El abogado Cristian Vargas, exsubdirector jurídico del SII, advirtió sobre el deterioro de la confianza institucional que, a su juicio, provocaron las decisiones adoptadas durante las investigaciones de los casos Penta y SQM, vinculados al financiamiento ilegal de la política en Chile. Según declaró a El Mostrador en una entrevista publicada el 18 de julio de 2026, las presiones recibidas para limitar las acciones del organismo tributario terminaron mostrando una diferencia entre los principios públicamente defendidos y la forma en que operó el poder cuando las investigaciones alcanzaron a sectores políticos y económicos.
Vargas aborda estos episodios en Impunidad: una crónica sobre el SII y los dineros de la política, su primer libro, escrito después de haber sido citado como testigo en el juicio por el caso SQM. El abogado trabajó durante 20 años en el SII, donde desarrolló su carrera desde escalafones inferiores hasta llegar a una subdirección. En su relato, sostiene que decidió reconstruir lo ocurrido porque fue testigo directo de un proceso en el que, afirma, el poder político logró frenar investigaciones por delitos tributarios en los que existían actores de ese mismo mundo involucrados.
Para el exsubdirector, uno de los principales problemas que dejó ese periodo está relacionado con la igualdad ante la ley. Su planteamiento es que determinados sectores de la élite política y económica consiguieron detener investigaciones, mientras que las personas comunes enfrentan con mayor rigor las consecuencias de sus faltas o delitos. Esta percepción de reglas aplicadas de manera desigual constituye uno de los ejes de su crítica y se conecta directamente con el daño que identifica sobre la legitimidad de las instituciones.
Reglas desiguales
La experiencia relatada por Vargas sitúa la confianza institucional como una consecuencia central de las decisiones adoptadas. Su cuestionamiento no se limita a los hechos investigados, sino que apunta a la distancia que puede producirse entre los principios que una institución o un sistema declara defender y la forma en que esos principios se aplican cuando entran en conflicto con intereses de poder. En ese escenario, la coherencia institucional adquiere un papel determinante para la cultura y la credibilidad de las organizaciones.
El abogado sostiene que durante ese periodo existieron presiones provenientes principalmente del Ministerio del Interior. Según su versión, en una primera etapa se buscó influir mediante presiones y posteriormente se produjo lo que califica como una intervención política. Vargas afirma que no existieron órdenes escritas ni documentos oficiales, sino propuestas presentadas como estrategias jurídicas que, desde su perspectiva, buscaban tratar como simples infracciones tributarias hechos que él consideraba delitos.
Ese tipo de funcionamiento también aparece en su análisis sobre las relaciones de poder dentro de las instituciones. Vargas describe mecanismos que no necesariamente se manifiestan mediante instrucciones formales, sino a través de conversaciones, sugerencias y alternativas que pueden conservar una apariencia técnica. Para el exsubdirector, el problema se profundiza cuando las decisiones relevantes se producen fuera de los canales visibles y sin mecanismos claros de rendición de cuentas frente a la ciudadanía.
Confianza pública
La mirada de Vargas se extiende más allá de los casos Penta y SQM. A once años del inicio de esos episodios y de su salida del SII, sostiene que el problema de fondo no ha desaparecido. Desde su perspectiva, la corrupción evidenciada en aquel periodo no fue accidental, sino estructural, debido a una relación histórica entre el dinero y la política y a la existencia de sectores que actuarían como si estuvieran por encima de las leyes y las instituciones.
En esa reflexión, el exsubdirector identifica la impunidad como uno de los factores con mayor capacidad de deteriorar la confianza. Incluso plantea que el elemento más grave podría no haber sido únicamente el financiamiento ilegal de políticos y campañas, sino la decisión posterior de no hacer justicia. Vargas resume ese efecto al señalar que “la impunidad no borra los hechos: los convierte en una especie de veneno lento para la confianza pública”.
Su trayectoria personal también forma parte de ese relato. Después de dos décadas en el SII, Vargas reconoce que su despido significó un golpe difícil de procesar y que posteriormente tuvo problemas para reinsertarse laboralmente. Años más tarde, su participación como testigo en el juicio del caso SQM lo llevó a concluir que debía dejar registro de una experiencia que, para él, excedía su historia individual y permitía observar cómo las decisiones, las relaciones de poder y la consistencia en la aplicación de las reglas pueden afectar la confianza en las instituciones.
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