En julio de 2025, más de 44 mil trabajadores fueron despedidos en Chile bajo la causal de “necesidades de la empresa”, un incremento de 18,5 % respecto al mismo mes del año anterior. En el primer semestre, la cifra acumulada asciende a 297.503 desvinculaciones, un número que genera preocupación tanto en el mundo laboral como en el jurídico. Según advirtió Javier Soto Solís, académico de derecho de la Universidad Andrés Bello, en una columna publicada por BioBioChile, este fenómeno no solo refleja dificultades económicas, sino también fallas en la formulación de políticas públicas que están generando un efecto adverso en la estabilidad del empleo.
El especialista sostiene que la proliferación de despidos en este contexto es un “síntoma de políticas públicas desviadas” que han incrementado la inseguridad laboral. Para Soto, medidas como la Ley de 40 horas, la Ley Karin y la actualización del Decreto Supremo 40, pese a sus objetivos legítimos, han introducido mayores costos y riesgos legales para las empresas, incentivando a que estas opten por desvincular personal para prevenir eventuales contingencias.
El efecto jurídico de esta práctica es evidente: la causal de “necesidades de la empresa”, contemplada en el código del trabajo, se ha transformado en una herramienta masiva de salida, lo que expone a miles de trabajadores a procesos de judicialización. El académico alerta que este escenario genera un aumento en la carga de trabajo de la Dirección del Trabajo y de los juzgados laborales, obligados a revisar reclamos y demandas derivadas de despidos que muchas veces los tribunales consideran injustificados.
Riesgo de abusos y sobrecarga institucional
El uso extensivo de esta causal, explica Soto, abre la puerta a abusos por parte de las empresas que recurren a ella incluso en situaciones que no cumplen con los criterios estrictos de justificación económica. Este fenómeno no solo debilita la protección de los derechos laborales, sino que también produce un efecto colateral: el deterioro de la confianza en las instituciones encargadas de velar por la justicia en el trabajo.
La sobrecarga en la Dirección del Trabajo y en los tribunales laborales refleja esta tensión. La multiplicación de reclamos y juicios por despido ha puesto en entredicho la capacidad del sistema para dar respuesta oportuna y eficiente a los afectados. “Los jueces han debido pronunciarse sobre casos en que la causal se utiliza de manera arbitraria, con altos costos tanto para los trabajadores como para el aparato judicial”, sostiene Soto en su análisis.
Desafíos regulatorios y de prevención
El trasfondo del problema, advierte el académico, es que las reformas laborales recientes carecen de mecanismos de prevención y compensación adecuados. Si bien las normas han buscado mayor justicia y protección en el ámbito del trabajo, la ausencia de políticas complementarias como subsidios, claridad regulatoria y fortalecimiento institucional ha terminado tensionando al sistema.
En consecuencia, los despidos masivos no solo representan un problema económico, sino también un desafío regulatorio y jurídico. Para Soto, es imprescindible diseñar marcos legales más equilibrados que protejan efectivamente a los trabajadores sin desincentivar el empleo formal. “El fortalecimiento de las instituciones laborales y la implementación de medidas preventivas son pasos clave para revertir esta tendencia”, afirma.
Hacia un equilibrio en la protección laboral
El caso de los despidos por “necesidades de la empresa” ilustra la fragilidad del equilibrio entre regulación y empleo. Desde la perspectiva de los derechos de los trabajadores, el desafío es doble: frenar la utilización abusiva de esta causal y garantizar que el sistema judicial pueda dar respuestas oportunas. Al mismo tiempo, resulta clave que las políticas públicas sean diseñadas considerando sus impactos reales en la dinámica laboral y en la administración de justicia.
En un contexto donde las cifras alcanzan niveles históricamente altos, la pregunta de fondo es cómo generar un marco jurídico capaz de resguardar derechos sin ahogar la actividad empresarial. La columna de Soto invita a repensar la causal de despido más utilizada en Chile y a situar el debate en la intersección entre derecho, empleo y políticas públicas.
