sin embargo, la brecha entre ese estándar y la realidad sigue siendo enorme. En América Latina, cerca de la mitad de las personas ocupadas trabaja en la informalidad; estimaciones recientes sitúan la tasa regional alrededor del 47 %, con impactos directos en salarios, protección social y salud mental (International Labour Organization). Chile ha avanzado en formalización, pero mantiene niveles de desigualdad por encima del promedio de la OCDE: el coeficiente de Gini de ingresos disponibles se sitúa en torno a 0,44, muy por sobre países europeos y cercano a la parte alta del grupo. A escala global, el World Inequality Report 2026 muestra que el 10 % más rico concentra alrededor del 75 % de la riqueza mundial, mientras la mitad más pobre (4 mil millones de personas) posee menos del 2 % Estas cifras no son un accidente estadístico: reflejan estructuras productivas donde la productividad y las ganancias se reparten de forma muy distinta a lo que se reparte el esfuerzo. Si en la pampa salitrera la desigualdad se expresaba en fichas, pulperías y barracones, hoy se expresa en cadenas de subcontratación, plataformas digitales sin derechos colectivos, brechas salariales de género y una concentración creciente de capital en pocas empresas de tecnología. Ahí es donde la memoria de Santa María incómoda: porque recuerda que cuando las instituciones no ofrecen canales reales para corregir injusticias, el conflicto laboral se resuelve por la fuerza. La represión de 1907 fue el extremo violento de un sistema que no estaba dispuesto a ceder poder ni rentas. Cuando miramos la discusión sobre IA y trabajo, la pregunta de fondo es si estamos construyendo algo distinto… o una versión sofisticada del mismo guion. El premio Nobel de Economía 2024 fue otorgado a Daron Acemoglu, Simon Johnson y James A. Robinson “por estudios de cómo se forman las instituciones y cómo afectan la prosperidad” (NobelPrize.org). En el resumen oficial del premio se subraya que “una explicación importante [de las diferencias de prosperidad] son las persistentes diferencias en las instituciones sociales”. La idea central de su trabajo es conocida pero sigue siendo subversiva: no son los recursos naturales ni la cultura, por sí solos, los que explican por qué unos países prosperan y otros fracasan, sino el tipo de instituciones que se construyen —o se bloquean— alrededor del trabajo, la propiedad, la innovación y la participación política. Instituciones inclusivas abren oportunidades, protegen derechos, distribuyen mejor el poder y permiten que la innovación se traduzca en bienestar más amplio. Instituciones extractivas concentran poder y riqueza, bloquean la movilidad y usan el aparato del Estado para defender privilegios (Carnegie Corporation). James A. Robinson lo resumió con una frase que ya se ha vuelto emblemática: “Inclusive institutions are not created by well-meaning elites. They’re created by people who fight for their rights” (NobelPrize.org+1). No hay progreso sin conflicto político, sin organización desde abajo, sin trabajadores y ciudadanos disputando el sentido del desarrollo. Si leemos la masacre de Santa María desde esta lente, el cuadro es claro: cuando los trabajadores intentaron transformar instituciones extractivas —jornales, fichas, vivienda, condiciones de seguridad—, el Estado respondió no ampliando derechos sino reafirmando, por la vía militar, el carácter excluyente del orden vigente. La “prosperidad” del ciclo salitrero descansaba sobre la fragilidad absoluta de la vida obrera. La incómoda continuidad es que, hoy, algunos países han creado instituciones más inclusivas, pero la lógica extractiva sigue viva en muchos modelos laborales y productivos, ahora mediada por tecnologías que pueden acelerar tanto la emancipación como la desigualdad. Tecnología, IA y poder Simon Johnson, en entrevistas recientes con Forbes sobre IA y democracia, insiste en algo que debería ser un mantra para quienes trabajan en gestión de personas y políticas públicas: “La tecnología no es algo fijo ni determinista; es el resultado de elecciones sociales y políticas” (Forbes Chile+1). Esa frase es el reverso exacto del fatalismo con que muchas empresas y gobiernos presentan la automatización: como si la sustitución de empleos, la vigilancia algorítmica o la precarización vía plataformas fueran fenómenos inevitables, y no decisiones de diseño, regulación e inversión. Daron Acemoglu, por su parte, viene advirtiendo hace años que, en países como Estados Unidos, “la mitad o más de la mitad de la brecha de ingresos entre los trabajadores estadounidenses en los últimos 40 años es atribuible a la automatización de tareas que antes realizaban trabajadores humanos”, especialmente con baja educación (Dawn). Y en un artículo comentado por este mismo medio, refuerza la idea política de fondo: “Necesitamos reorientar la tecnología para que funcione a favor de las personas y no en su contra.” Si cruzamos estas ideas con el caso chileno, la pregunta deja de ser si la IA “llegará” o no al mundo del trabajo, y pasa a ser otra mucho más incómoda: ¿quién decide para quién trabaja la IA? ¿Para ampliar la productividad y autonomía de las personas en empleos de baja calificación, o para reducir costos laborales y concentrar aún más el poder en una minoría de empresas y países? Johnson advierte que, sin intervención pública y sin orientación deliberada, el escenario más probable es que la IA genere enormes ganancias para unas pocas compañías que controlan el conocimiento y los datos, dejando atrás a la mayoría de los trabajadores y a muchos países en desarrollo (Forbes Chile+1). Es difícil no ver allí un eco contemporáneo del modelo salitrero: valor creado en la periferia, capturado en el centro. En 1907, la “calidad de vida” de las familias salitreras era brutalmente directa: largas jornadas, hacinamiento, endeudamiento permanente con la pulpería de la empresa, accidentes frecuentes, mortalidad infantil alta. La huelga que culminó en la masacre fue, en parte, una búsqueda de dignidad básica: que el trabajo permitiera vivir, no solo sobrevivir Hoy, la agenda de trabajo decente suma dimensiones nuevas: salud mental, derecho a la desconexión, posibilidad de compatibilizar cuidado y empleo, participación real en las decisiones de la empresa, trayectorias laborales con sentido. Pero la tensión de fondo sigue ahí: en muchos sectores, el discurso de la “transformación digital” convive con salarios estancados, intensificación del trabajo, monitoreo constante y externalización de riesgos hacia las personas. La IA puede agravar esa tensión: sistemas de evaluación algorítmica que castigan la enfermedad o el error, plataformas que aceleran el trabajo fragmentado y sin protección, automatización que destruye puestos sin ofrecer itinerarios de reconversión real. Pero también puede, si se diseña de otro modo, liberar tiempo, reducir tareas repetitivas, mejorar la seguridad y abrir espacios para el desarrollo humano en el trabajo. La diferencia entre un escenario y otro no se juega en el “talento” de los ingenieros, sino en el tipo de instituciones que construimos. Y aquí las ideas de Acemoglu, Johnson y Robinson son una advertencia directa para el mundo del trabajo:

