Según una nota de la OIT publicada en marzo de 2026, las responsabilidades de cuidado siguen siendo una de las principales barreras para la participación laboral de las mujeres y, al mismo tiempo, una de las dimensiones menos resueltas por los sistemas de protección social. El documento sostiene que el cuidado, remunerado o no remunerado, debe ser entendido como trabajo y que su actual distribución, concentrada mayoritariamente en mujeres, genera efectos persistentes sobre el empleo, los ingresos y el acceso a la seguridad social.
La advertencia se apoya en una constatación estructural: el cuidado no remunerado suele desarrollarse fuera de las condiciones formales del mercado laboral, sin cotizaciones, sin prestaciones y sin reconocimiento económico. En ese escenario, quienes asumen esas tareas quedan expuestas a una desigualdad presente y futura. El problema no se agota en el tiempo dedicado a cuidar. También abarca la dificultad para generar ingresos de manera autónoma, permanecer en un empleo o reinsertarse después de una interrupción prolongada.
La magnitud de ese impacto aparece con claridad en uno de los datos que releva la nota. Estimaciones citadas en el documento muestran que el 45% de las mujeres que están fuera del mercado laboral en el mundo y el 68% en América Latina y el Caribe se encuentran en esa situación debido a responsabilidades de cuidado. Entre los hombres, esa cifra llega al 5% a nivel mundial. La brecha da cuenta de una distribución desigual del trabajo de cuidados y de una estructura laboral que todavía no logra absorber ni compensar ese costo.
El texto añade que el cuidado tiene, además, un carácter muchas veces temporal, pero con consecuencias de largo plazo. El paso a la adultez de niños, niñas y adolescentes, la mejora o muerte de la persona cuidada, o el relevo por parte de otra persona pueden poner fin a la necesidad de cuidado. Sin embargo, el efecto sobre la trayectoria laboral de quien cuidó no desaparece con la misma rapidez. La salida parcial o completa del mercado de trabajo puede dejar secuelas en ingresos, empleabilidad, cotizaciones previsionales y acceso a prestaciones.
Seguridad social y salida del mercado laboral
En ese punto, la nota propone mirar el cuidado desde la lógica de la seguridad social. Si la dependencia y las responsabilidades de cuidado afectan la capacidad de generar ingresos y elevan los costos de vida, entonces pueden ser abordadas como contingencias sociales, del mismo modo en que hoy se enfrentan la maternidad, el desempleo, la enfermedad o los accidentes laborales. Bajo esa perspectiva, la seguridad social no solo aparece como un mecanismo de protección económica, sino también como una vía institucional para alojar y financiar políticas de cuidado.
El documento remarca que parte de esa lógica ya existe. Las prestaciones de maternidad, por ejemplo, incorporan de forma explícita la protección del cuidado del recién nacido y, en ciertos casos, promueven la corresponsabilidad parental. También menciona que la protección frente al desempleo puede ofrecer una referencia para quienes salen del trabajo por razones de cuidado, especialmente cuando esa salida tiene duración acotada y luego exige políticas activas que faciliten la reinserción laboral.
La nota también releva experiencias que buscan compensar el efecto del cuidado sobre la trayectoria contributiva. Entre ellas, menciona el Cómputo Ficto por Cuidados en Uruguay, que reconoce aportes a la seguridad social por hijo o hija, y el Bono por Hijo en Chile, que suma meses de ahorro previsional a las cuentas de las mujeres por cada hijo o hija nacida viva. Son ejemplos de mecanismos que reconocen que el cuidado no solo implica tiempo y esfuerzo, sino también pérdida de aportes y deterioro futuro de la protección social.
Junto con eso, el documento enfatiza que la dependencia suele traer mayores costos de vida, incluidos los asociados a servicios o apoyos para el cuidado. Por eso, plantea que la seguridad social también podría extender prestaciones para cubrir esos gastos, ya sea mediante seguros específicos, extensiones de seguros existentes o combinaciones entre mecanismos contributivos y no contributivos. La advertencia es clara: las cotizaciones por sí solas no alcanzarían para construir la infraestructura necesaria, por lo que se requiere una diversidad de fuentes de financiamiento.
Más allá del instrumento concreto, la tesis de fondo es que la institucionalización del cuidado exige reconocer su valor económico y social. La nota recupera para ello la lógica de las 5R: reconocer, reducir y redistribuir el cuidado no remunerado, además de remunerar y representar a quienes trabajan en este ámbito. En esa hoja de ruta, reducir la sobrecarga sobre las mujeres y redistribuir la responsabilidad entre Estado, hogares, sector privado y comunidad aparece como una condición necesaria para cerrar brechas en participación laboral.
La discusión, por lo tanto, no se limita a ampliar servicios. También involucra trabajo decente, cobertura universal, suficiencia de prestaciones y sostenibilidad financiera de largo plazo. El documento plantea que los sistemas de cuidado pueden transformarse en una oportunidad para apoyar tanto a las personas con dependencia como a las personas cuidadoras, que siguen sosteniendo una tarea de alto valor social sin el respaldo institucional equivalente.
Desde esa perspectiva, la salida de las mujeres del mercado laboral por razones de cuidado deja de ser leída como un problema privado o doméstico y pasa a ser un asunto central de política pública. La nota sostiene que entender el cuidado como trabajo y como parte del campo de la seguridad social abre caminos concretos para corregir una desigualdad persistente. En otras palabras, no se trata solo de reconocer quién cuida, sino de decidir cómo se distribuyen socialmente sus costos, sus tiempos y sus derechos.
