La Corte Internacional de Justicia mantiene en deliberación una opinión consultiva solicitada por la OIT para resolver si el Convenio 87 protege el derecho a huelga, una definición que RH Management observa como un punto de inflexión para trabajadores, sindicatos, empleadores y gobiernos, luego de audiencias orales realizadas entre el 6 y el 8 de octubre de 2025 en La Haya y con un pronunciamiento aún pendiente al 15 de marzo de 2026.
La controversia tiene impacto directo en el mundo del trabajo porque el Convenio 87, adoptado en 1948, es uno de los pilares de la libertad sindical y del derecho de organización, pero no menciona de manera explícita la huelga. Durante décadas, sin embargo, los órganos de control de la OIT sostuvieron que ese derecho forma parte esencial de la libertad sindical, una interpretación que fue cuestionada con fuerza por grupos empleadores y terminó abriendo un conflicto de alcance internacional.
El caso llegó a la corte tras un prolongado desacuerdo dentro de la estructura tripartita de la OIT, integrada por gobiernos, empleadores y trabajadores. El punto de quiebre se produjo en 2012, cuando grupos empleadores rechazaron que el Convenio 87 incluyera protección al derecho a huelga. Ese impasse llevó al organismo a dar un paso inédito y pedir en noviembre de 2023 una opinión consultiva a la CIJ, en lo que el documento describe como la primera solicitud de este tipo realizada por la OIT desde 1932.
Marco laboral
Lo que debe responder la corte es una pregunta concreta, pero de amplio alcance: si el derecho a huelga está protegido por el Convenio 87. La respuesta no será jurídicamente vinculante como una sentencia contenciosa, aunque el propio documento remarca que sí tendrá fuerte autoridad interpretativa y peso moral para orientar la práctica de la OIT, los sistemas legales nacionales y el desarrollo del derecho laboral internacional.
Esa dimensión interpretativa explica por qué el caso excede la discusión jurídica. Para los trabajadores y las organizaciones sindicales, una afirmación de la corte consolidaría la base legal de la acción colectiva y fortalecería su capacidad de defensa de mejores condiciones laborales. Para los empleadores, una definición clara podría traducirse en mayores exigencias para reconocer y negociar temas ligados a huelga, aunque también aportaría marcos más previsibles para la relación con los sindicatos en los países que ratificaron el convenio. Para los gobiernos, el impacto podría sentirse en revisiones legislativas, adecuaciones regulatorias y nuevas discusiones judiciales.
En ese escenario, el debate de fondo enfrenta dos interpretaciones. Por un lado, quienes defienden la protección del derecho a huelga sostienen que la libertad sindical quedaría vaciada de contenido si no incluyera la posibilidad de adoptar medidas colectivas para defender intereses laborales. El texto indica que esa postura fue respaldada por décadas de interpretaciones de los órganos de control de la OIT y presentada en las audiencias por organizaciones de trabajadores, gobiernos y otros representantes.
Posturas
Del otro lado, las organizaciones empleadoras argumentaron que el convenio no menciona la palabra huelga y que reconocerla como un derecho implícito impondría un estándar internacional rígido, con riesgo de alterar sistemas nacionales de relaciones laborales y de pasar por alto el principio de construcción tripartita de consensos dentro de la OIT. También señalaron que, aunque el derecho a huelga pueda existir en planos nacionales o regionales, su fundamento no necesariamente proviene del Convenio 87.
El documento agrega que, al momento de deliberar, la corte podría considerar distintos elementos de interpretación, entre ellos el texto general del convenio sobre libertad sindical y derecho de organización, los antecedentes de su elaboración y la práctica posterior sostenida por los órganos de control de la OIT a lo largo de varias décadas. Esa combinación de factores vuelve especialmente relevante el fallo para el futuro de los estándares laborales, porque la discusión ya no se limita a una cláusula puntual, sino al modo en que se interpretan los tratados internacionales vinculados con derechos humanos y laborales.
Las actuaciones del caso muestran, además, la magnitud institucional de la disputa. Según el PDF, durante 2024 se presentaron 31 declaraciones escritas y en las audiencias orales participaron 21 países y organizaciones. Tras esas instancias, los 14 jueces de la corte quedaron deliberando sobre una opinión que el texto considera histórica por su capacidad de dar claridad a una controversia que divide a la comunidad internacional desde hace años.
Impacto global
Más allá de su forma final, la opinión consultiva aparece en el material como un hito con proyección sobre la negociación colectiva, la legitimidad de los órganos de supervisión de la OIT y la consistencia futura de los marcos laborales internacionales. Si la corte confirma que el derecho a huelga está amparado por el Convenio 87, se reforzará la interpretación sostenida durante décadas. Si opta por una fórmula ambigua o restrictiva, persistirá la incertidumbre y podrían profundizarse las diferencias entre normas nacionales y estándares internacionales. En cualquiera de los escenarios, la definición marcará una nueva etapa para la libertad sindical y las relaciones laborales a escala global.
