Una reforma estructural del trabajo fue presentada por el presidente de Argentina, Javier Milei, bajo el nombre “Ley de bases y puntos de partida para la libertad de los argentinos”, y comenzará a ser debatida en el Congreso a partir del 7 de noviembre de 2025. Según informó el medio BioBioChile, la propuesta incluye medidas que apuntan a flexibilizar la normativa laboral vigente, como la posibilidad de ampliar la jornada a 12 horas diarias, la eliminación de sanciones penales para empleadores que no registren a sus trabajadores, y un nuevo criterio salarial que se base en la productividad.
La iniciativa responde a una visión del mundo del trabajo donde el rol del Estado se minimiza, y se privilegia la libertad de contratación como base del vínculo laboral. El gobierno de Milei ha justificado el proyecto como una herramienta necesaria para fomentar la generación de empleo formal y reducir los niveles de informalidad. La propuesta también incluye el reemplazo de las indemnizaciones por despido por un sistema de seguros de desempleo que quedaría sujeto a acuerdos entre empleadores y trabajadores.
Desde esta perspectiva, el vínculo laboral deja de estar mediado por un sistema de protecciones legales estandarizadas y se orienta a una lógica de eficiencia y adaptabilidad. El salario, en este nuevo esquema, ya no dependería exclusivamente de los convenios colectivos o del salario mínimo, sino que se ajustaría según el rendimiento de cada trabajador, con parámetros definidos por el empleador. Este enfoque introduce una transformación profunda en la forma en que se estructura la compensación laboral, ubicando la productividad como núcleo de la relación.
Además, la propuesta incluye la posibilidad de extender la jornada laboral hasta 12 horas diarias, superando el límite de 8 horas establecido históricamente en la legislación argentina. Esta medida busca aumentar la flexibilidad del mercado, pero también abre interrogantes sobre las condiciones de salud, bienestar y conciliación vida-trabajo que pueden derivarse de jornadas tan extensas.
En términos legales, el proyecto elimina las sanciones penales a quienes mantengan trabajadores no registrados, una práctica común en sectores precarizados. En lugar de castigos judiciales, se propone un régimen de regularización voluntaria con incentivos económicos para las empresas. Esta medida forma parte del paquete de desregulación que, desde la óptica del gobierno, busca dinamizar el empleo reduciendo “trabas burocráticas”.
En línea con la eliminación de la indemnización obligatoria por despido, la iniciativa propone que empleadores y trabajadores puedan acordar la implementación de un sistema de seguros de desempleo, que actuaría como una especie de fondo compensatorio individual. Este sistema, de aplicación optativa, traslada parte del riesgo desde la empresa al trabajador, bajo la premisa de fomentar la movilidad laboral y reducir los costos del despido.
La propuesta de reforma forma parte del paquete de leyes que el Ejecutivo intenta aprobar bajo el mecanismo de sesiones extraordinarias, con el fin de implementar sus políticas estructurales antes del cierre del año legislativo. En este contexto, la reforma laboral aparece como una pieza central de la visión económica de Milei, que privilegia el ajuste fiscal, la liberalización de mercados y la reducción del aparato estatal.
Sin embargo, la iniciativa ha despertado una fuerte reacción de parte de los sindicatos y partidos opositores. Desde sectores gremiales se ha calificado la reforma como un intento de “borrar más de 70 años de derechos laborales” y se han convocado movilizaciones en rechazo. El Frente de Todos, espacio opositor mayoritario en ambas cámaras, también ha anticipado su rechazo, argumentando que el proyecto vulnera principios básicos de protección al trabajador consagrados en la Constitución y convenios internacionales.
Para los sectores empresariales afines al oficialismo, en cambio, la reforma representa una oportunidad para modernizar las relaciones laborales, reducir la litigiosidad y mejorar la competitividad. Esta visión empresarial del trabajo se alinea con las ideas de libertad contractual, productividad como base del salario y reducción de cargas laborales que el presidente Milei ha sostenido desde su campaña.
La discusión parlamentaria que comienza en noviembre definirá si esta nueva mirada sobre el trabajo se transforma en política de Estado o queda detenida por la resistencia social y política. Mientras tanto, el debate de fondo parece estar centrado en el tipo de vínculo que la sociedad argentina desea establecer entre capital y trabajo: uno regido por la lógica de mercado, o uno anclado en la protección de derechos colectivos.
