En Chile, más de 11 mil sindicatos conviven hoy en un sistema de relaciones laborales completamente descentralizado, donde la existencia de múltiples organizaciones dentro de una misma empresa o sector no solo es legal, sino también promovida. Así lo demuestra el estudio “Dispersión y fragmentación sindical en Chile. Evolución histórica, causas y consecuencias de un experimento de pluralismo radical”, elaborado por el Departamento de Estudios de la Dirección del Trabajo.
Detrás de estas cifras —que ubican al país como líder regional en términos absolutos de organizaciones sindicales— se esconde una realidad más compleja: la libertad sindical en su forma más extrema ha derivado en un sindicalismo atomizado, con bajo poder asociativo y escasa eficacia en la negociación colectiva. La investigación da cuenta de un modelo que ha privilegiado el derecho a formar sindicatos por sobre su capacidad de incidir en las condiciones laborales, generando un escenario donde el pluralismo termina desarticulando a los propios trabajadores.
El texto identifica el Plan Laboral impuesto por la dictadura entre 1978 y 1983 como el punto de inflexión que consolidó este paradigma. Antes de esa fecha, si bien la dispersión ya era una tendencia en desarrollo, existía una figura legal de sindicato único por empresa con afiliación obligatoria, lo que mantenía una proporcionalidad relativa con la estructura productiva. Tras la reforma, se habilitó la posibilidad de formar múltiples sindicatos dentro de una misma empresa, siempre que cada uno reuniera al menos 25 afiliados, y se otorgó derecho a negociar colectivamente a todos ellos, sin mecanismos para fomentar su articulación.
El argumento utilizado entonces —evitar el control sindical por parte de líderes políticos opositores— terminó reforzando un fenómeno de paralelismo que sigue vigente hasta hoy. “La creación de sindicatos se promovió como una forma de expresión democrática, pero sin considerar sus efectos sobre la cohesión y el poder del sindicalismo”, advierten los autores.
La consecuencia inmediata fue una explosión en el número de sindicatos, pero sin una expansión equivalente en la sindicalización. En diciembre de 2023 había 11.550 sindicatos activos, pero la tasa de sindicalización se mantiene baja, lo que indica una proliferación de organizaciones pequeñas, muchas de ellas con escasa o nula capacidad de acción colectiva.
El estudio introduce una distinción clave entre dispersión y fragmentación. La primera se refiere a la existencia de múltiples sindicatos en un mismo ámbito (empresa, rubro o sector), mientras que la segunda ocurre cuando la creación de nuevos sindicatos no implica sumar nuevos trabajadores al movimiento sindical, sino dividir a los ya afiliados. En el caso chileno, ambos fenómenos conviven y se refuerzan mutuamente, debilitando el poder asociativo y estructural de los sindicatos.
Una libertad que debilita
Aunque la libertad sindical es un derecho consagrado por la Organización Internacional del Trabajo (OIT), este principio puede colisionar con la eficacia del sindicalismo cuando no se articula con mecanismos que incentiven la unidad. El documento enfatiza que el pluralismo, sin coordinación ni incentivos a la cohesión, genera conflictos entre organizaciones que disputan la representación de los mismos trabajadores, muchas veces dentro de una misma empresa.
Esta situación ha afectado también a las organizaciones suprasindicales. En la actualidad existen más de 500 federaciones y más de 50 confederaciones activas en Chile, muchas de ellas formadas por apenas tres sindicatos, lo que permite que en una misma empresa coexistan múltiples estructuras superiores, con agendas paralelas y escasa representatividad.
Según el estudio, la debilidad del sindicalismo no se traduce necesariamente en menos conflictos laborales. Por el contrario, la competencia entre sindicatos puede incentivar una mayor conflictividad, al buscar cada uno demostrar mayor firmeza o eficacia frente a los empleadores. Sin embargo, esta conflictividad carece de fuerza estructural y capacidad de generar cambios significativos.
Desafíos para una política pública
Una de las principales contribuciones del informe es que, más allá de los diagnósticos, ofrece herramientas conceptuales y evidencia empírica para repensar las políticas públicas en materia sindical. Plantea que es posible resguardar la libertad sindical sin renunciar a la promoción de una mayor articulación, densidad y representatividad de las organizaciones de trabajadores.
Además, pone en discusión el rol del Estado como facilitador de la cohesión sindical, sin por ello imponer una unidad forzada. Experiencias internacionales citadas en el documento sugieren que algunos países logran altos niveles de sindicalización y negociación efectiva mediante sistemas centralizados o reconocimiento exclusivo a los sindicatos mayoritarios, siempre que estos mecanismos sean fruto de la deliberación democrática.
En este sentido, Chile aparece como un caso extremo de pluralismo mal gestionado, donde la ley garantiza el derecho a organizarse, pero no ofrece condiciones para que esa organización sea eficaz. La consecuencia es un sistema en el que el derecho a formar sindicatos se ejerce ampliamente, pero con escaso impacto en la mejora de las condiciones laborales.
“La dispersión y fragmentación no son solo un problema técnico; son un obstáculo estructural para la construcción de poder de los trabajadores”, concluye el estudio, que busca aportar insumos para una discusión ineludible en cualquier proceso de reforma laboral de fondo.
