El Congreso aprobó el proyecto de ley que incrementa el ingreso mínimo mensual en Chile, una iniciativa surgida del acuerdo entre el Ejecutivo y la Central Unitaria de Trabajadores (CUT). Según informó El Mostrador, el reajuste se aplicará en dos etapas: a partir del 1 de mayo de 2025 el salario mínimo alcanzará los $529.000, mientras que el 1 de enero de 2026 llegará a $539.000. Esta medida beneficiará directamente a unas 950 mil personas en todo el país.
El aumento del sueldo mínimo constituye uno de los compromisos más relevantes de la actual administración, que ha impulsado una política de fortalecimiento del poder adquisitivo de los trabajadores. El alza se da en un contexto económico en que el costo de vida y la inflación han presionado a los hogares, especialmente a los de menores ingresos.
El reajuste incluye también una actualización de los montos del Subsidio Familiar, la Asignación Familiar y la Asignación Maternal, buscando ampliar el impacto social de la medida. Además, contempla un paquete de medidas de apoyo a las micro, pequeñas y medianas empresas (MiPymes) para facilitar la implementación del nuevo piso salarial, considerando su peso en la generación de empleo en el país.
El nuevo esquema de aumento se aplicará de manera gradual. En la primera etapa, vigente desde mayo de 2025, el sueldo mínimo pasará de $510.636 a $529.000 para trabajadores y trabajadoras de entre 18 y 65 años. Posteriormente, a partir de enero de 2026, se completará la segunda fase con un incremento adicional que situará el ingreso mínimo en $539.000.
El acuerdo alcanzado entre el gobierno y la CUT marca un avance en materia de diálogo social y concertación entre el Estado y las organizaciones de trabajadores. Desde el Ejecutivo se ha destacado que el proceso de negociación permitió compatibilizar los objetivos de justicia salarial con la necesidad de mantener la sostenibilidad económica de las empresas, en particular de las MiPymes.
Un avance histórico en el salario mínimo
El aumento aprobado por el Congreso representa un hito en la evolución del ingreso mínimo en Chile. En 2022, al inicio del actual gobierno, el sueldo mínimo era de $350.000. En 2024, tras sucesivos reajustes, alcanzó los $500.000 y posteriormente $510.636. Con la nueva ley, el monto se elevará a $539.000 en enero de 2026, lo que implica un incremento acumulado superior al 50% en apenas cuatro años.
Este ritmo de crecimiento no tiene precedentes recientes en la historia laboral del país y refuerza la apuesta gubernamental por elevar los estándares salariales en línea con los objetivos de reducción de la desigualdad y fortalecimiento del trabajo decente. La política pública también busca cerrar brechas de ingreso entre hombres y mujeres, y entre distintos sectores productivos, promoviendo un estándar mínimo más equitativo.
En términos macroeconómicos, el alza del sueldo mínimo podría generar un impulso en la demanda interna, al aumentar la capacidad de consumo de los hogares de menores ingresos, quienes destinan la mayor parte de sus ingresos a bienes y servicios locales. Sin embargo, también plantea desafíos en materia de productividad y gestión laboral, particularmente para las MiPymes, que deberán adaptarse a los nuevos niveles salariales sin afectar su viabilidad financiera.
Impacto social y perspectivas
El impacto social del nuevo sueldo mínimo será amplio. Se estima que alrededor de 950 mil trabajadores y trabajadoras se verán beneficiados directamente por la medida. Además, los ajustes en subsidios familiares permitirán ampliar el alcance de los beneficios a grupos que dependen de ingresos informales o del trabajo independiente.
El aumento refuerza, a su vez, la importancia del diálogo tripartito entre gobierno, trabajadores y empleadores como vía para avanzar en políticas laborales sostenibles. El acuerdo con la CUT y la aprobación legislativa reflejan un consenso sobre la necesidad de proteger el poder adquisitivo y mejorar las condiciones de vida de la población asalariada.
En el mediano plazo, el desafío será mantener la capacidad del Estado para equilibrar los objetivos de protección social con el fomento de la competitividad empresarial. Las medidas de apoyo a las MiPymes serán clave para evitar efectos negativos sobre el empleo formal y la estabilidad económica de los sectores productivos más pequeños.
Con este reajuste, Chile da un paso significativo hacia la consolidación de un salario mínimo que busca ser más justo, acorde al costo de vida y representativo del aporte de las y los trabajadores al desarrollo del país.