La prosperidad sostenible exige instituciones inclusivas que distribuyan poder de decisión también sobre el rumbo tecnológico, no solo sobre el reparto del PIB.
La tecnología no es neutral: refleja la correlación de fuerzas entre capital, trabajo y Estado.
Las instituciones inclusivas no nacen de la benevolencia de las élites, sino de la organización y la acción colectiva de quienes sufren desigualdad y precariedad.

Dicho en clave histórica: si en 1907 una sociedad sin canales inclusivos terminó en masacre, hoy una sociedad que deja el rumbo de la IA exclusivamente en manos de quienes concentran capital y datos corre el riesgo de una nueva forma de violencia estructural, menos visible pero no menos devastadora para la vida de las y los trabajadores. Recordar la Escuela Santa María de Iquique no es un ejercicio de nostalgia trágica, sino una pregunta política incómoda: ¿qué significaría, en el siglo XXI, tomar en serio el “nunca más” desde la perspectiva del trabajo? A la luz de las reflexiones de los Nobel 2024, eso implica al menos tres desplazamientos que interconectan pasado y presente:

Del asistencialismo a las instituciones inclusivas. No basta con políticas laborales fragmentadas; se requiere un marco institucional que dé poder efectivo a trabajadores y trabajadoras en la definición del rumbo tecnológico, de la organización del trabajo y de la distribución de las ganancias. Eso incluye negociación colectiva robusta, participación en órganos de gobernanza de datos y algoritmos, y sistemas de protección social adaptados a carreras más inestables.
De la fascinación tecnológica a la política de la tecnología. La frase de Johnson —“La tecnología no es algo fijo ni determinista; es el resultado de elecciones sociales y políticas”— obliga a abandonar el discurso de que la IA “nos pasa por encima”. El mundo del trabajo necesita intervenir en esas elecciones: qué tipo de IA se financia, con qué condiciones de transparencia, bajo qué estándares de impacto laboral y con qué participación de las personas afectadas.
Del recuerdo de la masacre a la prevención de nuevas formas de extracción. Acemoglu advierte que, si no se corrige el sesgo actual, el efecto de la automatización sobre la desigualdad será aún más profundo. Robinson recuerda que los cambios institucionales nacen del conflicto democrático organizado. El mensaje conjunto es claro: la manera en que se despliega la IA en empresas y Estados será uno de los grandes campos de batalla institucional del siglo XXI.

Para quienes miran el mundo del trabajo desde la dignidad, la salud y el sentido, el cruce entre Iquique y los Nobel 2024 deja una conclusión incómoda pero fértil: no hay neutralidad posible. O reproducimos, con nuevas herramientas, la lógica de un orden que considera prescindibles las vidas que sostienen la economía, o usamos la memoria histórica y las nuevas ideas sobre instituciones inclusivas para reorientar la disrupción tecnológica hacia más trabajo decente, menos desigualdad salarial y una distribución menos obscena de la riqueza. En 1907, las y los trabajadores salitreros pagaron con su vida por atreverse a exigirlo. Hoy, con toda la distancia histórica y tecnológica, la pregunta vuelve a ser colectiva: ¿de qué lado estarán nuestras instituciones —y nuestras decisiones sobre IA— cuando la próxima generación mire hacia atrás buscando entender por qué algunos países y empresas prosperaron… y otros fracasaron?

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