La Contraloría General de la República, a través de la Unidad Jurídica de la I Contraloría Regional Metropolitana de Santiago, desestimó la presentación que el diputado UDI Jorge Alessandri realizó contra el director del Trabajo, Pablo Zenteno Muñoz, por un supuesto conflicto de intereses luego del dictamen emitido por la Dirección del Trabajo en que fijó el sentido y alcance de la Ley N°21.431, sobre trabajadores de plataformas digitales.
El organismo fiscalizador argumentó que el dictamen de la DT se trata de “un pronunciamiento de carácter general (…) y no de un pronunciamiento de carácter particular que haya recaído sobre una situación específica en la que se hayan visto involucrado el interés de las personas naturales demandantes que fueron representadas por él, en el ejercicio particular de su profesión de abogado, con anterioridad a la asunción de su cargo”.
El dictamen de la Contraloría afirmó que “no se advierte que el señor Pablo Zenteno Muñoz, actual Director del Trabajo, haya tenido algún interés particular involucrado al emitir, en el ejercicio de las funciones que legalmente corresponderían al organismo público que dirige, el dictamen de que se trata”.
El ente fiscalizador, de otra forma, “el director del Trabajo se encontraría imposibilitado de suscribir dictámenes de alcance o aplicación general en el ejercicio de su cargo”.
En su dictamen, la DT abordó por primera vez el vínculo laboral de los trabajadores/as de aplicaciones, situándolos en las categorías de dependientes e independientes, describiendo la relación que mantienen con sus empleadores y los derechos que les deben ser cautelados.
A juicio del parlamentario, Zenteno debió abstenerse de emitir dicho dictamen porque tendría un interés particular en la materia que afectaría su imparcialidad “por cuanto con anterioridad a asumir su cargo, habría patrocinado, en su calidad de abogado, dos causas judiciales correspondientes a tutelas laborales deducidas por trabajadores de la plataforma tecnológica ‘Pedidos Ya’, por las cuales pretendían la declaración de existencia de una relación laboral”.
Luego de conocido la resolución contralora, Pablo Zenteno señaló que “este es un dictamen muy importante para nosotros, porque en lo personal desestima que haya incurrido en falta de probidad y en cualquier conflicto de interés, lo que es muy relevante para aquellos que ejercemos el servicio público, pero también es importante y relevante porque consolida las facultades y las atribuciones de esta institución tan clave para la protección de los derechos laborales en nuestro país, más aún en un ámbito de trabajo en donde se han producido nuevas realidades laborales”.
La autoridad añadió que “este dictamen viene a ser la consolidación de una estrategia que hemos seguido desde el principio en torno a la defensa de nuestras facultades, que pasó con el fallo de la Corte Suprema, que hoy día viene a ser ratificado por la Contraloría General de la República y que por tanto esperamos sea un buen argumento para que esta institución efectivamente se le permita ejercer sus atribuciones en materia de fiscalización y en materia de interpretación de la legislación laboral, sobre todo el día de hoy en donde efectivamente vemos condiciones de trabajo que requieren de la labor tan importante de nuestra institución”.
El pronunciamiento del organismo contralor se suma al emitido por la Corte Suprema el pasado martes 23 de mayo cuando determinó que la Dirección del Trabajo (DT) actúa dentro de su ámbito de competencia y no incurre en actos ilícitos o arbitrarios al momento de emitir dictámenes acerca de las relaciones laborales.
Esto, a propósito del pronunciamiento jurídico que hizo la DT en octubre pasado sobre los trabajadores que prestan servicios a través de plataformas digitales y que fue cuestionado por Uber mediante un recurso de protección.
En ese momento, la sentencia del máximo tribunal confirmó en todas sus partes el fallo emitido el 4 de abril último por la Corte de Apelaciones de Santiago. En esa ocasión el tribunal de alzada rechazó el recurso de protección presentado por Uber en noviembre del año pasado en contra del dictamen de la DT 1831/39, del 19 de octubre de 2022, que interpretaba los alcances de la Ley N° 21.431, que modificó el Código del Trabajo, regulando el contrato de trabajadores/as de empresas de plataformas digitales de servicios.
