Según publicó la Organización Internacional del Trabajo, en 2025, la igualdad de género en el mundo laboral continúa siendo uno de los principales desafíos para el desarrollo sostenible, la justicia social y la consolidación del trabajo decente en América Latina y el Caribe. Aunque las mujeres han incrementado de forma sostenida su nivel educativo y su participación en el empleo durante las últimas décadas, las brechas con los hombres siguen siendo amplias y, al ritmo actual, su cierre podría demorar más de treinta años.
Los datos presentados en la publicación “Reflexiones sobre el trabajo: Mujeres e igualdad en el mundo laboral” muestran que la primera gran desigualdad se expresa en el acceso al mercado laboral. En 2023, la tasa de participación femenina en la región alcanzó el 51,7%, frente al 74,3% de los hombres, lo que representa una brecha superior a los 22 puntos porcentuales. Esta distancia no solo limita la autonomía económica de las mujeres, sino que también tiene efectos directos sobre el crecimiento económico y la productividad de los países.
Estar fuera del mercado de trabajo remunerado implica para muchas mujeres una situación de vulnerabilidad económica. En América Latina, más de una cuarta parte de las mujeres no cuenta con ingresos propios, proporción que es aún mayor en varios países de Centroamérica. Esta exclusión no responde a un único factor, sino a una combinación de decisiones individuales y familiares condicionadas por normas sociales, estereotipos de género y marcos institucionales que siguen asignando a las mujeres un rol predominante en el ámbito doméstico.
La desigualdad no desaparece cuando las mujeres logran ingresar al mercado laboral. Una vez ocupadas, enfrentan mayores dificultades para acceder a empleos formales, a jornadas completas y a posiciones de mayor responsabilidad. La segregación ocupacional continúa siendo una característica estructural de la región: las mujeres tienden a concentrarse en sectores como cuidados, salud, educación y trabajo doméstico, que registran menores niveles salariales y mayor informalidad, mientras que su presencia sigue siendo baja en actividades vinculadas a ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas.
Este fenómeno se traduce en una menor representación femenina en cargos de liderazgo. La evidencia incluida en el informe muestra que, a medida que aumenta el nivel jerárquico dentro de las organizaciones, la participación de las mujeres disminuye de forma significativa. En el caso de Chile, por ejemplo, las mujeres representan cerca del 40% del total de personas trabajadoras, pero su presencia cae a poco más del 25% en las gerencias de primera línea y a poco más del 22% en los directorios. Esta situación se refleja en una brecha salarial de género que en la región se estima cercana al 20%.
Un avance insuficiente
Durante la etapa de recuperación posterior a la pandemia de CovidD-19, las mujeres mostraron un desempeño relativamente mejor que los hombres en algunos indicadores laborales. La ocupación y la participación femenina crecieron a un ritmo ligeramente superior, y el desempleo se redujo con mayor rapidez. Sin embargo, el análisis advierte que buena parte de la reducción de las brechas se explica por el deterioro de los indicadores masculinos más que por una mejora estructural en la inserción laboral de las mujeres.
Entre 2012 y 2024, la brecha de participación laboral se redujo, pero de manera lenta. Si se mantuvieran las tendencias observadas en los últimos años, serían necesarias más de tres décadas para cerrar completamente las diferencias entre hombres y mujeres en tasas de ocupación y participación. Este escenario pone en evidencia la necesidad de acelerar el paso y de abordar las causas profundas de la desigualdad.
El peso de los roles tradicionales
Uno de los principales factores que explica la persistencia de las brechas laborales es la distribución desigual del trabajo de cuidados no remunerado. Las mujeres continúan asumiendo la mayor parte de las tareas domésticas y de cuidado, lo que limita su disponibilidad para el empleo remunerado, condiciona sus trayectorias laborales y reduce sus oportunidades de desarrollo profesional.
Esta realidad impacta con especial fuerza en las mujeres jóvenes. Las tasas de participación y ocupación de las jóvenes son significativamente menores que las de los hombres de la misma edad, mientras que sus niveles de desocupación son considerablemente más altos. Además, una proporción relevante de mujeres jóvenes que no estudian ni trabajan remuneradamente se dedica casi exclusivamente a tareas de cuidado en sus hogares, sin acceso a ingresos ni protección social.
Políticas para un cambio estructural
El documento subraya que las políticas públicas orientadas a la conciliación entre trabajo y vida familiar son necesarias, pero insuficientes si no se diseñan desde un enfoque de corresponsabilidad. Las licencias parentales, los sistemas integrales de cuidados y las medidas de flexibilidad laboral deben generar incentivos para que hombres y mujeres compartan de manera equitativa las responsabilidades domésticas y familiares.
Asimismo, se destaca la importancia de que las políticas de empleo, formación y protección social incorporen de forma explícita la perspectiva de género, evitando reproducir estereotipos que refuercen la segregación laboral. El diálogo social tripartito, que involucra a gobiernos, empleadores y trabajadores, aparece como una herramienta clave para construir consensos y promover transformaciones sostenidas en el tiempo.
La publicación concluye que avanzar hacia la igualdad de género en el mundo del trabajo no es solo una cuestión de derechos, sino una condición estratégica para el desarrollo económico y social de la región. Sin intervenciones deliberadas y de largo plazo, las brechas laborales seguirán reproduciéndose, con costos elevados tanto para las mujeres como para las economías de América Latina y el Caribe.
