La modernización del Estado requiere algo más que tecnología: necesita programas permanentes de formación en inteligencia artificial y gestión de procesos para funcionarios públicos, en línea con las normas vigentes y los estándares internacionales de gobernanza. Crear una política nacional de capacitación en IA, interoperabilidad digital y uso de datos permitiría que herramientas como Cnep-Titania no solo identifiquen los problemas, sino que contribuyan a resolverlos.
Además, es fundamental que industria y universidades se sumen a este esfuerzo, generando alianzas que promuevan la transferencia de conocimiento y el desarrollo de soluciones aplicadas. “Poner la información en un formato accesible y actualizado es un paso hacia procesos más confiables, donde la innovación tecnológica se traduce en confianza pública y mejor gobernanza”, comentó a RH Management Nicolás Fernández, socio director de Titania.
Experiencias internacionales muestran que el uso de inteligencia artificial puede reducir significativamente los tiempos de tramitación. Canadá ha implementado sistemas de gestión digital de permisos que han logrado disminuir en un 30% los plazos promedio de aprobación de proyectos mineros y de infraestructura. En Australia, plataformas de IA para análisis de impacto ambiental han permitido automatizar hasta el 40% de las revisiones preliminares de documentación, liberando a los equipos técnicos para concentrarse en evaluaciones de mayor complejidad. Estos casos confirman que la combinación de tecnología y capacitación de funcionarios es una estrategia efectiva para acelerar la inversión sin relajar los estándares ambientales.
Hacia una gestión pública basada en evidencia
La Cnep ha enfatizado que los plazos del Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental (Seia) se han mantenido estables y dentro de los marcos legales. Los mayores cuellos de botella se producen en los permisos sectoriales dependientes de organismos como la Subsecretaría para las Fuerzas Armadas, la Dirección General de Aguas y el Ministerio de Bienes Nacionales, entre otros. Aquí es donde la digitalización y la inteligencia artificial pueden hacer una diferencia real, ayudando a priorizar solicitudes, detectar demoras y coordinar interacciones entre distintos servicios públicos.
Para los especialistas en gestión de personas, este es un desafío que trasciende lo tecnológico. Se trata de una oportunidad para fortalecer las competencias de los equipos estatales, dotarlos de herramientas de innovación y cultura de datos, y convertirlos en actores activos de la modernización del aparato público.
Innovación y capacitación para modernizar el Estado
La irrupción de herramientas como Cnep-Titania no solo es una solución tecnológica: es también una invitación a repensar el rol del sector público en el fomento de la inversión. Para que esta plataforma cumpla su objetivo, es indispensable capacitar a los funcionarios públicos en el uso de inteligencia artificial, análisis de datos y gestión digital de procesos.
“El valor de esta colaboración está en generar un asistente inteligente que orienta, sistematiza y visualiza la información de la línea base de tramitación, entregando datos actualizados sobre los permisos, plazos y rutas críticas que inciden en la inversión”, señaló a RH Management Cristian Romero, director jurídico de la Cnep.
La capacitación es clave para evitar que las soluciones tecnológicas se conviertan en herramientas subutilizadas. En un país donde gran parte de los retrasos se concentra en un grupo reducido de permisos sectoriales —algunos de los cuales pueden demorar más de 50 meses—, el manejo ágil y oportuno de la información es fundamental para destrabar inversiones, proteger el medio ambiente de forma eficiente y dar mayor certeza a empresas y comunidades.
Informe revela pérdidas millonarias por demoras
Un reciente informe de la Cnep ha vuelto a poner sobre la mesa un problema crítico para la economía chilena: los extensos plazos de tramitación de permisos que afectan a la inversión minera. Según publicó El Mercurio esta semana, los retrasos burocráticos en la aprobación de proyectos generan un perjuicio superior a US$ 2.000 millones anuales, comprometiendo no solo la competitividad de la minería —motor clave del crecimiento nacional— sino también la capacidad del país para atraer nuevas inversiones en infraestructura, energía y recursos hídricos.
La actualización del informe de tramitación de proyectos de inversión minera, con datos al 31 de diciembre de 2024, confirma que los tiempos de aprobación de proyectos han seguido aumentando. Una explotación metálica básica nueva pasó de 7 años a 7 años y 8 meses; una planta desaladora saltó de 6 años y 2 meses a 6; y una ampliación de explotación metálica con relaves u obras hidráulicas se extendió de 7 años y 3 meses a 9 años y 1 mes.
Pero el anuncio más innovador estuvo en la presentación de Cnep-TIitania, una plataforma de inteligencia artificial desarrollada junto a la empresa chilena Titania, que promete revolucionar la forma en que se gestionan los permisos de inversión. A través de mapas interactivos, flujos dinámicos y un asistente virtual, la plataforma permitirá a los usuarios identificar los puntos críticos de cada proceso, visualizar plazos promedio y conocer el estado de los permisos en tiempo real.
Con la puesta en marcha de esta plataforma como herramienta de apoyo, ya disponible en versión beta en cnep-titania.cl, Chile da un paso hacia una burocracia más eficiente, transparente y alineada con las necesidades de desarrollo sostenible. La capacitación de las personas que operan el sistema es la pieza clave para transformar los datos en decisiones y acelerar el crecimiento económico que el país requiere.
