Las crisis políticas en América Latina muestran una transformación profunda desde 1980, con al menos veinticinco presidencias interrumpidas sin quiebre del orden democrático, según un foro de debate publicado en Iberoamericana por Stéphanie Alenda, Christopher A. Martínez, Rodrigo M. Medel, Julieta Suárez-Cao y Mauro Basaure, que analiza estos procesos desde una mirada institucional, social y territorial para comprender cómo se redefine hoy la inestabilidad regional.
El trabajo propone leer las crisis políticas no solo como episodios de ruptura o desorden, sino como momentos en que se reconfiguran coaliciones, reglas e identidades políticas. Desde esa perspectiva, América Latina aparece como un laboratorio donde las democracias enfrentan presiones simultáneas: conflictos entre poderes del Estado, ciclos de protesta, judicialización de la política, crisis de representación y emergencia de liderazgos que utilizan la noción de crisis como recurso estratégico.
El marco analítico distingue entre crisis verticales, horizontales y mixtas. Las primeras se originan en procesos de movilización social; las segundas nacen en el ámbito institucional, ya sea entre ramas del Estado o dentro del sistema de partidos; y las terceras combinan ambos planos. Esta tipología permite observar que la inestabilidad ya no se expresa necesariamente como una interrupción democrática clásica, sino como una tensión persistente que puede alterar gobiernos, agendas públicas y vínculos entre ciudadanía e instituciones.
Nuevas crisis
Uno de los ejes centrales del análisis son las presidencias “fracasadas”, entendidas como aquellas en que los jefes de gobierno no logran completar sus períodos constitucionales sin que ello derive en un quiebre democrático. Entre los casos más recientes mencionados aparecen Evo Morales en Bolivia en 2019, Pedro Castillo en Perú en 2022, Guillermo Lasso en Ecuador en 2023 y Dina Boluarte en Perú en 2025.
El estudio de Christopher A. Martínez destaca que el Congreso y los movimientos sociales aparecen como actores decisivos en la estabilidad presidencial. A partir de una encuesta aplicada a expertos de doce países latinoamericanos, el Congreso es percibido, en promedio, como la principal amenaza para la continuidad de los presidentes, seguido por los movimientos sociales. Sin embargo, el peso de cada actor varía según el país: en Perú y Paraguay predominan las lógicas institucionales-parlamentarias, mientras que en Argentina, Chile, Costa Rica y Ecuador la movilización social aparece con mayor centralidad.
El análisis también muestra que, cuando existen mecanismos institucionales para destituir a un presidente, los partidos de oposición tienden a preferir esas vías por sobre alternativas no institucionales o ilegales. No obstante, en países como Bolivia, Ecuador y Perú, los expertos perciben una mayor probabilidad de que actores opositores busquen mecanismos ilegales si las opciones institucionales no están disponibles. Esa tensión abre preguntas sobre la solidez del compromiso democrático de las élites políticas en la región.
La calle
La protesta social ocupa un lugar clave en esta nueva anatomía de las crisis políticas. Rodrigo M. Medel plantea que, ante la retirada gradual de las Fuerzas Armadas del centro de la política, la movilización ciudadana se convirtió en un factor capaz de erosionar la estabilidad presidencial. El texto diferencia tres formas de política contenciosa: revueltas urbanas, huelgas políticas generales y campañas de protesta.
Las revueltas urbanas se caracterizan por su masividad, desarrollo en espacios urbanos, multiplicidad de actores y uso de tácticas disruptivas o violentas. El estallido chileno de 2019 aparece como un caso paradigmático, ya que alteró la estructura política y abrió paso a un acuerdo para iniciar un proceso constituyente. En cambio, las huelgas políticas generales suelen contar con coordinación sindical y capacidad de afectar la actividad productiva, mientras que las campañas de protesta se articulan en torno a objetivos específicos y pueden escalar si alcanzan suficiente masividad.
El caso chileno de 2019 es leído por Mauro Basaure como una crisis vertical autocontenida. Su origen estuvo en la relación entre ciudadanía y Estado, con una protesta masiva que cuestionó desigualdades, abusos y formas de distribución de riesgos y seguridades. Sin embargo, aunque hubo momentos de posible escalamiento hacia una crisis entre poderes del Estado, ese canal no se consolidó. La salida institucional mediante el proceso constituyente mostró que una revuelta intensa puede reconfigurar el orden político sin producir necesariamente una presidencia interrumpida.
Mirada territorial
Julieta Suárez-Cao introduce otra dimensión relevante: las crisis políticas subnacionales. El texto advierte que la inestabilidad no solo se produce en las capitales o en la arena nacional, sino también en provincias, estados, regiones y municipios. Allí pueden surgir disputas institucionales, juicios políticos, protestas locales, ocupaciones de edificios públicos o conflictos por recursos que permanecen contenidos en un territorio o escalan hacia el nivel nacional.
Esta mirada cuestiona el sesgo nacional de muchos estudios sobre democracia y crisis políticas. Al observar el nivel subnacional, se vuelve posible identificar repertorios de protesta, mecanismos de excepción y transformaciones políticas que muchas veces se ensayan localmente antes de proyectarse hacia el centro. También permite reconocer que la erosión democrática puede ocurrir de forma fragmentada, en territorios donde se juegan recursos, representación, derechos y vínculos cotidianos entre Estado y ciudadanía.
El foro también incorpora el análisis de Stéphanie Alenda sobre liderazgos de derechas radicales que colocan la idea de crisis en el centro de su intervención política. Figuras como José Antonio Kast y Johannes Kaiser son presentadas como actores que no solo capitalizan el malestar social, sino que lo elaboran discursivamente y lo convierten en un recurso estratégico en contextos de incertidumbre.
En conjunto, el documento plantea que las crisis políticas en América Latina deben comprenderse como procesos complejos, donde instituciones, protesta y territorio se entrelazan. Más que anomalías excepcionales, estas crisis revelan las zonas de fragilidad y adaptación de las democracias regionales. Su desenlace puede erosionar la gobernabilidad, pero también abrir oportunidades de reforma, reorganización política y redefinición de los pactos entre ciudadanía y Estado.
