¡A buena hora! Avanza proyecto que modifica sistema de gratificaciones para las y los trabajadores

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Las utilidades y excedentes serán repartidos en porcentajes según la facturación anual de las empresas.

A través de oficio se envió al Senado el proyecto que modifica el sistema de gratificación actual de los trabajadores, aumentando los porcentajes de reparto de las utilidades según el tamaño de la empresa.

La iniciativa fue presentada por el diputado Tucapel Jiménez y propone que los establecimientos mineros, industriales comerciales o agrícolas, empresa y cualesquiera otros que persigan fines de lucro, y las cooperativas que estén obligados a llevar libros de contabilidad y que obtengan utilidades o excedentes líquidos en sus giros, tendrán la obligación de gratificar anualmente a sus trabajadores. Esto se calculará según el tamaño de las empresas.

De esta forma, las compañías que tengan una facturación anual de 2400 UF deberán repartir el 8% de sus utilidades o excedentes entre los trabajadores, aquellas que igualen o superan la facturación de 25 mil UF será del 10% y por último las empresas que facturen anualmente por sobre las 100 mil UF, repartirán un 15%.

En relación a la utilidad líquida a repartir, el proyecto señala que se dividirá por partes iguales entre la totalidad de los trabajadores con derecho a ella, con un máximo por trabajador equivalente a la suma de veinte ingresos mínimos mensuales. Asimismo, especifica que esta obligación no incluye a quienes tengan facultades generales de administración, tales como gerentes o subgerentes.

Las empresas con menos de dos años de operaciones registradas en el servicio de impuestos internos sólo estarán obligadas al pago señalado en el artículo 50 del código del trabajo, es decir, mantendrán la opción de gratificar por el 25% de las remuneraciones del año del trabajador percibidas, con un tope de 6 ingresos mínimos.

Asimismo, las empresas cuya facturación sea inferior a las 2400 UF anuales, entenderán cumplida la obligación de pagar las gratificaciones.

El documento señala que el consejo superior laboral deberá emitir al segundo año de vigencia de la ley un informe sobre la evolución de su cumplimiento, su impacto sectorial y regional, así como recomendaciones que sean pertinentes de hacer al ministerio del Trabajo y previsión social para mantener vigente o modificar una o más de sus normas y otras medidas administrativas que sean conducentes a mejorar el cumplimiento de su contenido.

La presente ley comenzará a regir el primer día del año subsiguiente a la publicación en el diario oficial y para aquellos trabajadores cuyo contrato de trabajo o instrumento colectivo estableciere el pago de una gratificación convencional superior, esta regirá hasta el término del contrato, salvo acuerdo en contrario de las partes.

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